13/02/2014 | 1302

La masacre de Barracas, otro crimen social

Ese paredón que produjo la masacre de Barracas fue derrumbado por el fuego pero, sobre todo, por una red de corrupción que, como en Cromañón y en tantas otras ocasiones, vuelve a matar. No se trata de tragedias sino de crímenes sociales de un régimen en definitiva descomposición.

El depósito pertenecía a la empresa Iron Mountain, una multinacional dedicada a la custodia de archivos informáticos y físicos de organismos públicos y privados, con presencia en 36 países. El gobierno de Mauricio Macri «premió» a esa compañía con facilidades y exenciones impositivas por instalar su depósito en el «polo tecnológico» de Barracas-Parque Patricios. Según las primeras pericias, Iron Mountain no instaló la estructura de hormigón necesaria para sostener la pared derrumbada, que por eso cayó hacia afuera y no hacia adentro, como han señalado diversos expertos. Ahora lo ratifica Edgardo Castro, subinspector de Trabajo de la Ciudad. Castro fue quien clausuró Iron Mountatin en 2008 y ahora dice: «Queda clarísimo que (Iron Mountain) no debió haber sido habilitado nunca». Pero dice mucho más: «Barracas es un polvorín (estas cosas van a seguir pasando, es cuestión de tiempo» (minutouno.com).

La empresa es comandada por el fondo buitre Elliott Management, de Paul Singer, uno de los que disputan sus cuentas con el gobierno nacional en los tribunales de Estados Unidos y responsable del embargo de la Fragata Libertad en Ghana, a mediados de 2013.

Como otras empresas del rubro, tiene contacto con corporaciones, municipios, gobiernos y funcionarios, y cuidadosas investigaciones periodísticas la vincularon con el pago de coimas multimillonarias para obtener sus contratos. Ese el centro de la cuestión, además de la posible intencionalidad del incendio por los archivos de gobiernos, bancos y petroleras guardados en el lugar del siniestro (tiene entre sus clientes a pulpos como el HSBC, La Caja, Molinos Río de la Plata y Telefónica).

Además, esa empresa tiene una larga historia de siniestros similares y en muchos de ellos se probó la premeditación: en 1997, tres de sus depósitos se incendiaron en Nueva Jersey, Estados Unidos. En 2006, otra planta de Iron Mountain se incendió en Cirville, en la zona industrial de Ottawa, Canadá. Ese mismo año, otro incendio destruyó por completo un depósito de la compañía en Londres. En 2011, lo mismo sucedió en Italia.

Lo cierto es que, en el caso de Barracas, no funcionó ninguno de los sistemas de prevención y seguridad contra incendios, y nadie controlaba eso a pesar de que Iron Mountain ya había sido clausurada tiempo atrás por otro incendio en un depósito que tenía en Villa Lugano. El responsable de esos controles es el gobierno de la Ciudad.

Ahora, la empresa (ninguno de sus ejecutivos se asomó por el lugar del siniestro) dijo en un comunicado que el depósito tenía «total protección contra incendios», «red hidrante», «control estricto de humedad» y «un sistema de detección temprana de incendios». Con ese comunicado se hunden más ¿por qué no funcionó todo eso? ¿estaban instalados realmente? ¿no tenían mantenimiento y por eso fallaron? O peor aún: ¿alguien los desactivó adrede?

Además, en los primeros momentos, uno de los jefes del grupo de Defensa Civil, dos de cuyos miembros también murieron, denunció las condiciones precarias en que trabajan, desde los malos y escasos equipos hasta la precariedad salarial. Rápidamente, esas declaraciones salieron del aire.

La corrupción política, los negociados permanentes de esta burguesía nauseabunda, hacen de la Ciudad y del país un continuo Cromañón en potencia.


A. Guerrero

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