Políticas

14/10/2004|872

“La gran kirchner”

En su momento, los canales de te­levisión difundieron, por enési­ma vez, la imagen de un Kirchner de barricada, despotricando contra el FMI, desde el augusto’ escena­rio de la Asamblea General de la ONU. De este modo, se privaron de mostrar un acontecimiento mucho más fundamental que, en ese mismo momento, tenía lugar “a la sombra” de ella. Así es como calificó el periodista de Clarín (10/10) a “un diá­logo largo entre Kirchner y el titular del Citicorp, William Rhodes, que se hizo en Nueva York” en aquella ocasión. Esa “reu­nión”, prosigue el informante, “permitió desplazar el último obstáculo en las con­versaciones con las AFJP”.


Es decir que, como ocurrió bajo Alfonsín, Menem y De la Rúa, y antes de ellos Videla y compañía, el pulpo Citibank acabó dictando los términos de lo que, en definitiva, es la renegociación de los 100.000 millones de dólares de deuda impaga. Que Kirchner se entre­vere cada tanto con el FMI carece en­tonces de toda importancia. Como ya lo había explicado el propio Rhodes hace muy poco (Financial Times, 24/7/4), lo que evitó la bancarrota de Brasil en el 2003 no fue el acuerdo que Lula firmó con el FMI sino el que suscribió con el Citibank (lo que mantuvo los créditos del comercio exterior de Brasil).


El llamado acuerdo con las AFJP es, antes que nada, un acuerdo con los bancos inter­nacionales. Siembra es del Citi, Orígenes del Santander, Consolidar del BBVA, y así con los demás fondos. Alegando que se tra­ta de proteger los ‘ahorros’ de los aportistas, ese acuerdo prevé un canje de deuda impaga por deuda nueva con una quita del 30% sobre el valor original de la vieja.


El bono en pesos que se ofrece a cam­bio del viejo se ajusta a 1,40 peso por dó­lar más CER, es decir, más inflación, des­de enero del 2002. Este ajuste coloca la tasa de cambio entre peso y dólar a 2,10 pesos por dólar, o sea una quita del 30%. Según Clarín (6/10), la oferta representa una mejora del 33% sobre la que había si­do realizada con anterioridad. ¡Cómo rin­de una ‘conversación’, secreta, claro, con mister Rhodes! La plata en juego es de unos 14.000 millones de dólares.


Pero como lo explica bien otra periodista del mismo diario (10/10), un bono ajusta­do por inflación que agrega un premio del 40% (el 1,40 sobre cada peso-dólar de di­ciembre del 2001) resulta un negocio for­midable, incluso si se trata de pesos y no de dólares. Después de todo, los restan­tes precios de la economía se encuentran pesificados. Ningún sector de trabajadores ni los jubilados del sistema estatal han recibido una prima que siquiera se acerque a la de las AFJPs.


Como quiera que la perspectiva sería que el peso se aprecie en relación al dó­lar, el ajuste por CER deberá incremen­tar el valor en dólares de los bonos. A me­diano plazo, entonces, la quita desapare­ce. La tasa de interés para estos bonos yada en el 6% anual, o sea un 50% por encima de la que rige en Nueva York y un 70% por arriba de la de Londres. Pre­cisamente porque se estima que se revalorizarán en dólares, una cláusula del acuerdo prevé que la tasa de interés esté relacionada con la variación del valor de los títulos en dólares.


Este acuerdo que reconoce a los títulos en poder de las AFJPs un 1,40 peso por dó­lar más la inflación, se extiende a otro tí­tulo, también en manos de las mismas compañías, las llamadas Letes, por cerca de tres mil millones de dólares, pero con la ventaja enorme de que se amortiza en un plazo considerablemente menor (diez años). Gracias a esto, el bono de reempla­zo (boden en pesos), cotiza hoy al 70%. Es­ta nueva concesión reduce aún más la qui­ta del 30%


La mejora extraordinaria que reciben las AFJPs irá para sus dueños, no para los aportistas del sistema, esto por la simple razón de que el promedio de ellos se jubi­lará dentro de 28 años. Para entonces los aportes valdrán probablemente mucho menos que ahora, habrán desaparecido o, simplemente, las AFJPs no existirán de­bido a la quiebra del sistema. Por lo tan­to el acuerdo con las AFJP representa, por un lado, un rescate del sistema de jubila­ción privada que había quebrado y, por otro lado, una suba extraordinaria en los términos de la oferta para toda la deuda externa por 100.000 millones de dólares que se haya en defol.


Los mismos bancos que negociaron por las AFJPs están ahora reclamando que sean aplicados los mismos términos a los bonos y Letes en poder de los ban­cos, los fondos de inversión y las compa­ñías de seguro. El gobierno ha acumula­do en diversas cuentas bancarias 27.000 millones de pesos para ‘endulzar’ la ofer­ta ‘final’ a los usureros que residen afue­ra, al FMI y al Banco Mundial. También ha ofrecido un “bono atado al crecimien­to” que mejora en forma extraordinaria la oferta de repago de la deuda en defol.


