La vida de todo el mundo pen­de de un hilo, hasta la de Le­ón Arslanián.

La maña de la Bonaerense ase­sina pibes en el Conurbano, aplas­ta chicos con la basura del Ceamse, trafica drogas, organiza la prostitución y el juego clandestino, controla los desarmaderos de au­tos robados y hasta manda matar a tiros a sus propios oficiales cuan­do husmean donde no deben, como sucedió, hace diez años, con el sub- comisario Jorge Gutiérrez, a quien se le ocurrió investigar por su cuenta maniobras de la aduana paralela.

Ahora se ha denunciado una conspiración, dirigida por el ex jefe de la Departamental de San Isidro, co­misario mayor Rubén Cabrera, para asesinar a Arslanián, al viceministro de Seguridad, Martín Arias Duval, y a Femando Maroto, camarista de San Isidro. Junto con Cabrera, otros 35 oficiales de esa Departamental fueron separados de la fuerza, sospe­chados de complicidad en secuestros extorsivos, tráfico de drogas y explo­tación de prostitutas.

En cuanto al complot, estaba conducido, además de Cabrera, por los comisarios Reinaldo Kemerer, Miguel Provenzano y Fernando Lentini; los oficiales inspectores Jo­sé Marinelli, Daniel Deruchi y Cris­tian Valler, y dos delincuentes co­munes muy conocidos en la zona, de apellidos Ojeda y Villalba. Con ellos, ya son 800 los policías separados de la fuerza desde marzo de este año.

Además, Maroto pidió que la Procuraduría General de la Supre­ma Corte provincial aparte de la causa al fiscal Martín Mateo, por­que, según ha dicho, cajoneó una denuncia contra Cabrera por falsi­ficar un procedimiento”. En ámbi­tos tribunalicios se sabe desde ha­ce mucho que Mateo trata a Ca­brera como a un amigo íntimo.

Tales denuncias no aportan nada demasiado nuevo. Por ejemplo, en el juicio por el secuestro y asesinato de Juan Manuel Canillas se confirmó que la banda estaba compuesta por varios policías, que fueron ascendi­dos a pesar de encontrarse sospe­chados en la causa. En ese momento se dieron varios nombres: el oficial inspector Cristian Lucero y dos cabos primeros, Carlos y Jorge Vila.

Con esta nueva purga, el gobier­no provincial intenta desarticular esa suerte de triángulo de las Bermudas que va de San Isidro a More­no, dedicado básicamente a los se­cuestros extorsivos. El funciona­miento de esa organización delictiva es más o menos sencillo: la Policía y las empresas de seguridad privadas —un verdadero ejército— desarro­llan la actividad de inteligencia para las operaciones de secuestros, ejecu­tadas por delincuentes comunes con la colaboración de policías, y las víc­timas son luego trasladadas a casas de seguridad en Moreno. Así funcio­nó todo, por ejemplo, en el caso del secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Cuando, como entonces, las co­sas salen mal, terminan presos algu­nos perejiles.

Hacia otro fracaso

Por este camino, Arslanián marcha hacia su segundo fracaso. El abo­gado defensor del gran vaciador del Pami, Víctor Alderete, intentó an­tes, como luego su sucesor, el caído Juan Pablo Cañero, reorganizar la Bonaerense sobre la base de un grupo de comisarios leales. En su intento anterior creó las departa­mentales en cuatro grandes distri­tos, y un mes después dos de los cuatro jefes estaban presos: el de San Martín por pirata del asfalto y el de Morón por encubridor del ase­sinato de un adolescente. Entre­tanto, los policías desplazados, co­mo en el pasado hicieron los “sin gorra", muestran que pueden or­ganizar el delito aun afuera de la fuerza, con la complicidad abierta de los de adentro: por ejemplo, el martes 28, el mismo día en que Arslanián anunció la nueva purga y el plan para asesinarlo, fueron secuestradas en la zona norte del Gran Buenos Aires Patricia Nine y ííáura Izaguirre, con ese profesio­nalismo delictivo de indudable se­llo policial.

A todo esto, un fiscal de La Pla­ta, Marcelo Romero, rechazaba las denuncias del propio Arslanián porque tenían origen en una de­nuncia anónima, mientras el jefe de la Bonaerense, comisario gene­ral Héctor Iglesia, calificaba de “in­fantil” la demanda judicial promo­vida por el ministro de Seguridad. La corporación mañosa de jefes po­liciales, funcionarios judiciales, in­tendentes y punteros políticos de todo pelaje funciona a pleno.

Entretanto, Kirchner pidió “una actitud más activa” a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito, especialmente en el Conurbano bonaerense. El Pre­sidente formuló su exhortación en una reunión con el secretario de Seguridad, Alberto Iribame, y los jefes de la Policía Federal, Néstor Valleca, de Gendarmería, Eduar­do González, y de Prefectura, Car­los Fernández. Esto es: no había allí representante alguno de la Bonaerense.

En definitiva, alrededor del problema policial hay vanos otros que se concentran en uno: la cues­tión del delito forma parte del te­rreno de lucha entre diversos sec­tores políticos de la burguesía, de la crisis burguesa. Esa lucha y esa crisis tienen una víctima principal: la población inerme frente a las ma­fias. ¡Y después tienen el caradurismo de hablar de la supuesta vio­lencia piquetera!

La corrupción policial se les ha ido de madre, el poder político no consigue controlar a sus pro­pios organismos de represión y eso es intolerable para cualquier Estado. Pero este mismo Estado está corrompido hasta la médula, es un cadáver en putrefacción y la salud pública exige que se lo se­pulte cuanto antes.

Es preciso tomar el problema de la seguridad en nuestras propias manos o sencillamente se nos hará imposible vivir. Y en la experiencia reciente de lucha, en las organiza­ciones que el pueblo argentino su­po crear está el principio de solu­ción: las Asambleas Populares ne­cesitan meter mano en el asunto, intervenir por sí mismas las comi­sarías y organizar la lucha contra el delito organizado por las mafias estatales. De lo contrario, la podre­dumbre nos tapará.