La ley de patentes de medicamentos establece un derecho de propiedad sobre los inventos, productos o procesos productivos. Constituye, por lo tanto, una restricción a su usufructo social. La patente significa el monopolio de los grandes laboratorios, que tienen también sus canales monopólicos de distribución. Los diputados “antiimperialistas” han establecido así una muralla infranqueable para que la Argentina, una nación atrasada, pueda acceder a la tecnología en forma independiente.

La ley aprobada asegura que la “brecha” tecnológica y científica entre nuestro país y los países imperialistas se haga más profunda. Esto porque extiende el monopolio del usufructo de la patente farmacéutica de 15 años, según la ley actual, a 20 años, en contradicción con la tendencia mundial a acortar el período de vigencia de las patentes. El objetivo es permitir la prolongación de la “vida productiva” de tecnologías y productos obsoletos, hasta lograr una completa amortización económica de la patente respectiva. ¿La salud de la población? Bien, gracias.

El monopolio de patentes significará un incremento general de los precios de los medicamentos, aun por encima del que implica el simple pago de la regalía (calculado en unos 500 millones de dólares anuales). La experiencia mundial sobre las patentes no deja lugar a dudas: “Canadá debió modificar su ley de patentes en 1988 para ingresar al Nafta con Estados Unidos y México, sufriendo desde entonces un notable encarecimiento de los productos medicinales en su mercado interno” (El Cronista, 30/8/93).

Los defensores del patentamiento, entre ellos, los diputados argentinos, argumentan que ellos son necesarios para amortizar las inversiones en investigación y desarrollo. Pero el senador norteamericano David Pryor señala que “la industria farmacéutica dice que necesita mayores precios para cubrir los costos de investigación y desarrollo. Las cifras muestran que la mayor parte del dinero no va para costear la inversión en investigación. Una tercera parte del precio cubre los costos de comercialización, publicidad y ganancias. Solamente el 16% va a investigación”. Otro norteamericano, el profesor David Kreutzer, señala que, en los últimos tiempos, los grandes laboratorios han derivado sus beneficios hacia el negocio inmobiliario, la “industria” del entretenimiento y los negocios financieros.

En este cuadro, las disputas entre los diputados y Cheek —es decir, entre los lobbies de los laboratorios nacionales y extranjeros— constituyen una disputa por el reparto de la torta.

Los laboratorios “nacionales” —que dominan el 55% del mercado argentino— reconocen el monopolio del patentamiento a los grandes laboratorios, pero plantean asociarse con ellos y repartirse los beneficios del saqueo al pueblo. Los laboratorios extranjeros objetan la obligación que se impone de producir localmente los medicamentos. La disputa por el monopolio de un mercado de 4.000 millones de dólares anuales justifica la pirotecnia verbal.

La disputa, pese a la sanción de la ley, no se ha zanjado. Los laboratorios extranjeros —y el gobierno norteamericano— han pasado a centrar sus presiones para obtener el veto parcial de Menem …

El Partido Obrero plantea abajo la ley de patentes, la reducción del precio de los medicamentos, expropiación de los pulpos medicinales, control obrero.