Una verdadera algarabía suscitó la aprobación, “por abrumadora mayoría”, dice Pagina 12 (5/8), de la incorporación de los Tratados internacionales a la Constitución. “El festejo se prolongó hasta la madrugada…” Es que había sido “la primera sesión que terminó a los abrazos entre peronistas, radicales y frentistas”. El pacto podrido entre Menem y Alfonsín había ganado un aliado más. Lo reconoció así Juan Pablo Cafiero ese mismo día: “Nosotros, la gente del Frente Grande, dijo, tenemos que reconocerlo… nobleza obliga: encaramos la Convención con muchas reservas, continuó en tono de autocrítica. Sin embargo, hoy debemos reconocer que para el Frente Grande, la Constituyente es una experiencia y ensayo político muy importante” (diario Rio Negro, 5/8).

Ciertamente, debió haber sido muy importante la experiencia de una Convención que pudo consagrar la reelección del privatista Menem y de su régimen de gobierno por decreto. En forma imperceptible y discreta, el Frente Grande ha logrado cambiar su camiseta antipactista y traicionar todos sus compromisos electorales, sin impedir que ello lo perjudique en las encuestas. Es un caso fascinante de marketing político, porque cuanto más traicionan, más suben en el rating; esto ya había ocurrido luego de que votaran la intervención de la gendarmería y Cavallo a Santiago del Estero.

El Frente Grande, a través precisamente de Juan Pablo Cafiero, tuvo a su cargo la presidencia de la Comisión que aprobó el despacho que incorpora los Tratados Internacionales a la Constitución, en especial, el de San José de Costa Rica. Gracias a esto, la prohibición del aborto adquirió un rango constitucional, tal como fue reconocido y saludado por el obispo auxiliar de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión episcopal de Fe y Cultura del Episcopado, Juan Carlos Maccarone (Pagina 12, 6/8). Pero el clero no solamente logró introducir este reclamo en la Carta, toda vez que el Tratado admite también el “derecho de los padres” a determinar la educación de sus hijos, lo que equivale al derecho a reclamar a que se imparta educación religiosa en las escuelas del estado, algo que ya fue impuesto en una mayoría de provincias y que ahora Duhalde quiere meter en la de Buenos Aires, en una alianza directa con Aldo Rico. Las previsiones que hicimos en la campaña del 10 de abril se han confirmado hasta el abuso, en particular en lo que se refiere a la reforma clerical y más en particular todavía en lo que se refiere a la condición clerical del Frente Grande.

Por alguna razón propia de la formación moral y política de los centroizquierdistas, estos argumentan que el Tratado consagra el derecho al aborto, al circunscribir su prohibición con el eufemismo “en general”. Gracias a esto, dicen, una mujer violada podría tener el derecho a abortar, pero también gracias a esto, ninguna mujer podrá nunca confesar francamente un aborto sin ir a parar a la cárcel y mucho menos solicitar una atención médica pública y gratuita cuando lo necesite. A Quarracino la incorporación del Tratado no le alcanzaba porque él pretende prohibir el aborto incluso en el caso de una violación. Pero fuera de la vía aplicada, no existía ninguna posibilidad de introducir la prohibición, esto porque lo vedaba la ley que declaró la reforma y porque el propio Episcopado había exigido, en su oportunidad, que no se tocara la parte “dogmática” de la Constitución. Con su política de lesa democracia y de atentado contra los derechos de la mujer, el Frente Grande se ha ganado el salvoconducto del clero para integrar un frente con Bordón y Storani. Lo curioso es que asi como a medida que traiciona el Frente Grande crece en popularidad en el mercado electoral, tambien a medida que se clericaliza va perdiendo a los pocos curas progresistas que había logrado agrupar. A la deserción del obispo De Nevares se acaba de sumar la del padre Eliseo Morales, que ha denunciado la “propuesta del Frente Grande (de) constituirse como un partido más del actual sistema”.

El Tratado de Costa Rica no solamente consagra los atropellos ya enumerados, sino que como corresponde a un documento elaborado por los gobiernos que integran la OEA, autoriza la represión contra las ofensas al “orden y la moral públicas” y condiciona los derechos de reunión y de asociación a las reglamentaciones de cada gobierno. Los diarios en general y Pagina 12 en particular, han mentido generosamente a este respecto, y han presentado a la Convención de Costa Rica como al equivalente mejorado de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Es necesario dejar en claro, con todo, que entre los tratados internacionales que se han incorporado no figuran los diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por la muy comprensible razón de que varios de ellos protegen al trabajador contra el abuso capitalista.

Si el Frente Grande cree que por esta vía tiene asegurado el éxito político, le advertimos que “tanto va el cántaro a la fuente….”