La Conferencia Episcopal Argentina acaba de dar a conocer que iría por la tan mentada reducción gradual del aporte financiero del Estado Nacional sobre la base de una campaña progresiva de autofinanciamiento. El anuncio encubre que, de realizarse, esto implicaría desafectar solo una ínfima parte de los cuantiosos beneficios que recibe la institución, por diversas vías, de parte del Estado. El monto en cuestión asciende a los $146 millones, según el presupuesto 2019, y se refiere solo a los fondos que destina en forma directa el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Culto, para cubrir los salarios de obispos y seminaristas de las 66 diócesis del país. La Iglesia había anunciado su intención de renunciar a estos fondos en 2018, a pesar de los reiterados anuncios han avanzado muy poco en estos últimos años y desde el Episcopado se valen de estos para ocultar la profundidad de los vínculos entre el Estado y la Iglesia.

La impostura se revela ante los hechos más recientes. En medio de la discusión respecto a las jubilaciones de privilegio no se escuchó ni una voz de del Episcopado que planteara la renuncia de los obispos y arzobispos a este régimen de excepción, manteniendo así sus exorbitantes ingresos a costa del Estado. La “solidaridad” no alcanza a la jerarquía eclesiástica.

Beneficios millonarios

La Iglesia Católica es acreedora de un sinfín de beneficios consagrados en gran parte de la legislación heredada de la última dictadura militar y en los propios fundamentos de la Constitución Argentina, lo que hace al planteo del Episcopado un anuncio cosmético para disimular el desprestigio de dicha institución.

Es que al margen de estos fondos directos, la institución es beneficiaria de exenciones impositivas de todo orden (impuesto a las ganancias, IVA, ABL, ingresos brutos, etc.). Se tratan de montos que alcanzan los cientos de millones de pesos al año si consideramos no solo los bienes inmuebles donde se desarrolla el culto religioso sino también el resto de las instituciones anexas (escuelas, universidades, asociaciones, fundaciones, etc.), y particularmente las empresas y negocios propiedad de la institución –los hay de todo tipo, como estacionamientos céntricos, clínicas privadas, hasta el Luna Park, entre otros. A esto además debemos sumarle los negocios con la cesión de terrenos fiscales y las concesiones gratuitas de tierras en distintos lugares del país. También los beneficios en materia de obras, como fue el caso de la restauración de la Catedral de La Plata para la cual la exgobernadora Maria Eugenia Vidal otorgó $55 millones del erario público.

Una vía enorme de financiación son los recursos que la institución capta para el sostenimiento de las escuelas privadas. La educación confesional se lleva una porción enorme los presupuestos educativos de todas las provincias.

Una “inmobiliaria” bendecida

Es muy difícil cuantificar lo que la Iglesia recibe de los fondos públicos nacionales y provinciales, porque muchos de ellos están escondidos a través de supuestas donaciones. Esto sucede fundamentalmente con las propiedades que los Estados ceden al a Iglesia ya sea para templos o para emprendimientos comerciales.  ¿A cuánto ascienden las propiedades que en forma directa, a través de ONGs u otros mecanismos pertenecen a la Iglesia? Se necesitan  abrir los libros y registros para conocerlos.

Como para muestra vale un botón. Veamos el ejemplo de Caba, donde 17 propiedades otorgadas a perpetuidad al Arzobispado de la Ciudad suman 5,2 millones de dólares. Estas cesiones de propiedades (con sus correspondientes eximiciones impositivas) se repiten en todas las provincias.

Tomado todo de conjunto, los $146 millones resultan un vuelto para la Iglesia, y aun así siguen haciendo anuncios acerca de una política que nunca se termina de concretar.

Separación de la Iglesia y el Estado

Una encuesta ordenada por la Iglesia arroja una radiografía del alto desprestigio de la institución, incluso entre los propios creyentes. Entre quienes se reconocen católicos (67%), menos de la mitad dijeron que donarían dinero para mantener la institución; el 25 por ciento de ellos explica su negativa debido a la desconfianza (Página/12, 4/3). De esto se desprende que la iniciativa de la Iglesia busca captar fondos a través de sus fundaciones e instituciones anexas (Cáritas, colegios y universidades), y no sobre la base de refrendar la orientación reaccionaria que la caracteriza.

El deterioro de la Iglesia Católica es en gran medida resultado de todo un legado de oposición a las principales luchas por la conquistas de los derechos más elementales de las masas. Su cuestionamiento en los últimos años ha crecido al calor del impulso gigante de la Marea Verde. La separación de la Iglesia del Estado plantea derribar el andamiaje de negocios y vínculos profundos que unen a ambos. Los próximos 8 y 9 de marzo serán testigos de un movimiento masivo que reclama entre sus principales consignas la derogación de este régimen de privilegios y excepciones y la separación definitiva de la Iglesia y el Estado.