Una resolución judicial acaba de dar rienda suelta al aumento de la tarifa en el subte, que pasaría de $4,50 a $7,50 (un incremento del 67%). Marcelo Ramal, legislador del Partido Obrero-Frente de Izquierda, presentará el día lunes una apelación a la medida, por considerar que “la decisión de la justicia habilita un aumento completamente irregular e incluso fraudulento”.

La reciente resolución de la Cámara de Apelaciones anuló la medida cautelar que detuvo el aumento, aprobada en julio por la jueza Elena Liberatori y solicitada junto a diversos recursos de amparo (uno de ellos, presentado por Ramal y Gabriel Solano, dirigentes del PO, y Christian Paletti, delegado del subte).

 

Cuentas oscuras

Los críticos del aumento denuncian que la empresa Metrovías (del grupo Roggio) presentó costos inflados, atribuyéndose erogaciones que en realidad realiza la empresa estatal SBASE (tales como la amortización por la depreciación de los vagones). En el debate en la legislatura del día 27, Ramal señaló que “de esta manera, se llega a la grave situación de que los que viajamos en el subte, estamos pagando el tarifazo dos veces: una vez cuando pagamos el ABL (que en una proporción va a financiar las inversiones estructurales en el subte), y en segundo lugar con esta suba”.

También fue denunciada una marcada sobrefacturación de los gastos de mantenimiento por parte de Metrovías, con el agravante de que una de las empresas a cargo de la tarea pertenece también al grupo Roggio: “es decir que estamos ante la clásica maniobra de desvío de subsidios, que tantas veces vimos, por ejemplo, en el ferrocarril, con el grupo Cirigliano y compañía”.

Por último, existe una maniobra por parte de SBASE y Metrovías, que para el cálculo de las tarifas han utilizado datos caducos: toman el dato del 2014, 250 millones de pasajeros pagantes, cuando el mismo presidente del SBASE, Juan Pablo Piccardo, informó recientemente que en 2015 ese total alcanza los 272 millones (una diferencia de 22 millones).

La patente irregularidad en los cálculos, datos y mecanismos para establecer la “tarifa técnica” (la tarifa sin subsidios, sobre la cual se calculan los aumentos) pone de manifiesto un entramado corrupto que envuelve a las empresas y al Estado.

Por este motivo, el Partido Obrero ha insistido en su planteo de apertura de los libros y los costos de Metrovías.

 

Cómo fue la resolución

Los camaristas de Apelaciones votaron de manera dividida. Esteban Centanaro y Gabriela Seijas aprobaron la anulación con lacónicos textos, que no dan respuesta al grueso de los argumentos presentados contra el aumento.

Por su parte, el camarista Hugo Zuleta, que votó en disidencia, consideró que no correspondía la suspensión de la cautelar, al tiempo que retomó las críticas expuestas contra SBASE y Metrovías. En los fundamentos de su decisión aseveró que “En las circunstancias descriptas, debe primar el derecho de los usuarios a recibir información adecuada y veraz con relación a la fijación de las tarifas de servicios públicos”.

 

Grandes beneficios y déficit del servicio

La suba actual de la tarifa forma parte de un derrotero de aumentos en los últimos cuatro años. Durante ese período, el boleto del subterráneo escaló 581%, mientras que el índice de precios lo hizo en un 112%. Así y todo, se advierte que nuevos aumentos podrían llevar el costo del pasaje a 10 pesos para 2017 (Página 12, 27/10)

Metrovías sostiene que “los ingresos adicionales se destinarán a inversiones en la red”; sin embargo, “la semana pasada el ministro de Desarrollo Urbano, Franco Moccia, confirmó a los legisladores porteños que no se iniciarán las obras de la línea F, que originalmente debían comenzar este año” (ídem)

Mientras tanto, el servicio está plagado de deficiencias, que implican incluso riesgos físicos para pasajeros y trabajadores del subte. En los últimos seis años han fallecido cinco operarios por accidentes laborales

 

Perspectivas

Gabriel Solano caracterizó que con esta resolución “la Justicia le pavimenta al gobierno la ruta de los tarifazos”, y señaló que el aumento del pasaje suma una nueva carga a quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires, afectados por los fuertes incrementos del ABL, la luz y el gas.

La apelación que presentará el Partido Obrero se coloca así en el terreno de una lucha integral contra el ajuste del macrismo.