El rescate de las AFJPs, por parte del Es­tado, será pagado por el conjunto de los contribuyentes. Es decir que estamos ante una confiscación -no sólo, ni principalmen­te, de los aportistas que se dicen perjudicados, sino del conjunto de los trabajado­res. Los capitalistas, en cambio, además de recibir exenciones de impuestos por 13.000 millones de pesos (presupuesto 2005), en general transfieren la mayor parte de la carga directa a los consumidores.


La confiscación afecta al conjunto de los futuros jubilados, esto de diversas mane­ras. Primero, a los propios aportistas, por­que el sistema significa de por sí una ex­propiación de los aportes, del orden del 35%, como consecuencia de las comisiones que cobran los fondos de pensiones. Asistimos al salvataje de un negociado. Se­gundo, porque sólo cuatro millones de personas aportan a las AFJPs, sobre las 14 millones de personas en condiciones la­borales; la evasión de aportes de las pa­tronales, otra expropiación, afecta a cua­tro millones de trabadores.


El gobierno ha establecido que los nuevos títulos se coticen al valor que serán emi­tidos y no a los del mercado, lo que evita la desvalorización del fondo acumulado por los aportistas. Pero para sustentar más tarde esta ficción contable, se nece­sitará dinero real. Para pagar las jubila­ciones próximas, los fondos de pensión utilizarán los intereses que les pague el Estado por los títulos públicos, pero, por sobre todo, los aportes de aquellos que se­guirán en actividad. Se crean así las con­diciones de una confiscación potencial, la de los que continúan aportando, pues la cotización de los fondos acumulados será inferior, en términos de mercado, a la de la ficticia cotización de libros. La coinci­dencia entre un valor y otro dependerá de una solvencia fiscal continua durante más de medio siglo, con lo que esto signi­fica de transferencia de recursos desde la salud, la educación y los salarios. Es cla­ro que “la gran Kirchner” cierra solamen­te con la privatización en gran escala de los servicios públicos. Los bancos que sa­quearon el país no ponen un peso -todo el rescate de este negocio lo pagan los con­tribuyentes al fisco y los aportistas del sistema. La “gran Kirchner” consiste en un engaño a diestra y siniestra (en espe­cial a siniestra) con el cuento de la protec­ción de los aportantes.


El ‘apuro’ del gobierno para ‘arreglar’ con los banqueros dedicados al negocio de la previsión social, está motivado por la ne­cesidad de financiar, en el 2005, los ven­cimientos de deuda pública. Se trata de los pagos al FMI y al Banco Mundial y de una parte sustancial, por lo menos, de la deuda pública contraída luego de 2001, con los mismos bancos, para salvarlos del colapso, que costó hasta ahora unos trein­ta mil millones de dólares. Para eso volverá a colocar títulos el año que viene… ¿dónde? En las AFJPs. Hay que agregar los vencimientos que se producirán de deuda privada que fue refinanciada, pues las compañías también recurrirán a los fondos de pensiones.


Para esto, Kirchner eliminó el porcen­taje tope de inversiones que los fondos de pensión podrán colocar en títulos del Es­tado. Los aportistas volverán a financiar al Estado, ahora para pagar la deuda pú­blica en poder de los bancos, que vence en los próximos años. Argentina, a su vez, vuelve a endeudarse, y de nuevo a costa de la previsión social.


Las AFJPs no quebraron porque el Esta­do haya violado los contratos o por la fal­ta de seguridad jurídica. Así lo demues­tra el derrumbe de los valores de todas las inversiones de las AFJPs, sea en deuda pública, en la Bolsa e incluso en el exte­rior (la cotización de valores tecnológicos, en Nueva York, cayó desde el 2000 un 70%).


La quiebra argentina fue la expresión más catastrófica de una bancarrota capi­talista general. Los fondos privados de pensión están en bancarrota en todo el mundo.


La previsión privada argentina no garan­tiza una jubilación determinada al cabo de los años de aporte correspondientes. Por eso, una bancarrota del sistema se ajusta siempre con la caída del monto jubilatorio. Se calcula que con la cotización contable de la nueva deuda que se va a canjear, mantenida a su valor nominal, los aportistas se podrán jubilar, en los próximos diez años, por el 55% del valor de sus salarios. Sin esa medida, los futu­ros jubilados no podrán llegar a más del 30-35%. El sistema ha colapsado. El go­bierno nacional y popular de Kirchner, Bonasso, Tumini y D’Elía ha entregado casi 20.000 millones de pesos de recursos fiscales para rescatar un negociado capi­talista que está muerto.


A los muertos sólo les cabe el entierro -ni siquiera se les puede cobrar por el daño que han causado en vida.


La sepultura que cabe en este caso es la siguiente:


Nacionalización, sin indemnización, de bancos, compañías de seguro, ARTs y AFJPs.


Jubilación universal del 82% del sala­rio final y equivalente al salario mínimo para los que se encuentren desocupados.


Financiación del sistema a prorrata de la clase capitalista.


Repudio de la deuda externa, reitera­damente cancelada.