La “guerra” entre aparatos policiales pone en jaque el juicio Amia
Se derrumba la pantomima democratizante de MR. K
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La crisis abierta en el “juicio de la década” ha puesto de relieve, una vez más, lo que esconde la llamada “crisis de la seguridad”: la descomposición capitalista y el derrumbe de sus “pilares” institucionales –los aparatos represivos y judiciales–. Dos de los fiscales que llevaron la instrucción desde el principio, Eamón Mullen y José Barbaccia, fueron apartados de la causa por el tribunal oral, por una supuesta complicidad con la SIDE. Ahora el juicio, que lleva ya más de dos años, “podría suspenderse” definitivamente (La Nación, 15/4).
Las defensas de los principales acusados, el “armador” de la Traffic, Telleldín, y los “bonaerenses” que éste había implicado, enfrentados abiertamente hasta ayer, salieron a festejar de conjunto la medida del tribunal. Este la sustentó en algo que se conoce mucho antes de abrirse el juicio: el soborno de 400 mil dólares recibido por Telleldín de la SIDE, que vehiculizaron aquellos fiscales para hacer saltar la “conexión local” “bonaerense”, salvando la de los “federales” y la de la propia Side, en medio de la “guerra” entre las maffias duhaldistas y menemistas, tras el crimen de Cabezas. Ahora a todos ellos se les abriría la posibilidad de quedar en libertad.
La sensación de indefensión e impunidad que se produjo entre los familiares de las víctimas del atentado criminal de la Amia, ilusionados de algún modo por este juicio fraudulento, llevó inmediatamente a muchos de ellos a plantear la recusación de los jueces y el abandono del juicio. Si esto no ocurrió, se debe a que la Daia-Amia habría quedado completamente al desnudo por su política colaboracionista de esta parodia de investigación, que primero se cobró la cabeza del juez Galeano y ahora amenaza terminar directamente en un bochorno. Por eso los dirigentes de la “comunidad” judeo-sionista salieron a “salvar” como sea el juicio.
Moribundo el juicio desde hace rato, Kirchner se vio obligado a intentar remozarlo con una serie de medidas, en lo fundamental más encubridoras e incluso represivas. Así lo denunciaba la “Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia” (Apemia) antes de esta nueva crisis: la Justicia “trabaja coordinadamente con ministros (Beliz y Bielsa) en el intento de transformar en ‘transnacional’ el ataque a la Amia, desvinculando al Estado argentino de su propia responsabilidad terrorista y del encubrimiento del mismo”. Apemia denunció incluso que “se trata de incorporar a las Fuerzas Armadas a las tareas de inteligencia en materia de seguridad interior y control sobre los ciudadanos, todo ello con el pretexto de ‘la causa Amia’” (Boletín N° 3, marzo/2004).
Por esta vía, no sólo se pavimenta el camino de los verdaderos terroristas que anidan en los aparatos estatales, sino una guerra que no hace más que intensificarse día a día. La “vergüenza nacional” de la que se pavoneó Kirchner para granjearse la simpatía de los familiares de las víctimas del atentado, un año atrás, terminará por cargárselo también a él. Como lo plantea la resolución adoptada por la última ANT, “en el tema Amia, el gobierno agotó todos sus recursos en muy poco tiempo. Los familiares de las víctimas del gatillo fácil, de los desaparecidos, de la violencia institucional, pueden ver su propia imagen en el espejo de la Amia: el gobierno ha pulverizado toda ilusión de justicia”.
Apemia ha tenido un mérito por denunciar todo esto, pero sobre todo por desenmascarar a Memoria Activa, que saludó la medida del tribunal (¡!) y se ha colocado a la derecha incluso de Amia-Daia.