En la noche del viernes 28 de julio, la Legislatura saliente de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la reforma al Código de Planeamiento Urbano, es decir, del conjunto de normas de edificación que rigen en todo el territorio porteño. Su eje es la zona sur, a la que se califica como “área de desarrollo prioritario”.

¿Significa esto que se abre un plan de obras y viviendas para la población trabajadora de esta zona de la ciudad? Según Rubén Campos, presidente de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura saliente, “la nueva ley promoverá la formación de centros de relevancia en los barrios porteños”. De acuerdo al nuevo Código, en el sur “se podrán encarar, de ahora en más, emprendimientos comerciales mediante convenios urbanísticos mixtos entre el Gobierno de la Ciudad y empresas privadas para construir áreas de recreación, cines y teatros” (Página/12, 28/7). Se trata, en definitiva, de impulsar una onda inversora en shoppings y otros emprendimientos comerciales e inmobiliarios de alto lucro capitalista. Con ese propósito, se autorizan edificaciones de mayor altura en un conjunto de avenidas de la ciudad.

La habilitación de convenios especiales entre el Gobierno de la Ciudad y grupos capitalistas delata la intención de promover la especulación urbana y la ausencia de cualquier política de vivienda popular. Estos convenios podrán adquirir la condición “del denominado ‘Convenio Especial’, que sólo necesitará de la decisión del Ejecutivo” (La Nación, 28/7).

A su turno, y como parte de la sesión omnibus, la Legislatura habilitó, sin estudios ambientales ni audiencias públicas previas, los llamados emprendimientos de mediano impacto. Entre ellos, “la construcción de edificios, las ferias, centros deportivos y salas de juego” (La Nación, 27/7). El nuevo ordenamiento urbano, sancionado en forma conspirativa, será ejecutado sumariamente por el Ejecutivo de la Ciudad, al margen de cualquier consideración legislativa o popular ulterior.

Las áreas de Retiro

El nuevo Código identifica a más de 165 hectareas de terrenos de uso ferroviario –las más importantes son las de Retiro– como zona de “urbanización futura” sujeta a “desarrollos urbanos integrales” que “deberán preservarse en un 65% para espacios verdes”. Pero resulta que “casi la mitad de ese 65% corresponde a veredas y calles, y además el Ente de Administración de Bienes Ferroviarios se reserva extensas zonas comercializables en todas las ex playas ferroviarias” (Osvaldo Echevarría, de la Asociación de Amigos del Lago, en Clarín, 10/7). Queda sellado, de este modo, el destino de “la única reserva de espacios verdes que queda en la ciudad, y la única susceptible a ser destinada a aumentar las areas verdes de uso público, que la ciudad necesita con urgencia” (Javier García Elorrio, presidente de la Fundación Ciudad, La Nación, 10/5).

La resolución sobre Retiro coloca a más del 70% de esta vital superficie de la ciudad a disposición de los pulpos bancarios e inmobiliarios.

Una ciudad para banqueros y especuladores

El nuevo Código impulsa una oleada especulativa que conducirá naturalmente al encarecimiento del suelo para edificación, a la elevación de los impuestos inmobiliarios y, por lo tanto, a la expulsión de los trabajadores. Como el Banco de la Ciudad actuará como uno de los ejes financieros de este operativo especulativo, los ‘progresistas’ del Frepaso discuten la posibilidad de que lo presidan los agentes de fondos de inversión internacionales, como Redrado o González Fraga.

El Partido Obrero denuncia este nuevo engendro y llama al pueblo de la ciudad, y a sus organizaciones barriales y vecinales a luchar contra la privatización del suelo urbano por medio de una movilización política integral.