No constituía un secreto para nadie que la aprobación legislativa de los decretos de Ibarra sobre la “seguridad en los boliches” obedecía a un pacto político de ibarristas, macristas y kirchneristas. La sanción de “nuevas normas” pretende también demostrar que Cromañón ocurrió por culpa de “reglamentaciones obsoletas”. A este propósito obedece, asimismo, la creación de una “Comisión Investigadora” de Cromañón en la Legislatura.

 

Lo que, en cambio, colma la capacidad de asombro es la ley correctiva del “decreto de necesidad y urgencia” original, cuyos términos fueron pactados entre Ibarra y los bloques de Macri, Kirchner y Duhalde. La “corrección” habilita a la apertura de locales con música en vivo (algo que se prohibía de plano en el decreto original), pero condicionada a un conjunto de normas de seguridad. Se plantea “la contratación de un servicio médico permanente de emergencias y de servicios de bomberos de guardia, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación”. En el caso de las emergencias médicas, se trata de la “contratación de un servicio de Área Protegida brindado por una empresa de auxilios médicos de emergencia con capacidad operativa para brindar un servicio de Grado 1” ( Noticias Urbanas , 23/2).

 

También “deberán adquirir un servicio de bomberos brindado preferentemente por profesionales o voluntarios en actividad o retirados en los últimos diez años o bien por personal técnico idóneo en la prevención y extinción de incendios perteneciente a empresas de seguridad privada” (ídem). No se equivocó el diputado macrista Mario Morando, al decir en la sesión que el decreto “más allá de emprolijar (sic) ciertos aspectos, privatiza el control de los aspectos de seguridad para incendios” ( Noticias , 25/2).

 

Se ha creado, así, un nuevo filón de negocios: los servicios privados de emergencias médicas y de incendios, cuyos beneficios saldrán del bolsillo de los espectadores, aunque probablemente, también, del Estado. Una diputada oficialista –Alicia Caruso– ya ha propuesto que el Banco Ciudad subsidie “a tasa cero” los recursos que se requieran para estas nuevas disposiciones de seguridad. Entretanto, la nueva ley mandará a la quiebra a boliches y teatros pequeños, que no podrán cumplir con las exigencias.

 

Los Ibarra, Macri, Kirchner o Duhalde se han lanzado ahora a la utilización económica y comercial de la masacre de Cromañón para sí mismos, es decir, para los intereses sociales que representan.