La masacre ocurrida en la comisaría 1ª de Pergamino, donde siete personas detenidas murieron en un incendio, es la peor de la historia policial en la provincia de Buenos Aires. Es, además, un crimen social, un crimen de Estado. A tal punto es así que la policía no les permitió a los bomberos abrir las rejas de los calabozos donde las víctimas se hacinaban y los obligó a tirar agua sólo desde afuera. Cuando llegaron los familiares de los detenidos se los reprimió con balas de goma, y en estos momentos la policía hace razias en los barrios donde viven allegados de los presos asesinados.

 

Así, una vez más, queda en evidencia el accionar criminal del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la policía provincial. Las comisarías, convertidas en lugares de detención casi permanentes, albergan por tiempos prolongados a personas privadas de su libertad, que se hacinan a la espera de un proceso penal que puede demorar años, en calabozos reducidos que no están en condiciones de albergar esa cantidad de presos. Se trata, obviamente, de una situación de riesgo constante, un caldo de cultivo para la violencia entre internos, que se suma a la violencia institucional permanente de la policía.

 

A todo eso se añade la completa falta de asistencia jurídica a los detenidos y el maltrato a sus familiares. La masacre ocurrida el jueves 2 no es un hecho aislado, se inscribe en ese contexto de completa precariedad en que viven los presos en las comisarías. Hace tres meses el techo de la comisaría 3ª se desplomó y sólo por fortuna no se produjo otra masacre.

 

El ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, continúa y empeora la política represiva del ex gobernador Daniel Scioli. Mientras la policía, los jueces y los políticos patronales amparan a las mafias organizadas del narcotráfico y la trata de personas, reprimen a los inundados de Pergamino, persiguen a los jóvenes y hacen posibles masacres como la ocurrida ahora. La responsabilidad de la gobernadora Vidal, de Ritondo y del intendente, Javier Martínez, es directa en estos hechos.

 

Es indispensable que los vecinos y los organismos de derechos humanos se hagan cargo del control de las comisarías. Impulsemos asambleas en todos los barrios para enfrentar la represión. El Estado es responsable.