El miércoles 12 fue una jornada muy importante para el Frente de Izquierda, ya que el parlamento votaba positivamente por el primer proyecto impulsado por esa fuerza desde que ingresara al Congreso: el resarcimiento a los ex trabajadores de YPF después una lucha de décadas, una lucha que incluso costó muertos. La ley aprobada se originaba en el proyecto firmado por Néstor Pitrola y Pablo López, y significó un acto de justicia.

Esa misma jornada, el Frente de Izquierda votó a favor de la así llamada ley Larroque. Lo hicieron en nombre de la lucha contra la trata, situación por la que los partidos del Frente luchan cotidianamente. Sin embargo, esto no los excluye de un probable error.

La ley que plantea la “prohibición en cualquier medio de comunicación de todo aviso, publicación, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual”. Esa posibilidad de prohibición se extendería a “cualquier medio de comunicación”, incluyendo las redes sociales. La ley delega en el Poder Ejecutivo la creación de un organismo de aplicación de la legislación que tendrá las siguientes potestades: podrá aplicar multas, “monitorear” sitios web y redes sociales, y dar de baja sitios sin orden judicial.

Más allá de la discusión sobre la libertad de expresión en general, un ente de esta naturaleza en manos del Estado -el mismo Estado que es cómplice de la trata- podría significar un peligro y un aval a la censura. Además de que el monitoreo blanquea el control que actualmente se realiza desde organismos clandestinos del Ejecutivo de sitios web y redes sociales, se le otorga al organismo estatal la posibilidad de dar de baja sitios web sin orden judicial, de manera discrecional. En su informe a la Cámara de Diputados, Larroque fundamentó la ley no en contra de la trata, sino mencionando cada tres frases al grupo Clarín, mostrando el verdadero objeto de su batalla, como se puede apreciar en la versión taquigráfica http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/provisorias/132_22.htm. La ley local dice que serían plausibles de su aplicación “publicaciones” y por cualquier tipo de “mensaje”. ¿Un mensaje podría ser un comentario al pie de una nota cualquiera? La ley no lo especifica, sino que permite que el ente de aplicación lo determine. “Es una ley abusiva, atenta contra los derechos fundamentales de la libertad de expresión y trata principalmente sobre la expresión, no sobre la trata -dice la experta Beatriz Busaniche, de Víalibre.org. Por eso debe tratarse con mayor debate y cuidado”.

Si se hubiera acordado con los términos de la ley en general y en función de la lucha contra la trata, tal vez se debería haber propuesto una enmienda que planteara que el organismo de aplicación debía estar bajo control de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de los partidos con representación parlamentaria, de modo de no otorgarle al Estado un poder discrecional.

¿Podría haberse torcido el rumbo de la votación si los tres diputados del Frente de Izquierda se hubieran abstenido o votado negativamente? No: la ley fue impuesta por la amplia mayoría kirchnerista. Sin embargo, el Frente de Izquierda al votar favorablemente queda expuesto -una cuestión solucionable, ya que ningún voto es eterno ni sus términos de compromiso irremontables, basta una declaración-. En el marco de la actividad del Frente de Izquierda, que está repleta de iniciativas de compromiso hacia los sectores obreros y populares del país, un error no implica una defección. Sobre todo, si se cometió en función de la lucha contra la trata, es decir, de un acto con buenas intenciones. Sin embargo, no conviene nunca olvidar que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Piedras que, en esta ocasión, llevan el nombre de Larroque, uno de los jefes de La Cámpora.