Luego de casi dos meses de paros y marchas, la lucha de los estatales y docentes se fue unificando por la presión de las asambleas.

La última movilización, de más de 10 mil personas, fue encabezada por una bandera que decía: “Por el triunfo de la huelga docente en Santa Cruz. Paro nacional de la Ctera”. Todo un indicador del alcance político de esas reivindicaciones frente al gobierno K y su dirección sindical.

En esta semana se puso en marcha un nuevo operativo para desactivar la lucha en curso. Fracasaron los decretos impotentes de Sapag de imponer el 11% de aumento en cuotas al 2012. Fracasó el acuerdo firmado por Lorito, el secretario general de UPCN, y el papelón de la dirigente provincial de Aten Patricia Giovi, quien declaró públicamente, aún antes de que finalicen las asambleas, que los docentes aceptaban el aumento. Las diez seccionales opositoras pusieron las cosas en su lugar, defendiendo los mandatos de asambleas que rechazaban la oferta de Sapag y votaban nuevas 48 horas de paro. Los cortes de ruta de los estatales llegaron a Arroyito, y las calles céntricas eran bloqueadas por los hospitalarios.

La aparición en escena del obispo Melani, como mediador de una mesa de negociación a cambio del levantamiento de los piquetes, es una misión de rescate, no sólo al gobierno de Sapag, sino a los mismos dirigentes sindicales que responden a su contrincante Farizano. El movimiento de lucha de la provincia se encuentra en una etapa decisiva, frente al intento de desbloquear la unidad de estatales y docentes con una negociación con ATE y el aislamiento de los docentes que tienen votadas nuevas 48 horas de paro.

El problema del gobierno no es solamente el carácter de las medidas, sino que la prolongación del conflicto había empantanado la campaña.

¿Qué podría decir un Sapag en la inauguración pomposa de alguna esporádica obra pública con una provincia en llamas? ¿Cuánto tiempo más podría Farizano seguir evitando hablar de los reclamos de los trabajadores? Justamente él, que se postula como relevo del actual gobernador.

El ministro Bertoya (también funcionario del gobierno de Sobisch) declaró que se trata de un “plan orquestado y organizado para generar caos”, porque “no hay motivos salariales reales”.

Bertoya miente a conciencia. Los trabajadores advirtieron dolorosamente que sus salarios perdieron el 40% del poder adquisitivo. Ya no soportan, ni con voluntarismo, el estado calamitoso del sistema educativo y de salud y la falta de viviendas.

Como en toda gran mentira, hay una parte de verdad. Bertoya se refiere al apoyo de la CTA a la candidatura de Martín Farizano. Sin embargo, el intendente capitalino se encargó públicamente de delimitarse de los trabajadores, los paros y las movilizaciones. No de los dirigentes de la CTA. Manifestó que “en el mismo sentido que lo planteó la Presidenta, les pido responsabilidad. Porque se me hace cargo de una acción de la que también soy víctima”. No podía ser de otra manera, viniendo de quien ha gobernado al servicio de la especulación inmobiliaria y los empresarios del juego en connivencia con el MPN.

Para los candidatos de CFK y sus colectoras, el conflicto se ha transformado en un obstáculo que interfiere en el gran esfuerzo por instalar un escenario de polarización electoral. Un proceso que pretende presentarse como natural es, en realidad, la manipulación de la voluntad electoral hacia el terreno de lo posible. Una maniobra de arreo de los trabajadores, para que voten resignados a los responsables de sus postergaciones sociales. La continuidad del conflicto puede convertirse en una experiencia de clarificación política, contraria a los intereses de los candidatos capitalistas.

El Frente de Izquierda, cuyos hombres y mujeres participan de las movilizaciones populares, aspira a expresar políticamente las reivindicaciones del pueblo de Neuquén. Llamamos a los trabajadores a sacar las conclusiones políticas que la experiencia ha ido forjando.