Con el aumento del 5,4% en los precios durante octubre, divulgado ayer por el Indec, el acumulado para los diez meses de este año llega a casi el 40% (39,5%) y ya alcanzó a los mejores aumentos totales acordados en las revisiones paritarias. Aún en los escasos gremios que llegaron al 40%, todo lo que sumen los aumentos de precios de noviembre y diciembre –se estima que no menos del 6%- será una pérdida neta de poder adquisitivo de los salarios, producto de una inflación desbocada que se proyecta, para todo el 2018, como la mayor en casi 30 años.

Claro que el cuadro se agrava para la inmensa mayoría de los trabajadores privados y estatales que aún no han tenido reapertura de paritarias o que, una vez abierta, vieron a la burocracia firmar acuerdos que dejan los aumentos de salarios muy lejos de la inflación, ya que los incrementos rondan entre el 25 y el 30 por ciento, con una pérdida que rondaría, a fin de año, entre los 15 y los 20 puntos, debido a que la inflación proyectada no baja del 47/48 por ciento para todo el 2018. Entre ellos está la inmensa mayoría de los trabajadores estatales nacionales, provinciales y municipales de todo el país.

Es decir que, al llegar a diciembre, esta franja de trabajadores, producto de la mayor entregada de la burocracia sindical de todo pelaje durante el gobierno de Macri, habrá perdido el equivalente a alrededor de dos salarios. Es la confiscación salarial más grande en varias décadas.

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Además, los sectores de menores ingresos han sufrido de manera agravada el golpe inflacionario, porque el precio de los alimentos, a los cuales dedican una parte importante de sus ingresos, creció en los primeros diez meses de este año por encima de la inflación -un 43,7%- y el del transporte, que pesa en el presupuesto obrero, dio un salto de casi el 60 por ciento.

Es un enorme retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores que, además, están siendo golpeados por una ola de despidos y suspensiones que se acelera y las reducciones de salarios indirectos, entre otras cosas como resultado de la eliminación de las horas extras o la reducción de horas de trabajo.

Un despojo similar o mayor aún sufren los jubilados, ya que, frente al alza del 40% en la inflación de enero a octubre, han recibido aumentos en los haberes que llegan apenas a 19,2%, con lo cual la mínima de miseria actual está apenas por encima de los 8.600 pesos. Es decir que los jubilados ya están perdiendo en lo que va del año más de 20 puntos en su capacidad de compra, equivalente a casi dos meses de haberes. Según la defensoría de la Tercera Edad, cubrir una canasta básica de jubilado costaba, en agosto pasado, $21.127 mensuales.

En el caso de los jubilados, al igual que en el de los estatales provinciales y municipales, entre muchos otros, el gobierno dejó en claro que ni siquiera tiene previsto otorgar el bono con el cual la burocracia sindical cerró todo reclamo conjunto de reapertura de paritarias.

En una acentuada muestra de cinismo, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que "por ahora no está prevista una ayuda especial a los jubilados” porque “tienen un ajuste por inflación”. Y acotó: “el presupuesto no es infinito", cuando en el que acaba de aprobarse bajo las indicaciones del FMI, se destina el 20% de los egresos al pago de deuda con los acreedores internacionales.

La combinación del derrumbe del salario y de las jubilaciones ante la inflación galopante y de la andanada de despidos y suspensiones, plantean como una necesidad imperiosa un plan de lucha y la huelga general, para golpear de manera decisiva a un gobierno en crisis, que empuja a los trabajadores al hambre y la miseria.

El peronismo y todas las alas del sindicalismo –oficialista y opositor- están lanzados a garantizar la gobernabilidad y el ajuste, apuntando a la rueda electoral.

El clasismo y los demás sectores combativos tienen por delante la tarea de impulsar y organizar las luchas que pueden alterar el actual precario equilibrio.

Reapertura de paritarias. Aumento del 45% con cláusula de movilidad.

Aumento de emergencia a jubilaciones y planes sociales.

Por el 82% móvil. Jubilación mínima equivalente al costo de la canasta familiar.