La responsabilidad política criminal del Gobierno de la Ciudad no se puede ocultar más con conferencias de prensa. Esto lo han comprendido incluso los jefes políticos de los legisladores porteños y, por sobre todo, el gobierno nacional. Por eso han coincidido en montar una interpelación a Ibarra en la Legislatura, cuyo guión ya está escrito.

Ibarra, por su lado, insistirá en las “responsabilidades compartidas”, o sea repartidas, entre un poco el gobierno, otro poco los empresarios y un último ‘gran poco’ el público ‘pirotécnico’; la oposición tratará de sacarle una ‘autocrítica’ que el Intendente está deseoso de hacer si sirve para no ‘politizar’ la tragedia. La interpelación es un recurso final para evitar que la crisis política ponga fin al gobierno de Ibarra. Los dueños de la Ciudad quieren evitar que su caída haga saltar a la superficie el pavoroso estado social de la Ciudad y de la seguridad ciudadana en todos los planos de la vida cotidiana.

 

La interpelación no va a servir para hacer justicia, sino para adelantar los tiempos de las internas partidarias para pujar en las legislativas de fin de año. Los interpelantes no están interesados en llegar a la verdad sino en organizar una salida en orden, mientras en el camino buscarán lucrar con la desgracia del adversario político.