Los gobernadores peronistas han salido al cruce del paquete desesperado que anunció Macri tras la corrida que siguió a su derrota estrepitosa en las Paso. Aun cuando las medidas del gobierno nacional no alcanzan ni por asomo para revertir el mazazo que esta devaluación significó para los trabajadores, la reacción de los mandamases provinciales es muy ejemplificadora de cómo actúan en defensa de los negocios capitalistas y de su propia recaudación fiscal, a costa de mayores padecimientos de la población.

Cuando se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones con el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, los gobernadores de la oposición cuestionaron furiosamente la suba del mínimo no imponible en Ganancias, la reducción del monotributo y la eliminación del IVA en 13 productos alimentarios básicos, porque al ser impuestos coparticipables afectan los fondos que la Nación gira a los estados provinciales, y podría llegar a implicar unos 60.000 millones de pesos menos. A ello se suma la histeria que despertó el congelamiento del precio de los combustibles que repercute en la recaudación de regalías en los distritos petroleros.

Cuando Lacunza respondió que no está previsto ningún mecanismo de compensación a las arcas provinciales, los mandatarios anticiparon que recurrirán a la justicia. Esta reacción, que los llevó a chocar de frente con el gobierno nacional después de haber sido su sostén durante estos años, contrasta con la disposición que tuvieron para firmar con Macri el pacto fiscal a fines de 2017. En aquella ocasión aceptaron eliminar progresivamente los impuestos y cargas sociales que pagan las patronales, a cambio de un mayor ajuste, en aras de reducir lo que los capitalistas llaman “presión impositiva”. Ahora, como ningún empresario se ve beneficiado, actúan como guardianes de las finanzas provinciales, que en distinto grado están camino a la quiebra y con deudas dolarizadas.

Los gobernadores de las provincias petroleras ya han recurrido ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando que dicte inconstitucional el decreto 566/19 que congela el precio de las naftas por 90 días al valor del 9 de agosto (previo a la mega devaluación). En la partida se anotaron los ejecutivos de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Hasta el gobierno oficialista de Mendoza manifestó que se “reservaba sus derechos” de recurrir a la Corte en caso de que la medida afecte más de lo estimado. Los pulpos petroleros, entretanto, amenazan con paralizar la producción y despedir miles de trabajadores; mientras Guillermo Pereyra, líder del sindicato petrolero neuquino y senador nacional, lleva al Congreso un proyecto de ley para anular el decreto, con el fin de blindar las ganancias de las patronales.

Al conflicto se suma el reclamo de varias provincias por el restablecimiento del Fondo Sojero, que también volvería a librarse en la justicia tras vencida la tregua de un año dispuesta por el máximo tribunal. Este Fondo se componía del 30% de lo recaudado en concepto de retenciones a la exportación de soja, y se giraba a provincias y municipios. Fue dado de baja en 2018, a partir del acuerdo del gobierno con el FMI. Como se ve, lo que cruje es todo es esquema pactado por Macri con los gobernadores en función de implementar el ajuste fondomonetarista. El barco se hunde y cada quien busca mantener a flote su bote salvavidas.

Haciendo ruido alrededor de esta puja los mandatarios buscan blindarse contra el reclamo de los trabajadores estatales, que exigen aunque sea un bonito de $5.000 como el que se dispuso para los trabajadores del Estado nacional. Ni hablar de la reapertura de paritarias, un planteo elemental ante el mazazo contra los salarios de las últimas semanas. El choque con la Nación por los recursos fiscales es también una coartada para no ceder a los reclamos de los verdaderos perjudicados por la debacle nacional. Hasta cierto punto, es la fórmula que utilizaron para capitalizar en las elecciones provinciales adelantadas el descontento con el macrismo, luego de todo un mandato garantizando la “gobernabilidad”.

Alberto Fernández aprovechó la volteada para prometer que pondría a discusión el régimen de coparticipación federal, afirmando que “será una decisión conjunta con los gobernadores”. Así, Fernández desliza la posibilidad de proceder a un nuevo pacto fiscal. Su oposición al paquete de emergencia de Macri, en función no de defender los ingresos de los trabajadores sino los de los estados provinciales y los empresarios, anticipa qué intereses son los que guiarán esa discusión. Nótese que no hay en el planteo de los gobernadores la menor sugerencia de actualizar las retenciones al capital exportador que son de $4 y $3 fijos por dólar según el caso, absolutamente licuadas por la devaluación. El peronismo está atacando por derecha a Macri, aunque parezca mentira. Pero es que la competencia electoral se ha transformado en un torneo de garantías al capital y al FMI.

La crisis va dejando enseñanzas importantes. Macri explotó a su favor en 2015 un cambio de frente de la burguesía que veía en él un mejor vehículo para proceder a un nuevo ciclo de endeudamiento internacional, otorgar beneficios extraordinarios para la explotación de Vaca Muerta, y un aceitamiento de la relación del gobierno nacional con las provincias. Termina su mandato con un país excluido del mercado internacional de crédito, chocando con las petroleras por congelar tarifas y con los gobernadores por la recaudación. Con el macrismo fracasó todo el programa de la burguesía. Alberto Fernández deberá lidiar con este fracaso, porque se propone rescatar a los acreedores y capitalistas que, en palabras de un vocero de la UIA, “están decepcionados con Macri”. La liga de los gobernadores, mostrando los dientes contra cualquier medida que alivie a los trabajadores, se revela sin caretas como lo que es, una ‘liga de los ajustadores’.

Nosotros planteamos reapertura de paritarias, salario mínimo de $32.000, aumento de emergencia a las jubilaciones, abolición de Ganancias sobre los salarios, eliminación del IVA y su sustitución por impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas, apertura de libros de las empresas formadoras de precios, nacionalización integral de los recursos estratégicos petroleros y mineros, y monopolio estatal del comercio exterior. Es un programa para que la crisis no la paguemos los trabajadores.