10/07/2020

La Mendoza del ajuste y la represión

De Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y Ulpiano Suárez.

Reproducimos una carta pública de la compañera Raquel Blas, dirigente del sindicalismo combativo en Mendoza, en el marco de la lucha de los trabajadores municipales de la capital provincial.

Lo que vivimos con les trabajadores de la Municipalidad de capital no ha sido un hecho aislado. Hunde sus raíces en una historia que debemos tener presente si queremos derrotar en serio el ajuste y la falta absoluta de libertades democráticas esenciales en Mendoza.

Ulpiano Suárez, intendente de la capital, fue ni más ni menos que el principal miembro paritario del exgobernador Alfredo Cornejo. Comandando un área vinculada a la reforma del Estado fue quien ejecutó la privatización de la exEPTM (Empresa Provincial de Transporte de Mendoza), el negociado del actual Ecoparque, la modificación legislativa a la baja del convenio colectivo de trabajo de Casino, la pérdida de la representación mayoritaria de les trabajadores en los organismos de concurso y disciplina, el ítem aula, el desguace de la Dinaf y, ante todo, la firma de todas las paritarias a la baja. Dejaron a les trabajadores del Estado de Mendoza con un 50% de pérdida del poder adquisitivo de su salario, además de un crecimiento exponencial de la precarización laboral bajo la forma de tercerizaciones con empresas amigas y prestaciones en negro que han impactado fuertemente en la salud pública de Mendoza. Mientras tanto, el municipio hacía lo propio a través de la empresa Santa Elena y pagaba a sus trabajadores salarios de miseria, incluso usando tickets alimentarios -algo que se encuentra prohibida por la legislación laboral vigente.

El uso discrecional de la pauta publicitaria permitió ocultar siempre todos estos desmanejos. Los aumentos miserables en cuotas (siempre aplicados sobre el sueldo de diciembre del año anterior) fueron mostrados por los medios como la ganancia de los estatales ante la inflación. Nada más engañoso. Lejos de eloo, los recursos usados en salarios pasaron de un poco más del 60% del presupuesto provincial en 2015 a un vergonzoso 40% en 2020, lo que demuestra con claridad la magnitud del ajuste sobre nuestros salarios y condiciones de trabajo. Hoy la historia se sigue repitiendo: el conflicto creciente en la salud pública llevó al gobierno a anunciar un pase a planta que al día de la fecha no se concreta, y a las mentiras sistemáticas sobre provisión de insumos de bioseguridad y testeos que no se han realizado. Las rotaciones de personal tampoco se han garantizado en todos los servicios. Todo esto se agrava por supuesto en los municipios.

En capital después de más de un mes de conflicto, y de represión, el intendente otorga por decreto un miserable aumento en negro y, lo que es peor, atado a la recaudación (lo que significa que su pago ni siquiera se encuentra garantizado y que constituye una avanzada sobre el derecho alimentario del salario). Lo que sucedió con los medios hegemónicos ante la lucha contra la derogación de la ley 7722 fue la muestra de lo que vendría con todos los conflictos sociales.

El avance represivo sobre las libertades democráticas tampoco es nuevo. Cada vez que un colectivo ha ejercido su derecho constitucional al reclamo ha recibido multas, imputaciones judiciales y represión de parte de fuerzas policiales que actúan al amparo del poder político.

Hoy más que nunca debemos entender que no lograremos derrotar este saqueo sobre nuestra vida si no organizamos y construimos una asamblea de delegados de todo el Estado provincial y municipal, que alumbre un plan de lucha sistemático con todas las reivindicaciones urgentes.

Los derechos se ejercen, no se mendigan.

La unidad se construye desde abajo, no se declama.

Vamos por todos nuestros derechos.

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