La ley de prepagas consolida la medicina privada

La ley que la Cámara de Diputados está a punto de votar, la regulación de la medicina privada, consolidará el parasitismo de estas prepagas y el vaciamiento de las obras sociales.

La existencia actual de las prepagas (con 4,5 millones de afiliados y 13 mil millones de pesos de facturación anual concentrados en un puñado de ellas) se explica por las leyes y decretos impulsados desde el gobierno de Alfonsín en adelante y, especialmente, por la obra del menemato, que a lo largo de los ‘90 avanzó en la mercantilización de la salud y las obras sociales. El kirchnerismo no ha tocado ni piensa tocar esta privatización noventista.

Actualmente, el 60% de los afiliados de la medicina privada proviene de los padrones de las obras sociales, las que se van vaciando de aportes y afiliados para quedar como simples oficinas de recaudación en favor de las prepagas, a cambio de un 5 ó 10% de comisión. Al amparo de la nueva ley, las prepagas y las burocracias sindicales podrán continuar con estos acuerdos y extenderlos.

La ley que los diputados están por votar incluye un escaso límite a las prepagas, cuyo vigor quedará sometido a la presión de las empresas sobre el gobierno cuando elabore el decreto reglamentario. “Las empresas sólo esperan que el Poder Ejecutivo ajuste la letra de la ley en la reglamentación a un texto que no sea tan nocivo para las prestadoras” (Ambito Financiero, 19/4). Y si con eso no alcanza, las privadas pueden llegar en cualquier momento al Ministerio de Salud, que será el que decidirá el nivel de las cuotas o cuánto de más deberá pagar un afiliado por superar los 65 años o cargar con una enfermedad pre-existente a su afiliación. En la comisión de seguimiento de las prepagas no hay ningún trabajador, solamente funcionarios de los ministerios de Economía y Salud.

La ley ni siquiera obliga a las prepagas a aceptar a personas enfermas, sólo les prohíbe rechazarlas aduciendo esa enfermedad, pero la prepaga puede negarse con la excusa de haber dejado de vender planes, como ya están amenazando sus dueños (La Nación, 25/4). Pero si dejan de vender planes en forma particular, se volcarán con más fuerza sobre los padrones de las obras sociales para mantener su negocio. Por eso es que la CGT ha desempolvado un reclamo defensivo, que ya había sacudido en 2008, para que se vote una ley que impida nuevos traspasos desde las obras sociales hacia las prepagas aunque dejaría vigentes los ya realizados.

Las prepagas rechazan que se las regule con el argumento de que implica obligarlas a responsabilidades que no les corresponden. “La garantía constitucional del servicio de salud la debe dar el Estado, mientras que la prepaga debería ser una alternativa; esta ley está hecha como si la responsabilidad de la salud fuera primariamente de las prepagas”, dijo el dueño de Swiss Medical, una de las prepagas más grandes (La Nación, 25/4). El parasitismo de las prepagas no podía ser mayor: ¿cuál es la utilidad social de una empresa que recauda plata de gente que no está enferma y se niega a aplicarla en gente enferma? La única razón de ser de la prepaga es ganar dinero, por lo que procurarán recaudar la mayor cantidad de pesos y reducir al mínimo los gastos. El lucro capitalista es una carga que solventan los afiliados para recibir servicios que están fuera de su control.

La ley que se está por votar apenas roza esta situación. Incluso más: como la privatización de la salud se realizó sobre la base de un negocio sin controles, ahora que se establece algún tipo de vigilancia sobre las prepagas, éstas han salido a decir que quebrarán. La patronal de la medicina privada admite así que su negocio sólo es rentable si se les permite aumentar a placer sus tarifas y poner todo tipo de trabas a la cobertura de sus afiliados, establecer contratos leoninos con sus proveedores y pagar salarios de miseria a sus médicos.

Hay que apuntar a un sistema estatal único de salud para toda la población, prestado a través de las obras sociales y los hospitales públicos, bajo control de los trabajadores y las organizaciones populares territoriales.