Posiblemente la aprobación de la Ley de emergencia laboral en Santa Fe dé lugar a la reproducción de este tipo de medidas en muchas provincias argentinas.

Detrás de la noticia que ocupa todos los diarios no hay nada que ya no se haya dicho en las esferas oficiales del kirchnnerismo sobre el tema de la crisis industrial. Es por eso que el PJ en Santa Fe apoyó “unánimemente” la iniciativa “socialista” de Binner.

La ley, que tiene una vigencia de 180 días, dispone que todas las empresas en “dificultades” apelen al Recurso Preventivo de Crisis, para que sea el Estado el que habilite a suspender o despedir a una parte porcentual de los trabajadores con el simple procedimiento de la indemnización correspondiente.

La ley, además, prevé que las empresas que despidan sin pasar por este procedimiento de crisis deberán pagar de multa el monto equivalente a las indemnizaciones por los despidos producidos.

Este curioso decreto ni siquiera cubre la aspiración de Moyano de reimplantar frente a los despidos la doble indemnización, pues en el caso de que las empresas apliquen el criterio de omitir el recurso de crisis, es el gobierno el que se quedaría con ese dinero en carácter de multa y no el verdadero afectado, el despedido.

La ley considera “muy grave” la conducta de los empresarios que despidan, y amenaza con retirarles los beneficios que le otorga actualmente la provincia. Este párrafo de la ley pone al descubierto el escándalo de subvenciones a las patronales en Santa Fe.

En Santa Fe hay en la actualidad 44 parques industriales “cerrados”, sin incluir los cordones de Villa Y San Lorenzo. Los parques cerrados son un paraíso de la flexibilidad laboral, con un 10% de afiliación a los gremios y, en la mayoría de los casos, con los convenios basura de empleados de comercio y la Uocra inducido por las propias patronales para abaratar costos. Los parques industriales tienen un 70% de trabajadores contratados.

Las patronales de los parques se rigen por la Ley 11525, impulsada por Reutemann y reglamentada por Obeid en 1999. Todo su articulado es de una subvención escandalosa. A modo de ejemplo sólo citamos su encabezado.

Artículo 1°.- Las industrias que se relocalicen en un Parque o Area Industrial reconocido a nivel provincial gozarán, en caso de solicitar su acogimiento al Régimen de Promoción Industrial dispuesto por la Ley Nro. 8478 y su reglamentación, de un período de exención impositiva de diez (10) años.

Igualmente, podrán acceder a la bonificación tarifaria que en materia de energía eléctrica tenga en vigencia la Empresa Provincial de la Energía -EPE- por el término que duren los beneficios.

Las patronales de los parques tienen todo gratis hasta hasta 2009. Además de exenciones al pago de impuestos a la tierra y las rebajas en la luz y el gas, reciben asistencia tecnológica gratuita del gobierno y créditos blandos. Nada se modificó de esos enormes beneficios durante el proceso de reactivación que tuvo la industria en Santa Fe en los últimos cinco años.

La ley no dice una palabra sobre los trabajadores contratados. Las aceiteras cuentan con más de 60% de personal contratado. Un 20% del personal total de todas las plantas del cordón son tercerizadas que a su vez tienen contratados. Al “soltarle la mano por 180 días, la ley “invita” a liquidar transitoriamente a todos ellos con el enorme beneficio de que se ahorran la indemnización , y no violan la llamada “emergencia laboral”.

Binner saca esta ley porque la clase obrera de la provincia se está poniendo de pie y puede haber una explosión social tras la lucha de los obreros de la General Motors que quieren de una vez por todas ocupar la planta y defender a efectivos y a contratados, y puede explotar también porque el Comité de crisis de Villa no va a funcionar y tendremos otra General Motors en Acindar. Y en las aceiteras de San Lorenzo.

• Frente a la brutal crisis que se avecina en la provincia necesitamos un programa que debe tener como ejemplo a los que están luchando. Los pescadores del Paraná, en decenas de cortes y luchas, obtuvieron una garantía horaria mientras dure la veda. Debe haber un seguro para todos los desocupados de 2000 pesos para todo aquel que se le cayó el contrato.

Necesitamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, pues no son los trabajadores los responsables de la crisis capitalista. Que la crisis paguen ellos.

No necesitamos esperar el “recurso de crisis”. Que se abran los libros de las empresas y se verá cómo se enriquecieron estos años. Ante cada fábrica que despida hay que reclamar su estatización y su puesta en marcha bajo control de los trabajadores.

Necesitamos más que nunca que los dirigentes sindicales de la CGT y la CTA pasen de las palabras a los hechos, y se ponga fecha a un paro activo provincial y a un plenario de delegados y activistas para que triunfe la lucha de los obreros de la General Motors y para dotarnos de un plan de lucha frente a la ofensiva de las patronales.