11/01/2001 | 694

La Legislatura aprobó la Ley de los Especuladores y Banqueros

Los planteos del Partido Obrero


El 28 de diciembre se aprobó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el proyecto de presupuesto para el 2001 presentado por Ibarra.


Teniendo en cuenta que la Alianza UCR-Frepaso ha perdido en las últimas elecciones la mayoría que tenía en la Legislatura, este proyecto «que Altamira caracterizó en el recinto no sólo como reaccionario y antiobrero, sino también como trucho» sólo pudo ser aprobado por el apoyo de otras bancadas: en primer lugar el Encuentro de la Ciudad de Cavallo y Beliz. Estos «cocinaron» todo previamente y vinieron a votarlo en bloque. Detrás del consenso entre la Alianza y el Encuentro se sumó el bloque de País, la Ucede, el menemismo y el diputado de Cartañá.


Altamira denunció la inviabilidad del presupuesto 2001, aun desde su dibujada (y mezquina) perspectiva de «equilibrio», si se tiene en cuenta el horizonte de derrumbe económico que se avizora tanto en el plano nacional como internacional. El presupuesto, dijo, «marca el paso en su lugar», proyectando sus ingresos en base a un incierto crecimiento del PBI del 3% en el 2001, que, aun si se cumpliera, no podría dar cuenta de un proceso de retroceso económico del 15% en tres años, con su secuela de 200.000 trabajadores desempleados en la ciudad.


Para Altamira, «la salida a una situación de incapacidad del capital para desarrollar la inversión y el empleo, agravada por la tendencia a la bancarrota industrial y financiera, exige que el poder público asuma la dirección del proceso económico. Para esto es necesario que la mayor parte del excedente pase a manos públicas, mediante una fuerte imposición sobre los mayores capitales y lucros. Esto blindaría, sí, a los ciudadanos argentinos de la crisis y de la cesación de pagos, porque habilitaría un desarrollo económico imposible en las actuales condiciones. Una política social y económica como la descripta plantea una enérgica movilización social y una intervención política de los trabajadores, lo cual nos remite a una cuestión de poder».


A partir de esta caracterización, plantea un conjunto de medidas fundamentales frente a la catastrófica situación de las masas de la ciudad: un salario mínimo de 600 pesos; el empadronamiento de los desocupados; un incremento radical de la inversión pública financiado con impuestos a los grandes capitales.


En nombre del PO, Altamira formuló un conjunto de planteamientos respecto de la salud y la educación públicas, la vivienda y la seguridad en la ciudad de Buenos Aires que iremos presentando en sucesivas ediciones de Prensa Obrera y en un folleto especial (que fue repartido en la propia sesión).


Como ningún otro debate antes, concluyó Altamira, el del presupuesto reveló la completa incapacidad de los bloques patronales para dar una salida progresiva a las aspiraciones populares. «Es una prueba – concluye el documento del PO – de la necesidad de que se convoque en el país y en cada provincia a una Asamblea Constituyente libre y soberana, que se haga cargo de la conducción del país».



Dos hechos reveladores precedieron al debate legislativo del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires: por una parte, los gremios que agrupan a los trabajadores de la Legislatura declararon un paro que amenazó con impedir la propia sesión, en reclamo de suplementos salariales que no estaban contemplados en el presupuesto. Al mismo tiempo, la prensa informaba que la consultora Standard & Poors había elevado la calificación crediticia de la Ciudad, en virtud, precisamente, del «carácter profundamente conservador del presupuesto 2001» (BAE, 21/12).


El presupuesto aprobado congela todo aumento salarial escalafonario y cualquier efectivización para los trabajadores públicos de la Ciudad. Se ajusta así al «pacto fiscal» suscripto en noviembre pasado entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional, que dispuso, entre otras medidas, el congelamiento del gasto salarial de las administraciones provinciales. Queda claro que la «Ley de Empleo Público» sólo traerá cesantías y flexibilidad y que la convocatoria a convenciones colectivas prevista por esa ley está vaciada, ya que excluye la posibilidad de aumentos no contemplados en el presupuesto.


El presupuesto prevé, incluso, posibles ahorros en personal, que serán destinados a crear «políticas de empleo», es decir, «planes Trabajar» de 160 pesos, tal como ya se está implementando en obras de mantenimiento o vivienda del gobierno de la Ciudad. Lo que significa el reemplazo del personal de planta por trabajadores transitorios, precarizados y con salarios de miseria.


