El decreto de necesidad y urgencia enviado por Ibarra a la Legislatura es una radiografía de su gobierno. Como denunció el sindicato de músicos, la larga lista de exigencias “técnicas” del decreto apunta a concentrar el negocio de la noche en un puñado de capitalistas del espectáculo.

 

Con todo, el decreto tiene otro propósito más pérfido. Ibarra quiere demostrar que Cromañón ocurrió, no por su asociación ilícita con los capitalistas de las “industrias culturales”, sino por la “falta de normas actualizadas”. El decreto le brinda un salvoconducto –administrativo y hasta judicial– a un gobierno culpable.

 

Sólo por este motivo correspondía que la Legislatura diera por tierra con el decreto. Esa determinación hubiera clarificado la crisis de poder en la Ciudad, colocando a la orden del día la renuncia de Ibarra.

 

La Legislatura, en cambio, volvió a salvar a Ibarra, consensuando un “cuarto intermedio” que dejó en pie al decreto en un momento en que “de haberse tratado en el recinto, hubiese sido rechazado inmediatamente” ( Página/12 , 18/2).

 

Pero los legisladores fueron más lejos, pues “se creó una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo para diseñar un nuevo texto que suplante al anterior, sea en forma de decreto o de proyecto de ley, apoyado por la mayoría de los diputados” (ídem). La mesa estará integrada “por el Partido de la Ciudad, el Frente Grande, los socialistas, el Frente para la Victoria, el ARI y los dos bloques macristas” ( Página/12, ídem). Ibarra logró mucho más que la simple aprobación de un “decreto de necesidad y urgencia”: en torno de la crucial cuestión de la seguridad, encolumnó al arco opositor que va de Macri a Carrió, pasando por el kirchnerismo. Uno de sus referentes, Milcíades Peña, no se equivocó al caracterizar a este pacto político al admitir que la “mesa de trabajo” es un pacto para garantizar la impunidad de Ibarra.

 

El pacto de encubrimiento tiene dos pilares: por una parte, sostener a Ibarra y los negocios inmobiliarios, turísticos y hoteleros –y sus subproductos ilegales–. Por la otra, el “consenso” seguirá el libreto que han escrito esos mismos intereses sociales capitalistas. Al criticar el decreto de Ibarra, el derechista Jorge Enríquez defendió a los “empresarios serios que no pueden trabajar” ( Noticias Urbanas ), al tiempo que defendía una ley de consenso que promueva “cambios racionales”, es decir, “racionales” para los empresarios.

 

Por otra parte, Ibarra está empleando todos los medios del Estado para impulsar un plebiscito fraudulento (además, inconstitucional). Por sus medios y sus fines, es una tentativa de levantar al “cadáver” a costa de los otros poderes del Estado, como la propia Legislatura. A ese gobierno, los bloques de Kirchner, Macri y Carrió le acaban de salvar el pellejo una vez más.