Desde la reapertura generalizada de las causas a los represores en 2003, luego de que el Congreso anulara las leyes de impunidad, se realizaron sólo cinco juicios en los cuatro años siguientes, siendo la condena a Miguel Etchecolatz y Julio Simón, en 2006, la más emblemática.

En 2008, el número de condenados subió a 36, siendo 533 los procesados. Si se considera que en el país funcionaron más de 400 centros clandestinos de detención, estadísticamente hablamos de un represor procesado por cada uno de esos centros de tortura y exterminio, o sea, menos de dos represores procesados por cada mil víctimas.

Un estudio del programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Cels asegura que el tiempo promedio que transcurre desde que se reciben una causa hasta que se inician las audiencias es de un año y medio. El caso extremo, con plazos que van de 24 a 36 meses, se da en Comodoro Py, donde en 2009 hubo un solo juicio por secuestros y torturas que concluyó, por si fuese poco, con tres absoluciones y condenas simbólicas a Jorge Olivera Róvere y Bernardo Menéndez, quienes quedaron en libertad.

La lista de condenados por crímenes de lesa humanidad desde la reapertura de los juicios asciende a 58, de los cuales 26 están en una cárcel, quince gozan de arresto domiciliario, diez están en la unidad de Campo de Mayo –donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular– y siete están en libertad, incluidos Olivera Róvere, Menéndez y los ex jefes de Mansión Seré (Página/12, 24/11/09).

El pasquín oficial Página/12 reconoció que, a pesar de que en 2009 se batió un record de juicios a represores (37 sentencias en 11 juicios, con 3,4 imputados de promedio), las posibilidades de juzgar a los responsables en vida son nulas. “Incluso si querellantes y fiscales renunciaran a investigar a los represores no identificados, juzgar al ritmo de 2009 a los 860 que ya están imputados demandaría 23 años” (Página/12, 27/12/09).

Es sumamente importante señalar que las responsabilidades civiles en los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura son una asignatura pendiente. Los funcionarios, jueces y empresarios que tuvieron participación activa en la represión se encuentran casi enteramente por fuera de las investigaciones. Según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “de los 374 detenidos en procesos por violaciones a los derechos humanos 190 pertenecen a las tres Fuerzas Armadas, 95 a la Policía Bonaerense, 18 a la Federal y sólo 28 son civiles, pero en su mayoría pertenecen a lo que se denomina “personal civil de inteligencia”.

La cantidad de represores prófugos –que incluye militares, policías y civiles– se mantiene estable en unos 40 casos desde hace cuatro años, imposibles de entender sin la complicidad del aparato represivo del “Estado democrático” actual.