Esta misma orientación reaccionaria está presente en todos los órdenes del presupuesto. En materia de salud, reduce la partida en un 4% respecto del 2000, cuando simultáneamente el número de consultas en los hospitales públicos porteños crece a razón de 200.000 por año y las enfermedades y epidemias registran un avance que es correlativo de la miseria social general.


En educación, el proyecto original había llegado a reducir en un 50% los recursos para infraestructura escolar. La movilización luego del derrumbe en el colegio Mariano Moreno obligó a anular este recorte. Pero con el mismo nivel de recursos del 2000, se enfrentará un panorama donde «el 90% de las escuelas de la ciudad necesitan ser intervenidas y sometidas a una revisión integral» (declaraciones del director de Infraestructura Escolar).


En vivienda, los recursos previstos apenas representan el 1% del presupuesto; la partida específicamente destinada a la «vivienda social» es insignificante: los recursos alcanzan para 500 viviendas por año, en una ciudad donde el déficit habitacional es de 140.000.


Es un presupuesto – como señaló Altamira en su intervención en la sesión – «estructurado sobre el congelamiento del gasto, del salario, de las designaciones y de todo el desarrollo social de la Ciudad».


La «inversión» presupuestaria


En su «saludo», Standard & Poors reconoce otro «mérito» del presupuesto desde el punto de vista de los banqueros: su capacidad de «adecuar los gastos de capital a los ingresos propios». Es decir que la llamada política de «inversión» en obras y servicios públicos se financiará con tarifazos. Este es el caso de la ampliación de la red de subtes, que viene acompañada de una política de reajuste tarifario periódico. En el documento redactado por el bloque del PO, se destaca que el «equilibrio» o «solvencia» fiscal al que adhiere el proyecto «esconde la intención de exaccionar al contribuyente o privar de servicios públicos al usuario, para producir un superávit destinado al pago de la deuda externa». En el caso de la Ciudad, este pago se expresa a través de la renuncia – convalidada por Ibarra en el reciente pacto fiscal – a la percepción de la coparticipación federal.


Mientras se programan obras en base a tarifazos, el presupuesto 2001 renuncia a cualquier acción impositiva enérgica sobre el gran capital, en el distrito donde se registra la mayor concentración de riqueza social del país y donde tienen residencia la totalidad de los monopolios beneficiarios del proceso de privatizaciones durante la última década, así como aquellos que lucran con la especulación inmobiliaria y la renta del suelo.


«Caja chica»


Lo que aprobó la Legislatura está lejos de ser el verdadero presupuesto del Estado de la Ciudad. Los 3.300 millones de dólares presupuestados constituyen, en verdad, su «caja chica». El presupuesto excluye, precisamente, a las entidades «autónomas» del estado porteño, como el Banco Ciudad, Autopistas Urbanas, la Corporación Puerto Madero y la Corporación del Sur, cuya política de reinversión de utilidades puede desarrollarse gracias a esa «autarquía», con completa independencia del presupuesto general y, particularmente, de las necesidades de la mayoría trabajadora de la ciudad. La Corporación Puerto Madero anunció que dirigirá sus beneficios acumulados al proyecto Retiro-Puerto, destinado a crear otra autopista con peaje, infraestructura portuaria para los monopolios del transporte y hoteles de lujo en la zona de Retiro. Por su parte, el Banco Ciudad es cautivo de una inversión en títulos públicos que acapara la tercera parte de los recusos del banco.


En segundo lugar, el presupuesto votado tiene el antecedente de las «subejecuciones» del presupuesto anterior, que llevó en algunas áreas (como obras públicas o infraestructura escolar) a no gastar el 40% de los recursos asignados. Este manejo discrecional del presupuesto permite justificar futuros recortes, con el argumento de que los «recursos no se gastan». En el presupuesto 2001, la manipulación del mismo fue explicitamente habilitada a través de una claúsula que faculta al jefe de Gobierno «a cambiar la distribución funcional e institucional del gasto».


«Llegado este punto – destaca el bloque del PO en su documento – el proyecto no pasa de un texto de ficción que tiene por única función otorgar un cheque en blanco al Ejecutivo para manejar la administración a su cargo».

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