La respuesta de Alberto Fernández ante el cuadro de catástrofe social que enfrenta la clase obrera y los demás sectores populares, con 16 millones de pobres y 3,5 de indigentes, consistiría en el armado de una “gran mesa contra el hambre”a la que concurrirían, en un lugar destacado, las distintas iglesias, los sindicatos, personajes como Marcelo Tinelli, Juan Carr y Facundo Manes y dirigentes empresarios y del tridente piquetero encabezado por el papista Juan Grabois, que ha tenido una relación de privilegio con el gobierno macrista.

“La movida, con eje en la cuestión nutricional, pondrá atención en quienes acceden a la AUH (Asignación Universal por Hijo) y al día de hoy, cayeron en el escalón más bajo”, según Clarín (2/10).

Así, el eje de intervención del próximo gobierno nac&pop ante la profunda crisis social que vive la población trabajadora, estaría en línea con los paliativos que, forzados por los reclamos y movilizaciones piqueteras, fue soltando el gobierno macrista desde el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley.

Pero, además, es el armado de un programa concebido para que haya un mayor control y disciplinamiento de esos sectores populares y un intento de ir más a fondo en tratar de marginar a los movimientos piqueteros de lucha que están encabezados por el Polo Obrero y que han sido organizadores de enormes movilizaciones que arrancaron distintas concesiones al macrismo.

Por eso está concebido con la participación relevante de las iglesias, entre ellas la ​Católica, “con cuya cúpula Alberto F. ha mantenido reuniones” y que “será convocada, con un rol preponderante”, según acota el mismo diario Clarín. A las iglesias de los distintos credos se les sumarían la disciplinada burocracia sindical y el triunvirato piquetero papista.

Esta política, que Fernández presenta como de una gran sensibilidad popular, no solo es la que, a empujones y limitada, le fue impuesta al gobierno macrista, sino que es compartida por distintos sectores de la burguesía, como un “paliativo” que les permita avanzar en un ataque a fondo a los ingresos y las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera.

Es la contracara del “pacto social” que prepara sin mayores tapujos Alberto F, que consiste en un congelamiento de salarios por un mínimo de seis meses con la zanahoria de un congelamiento paralelo de precios, que no solo saben evadir los empresarios, sino que se declama y declara luego que, desde las Paso en adelante, el costo de los productos de la canasta está subiendo a un promedio del 4/5 por ciento mensual, sin el más mínimo aumento correlativo de los salarios.

Un planteo compartido

Que es un “programa” compartido por la burguesía lo muestra que a Alberto F se le adelantó Roberto Lavagna, quien hace un mes se reunió con Agustín Salvia, de la Universidad Católica y el titular de la Red Solidaria Juan Carr para analizar la puesta en marcha de un “programa” similar. Y que, “por su parte, Carr se reunió con el jefe del Gabinete, Marcos Peña, y con el diputado opositor kirchnerista Eduardo De Pedro” (del círculo cercano a AF), para, “con el Estado nacional, las provincias y los municipios y con todos los actores económicos y sociales”, atender “la asistencia alimentaria, sanitaria y la formación del capital humano" (La Nación, 12/9).

En la reunión de Lavagna con sus interlocutores “también se puso de manifiesto la necesidad de la participación de las distintas iglesias y credos religiosos” (ídem).

Con el “pacto social” que conlleva un virtual congelamiento de los salarios y la eliminación de las próximas paritarias, la pobreza, que ya alcanza a casi el 40% de la población trabajadora, va a seguir en aumento. La “solución” de AF y el conjunto de burguesía será armar comedores “institucionales” para contener a la masa también creciente de familias trabajadoras a las que no les alcancen sus ingresos para paliar el hambre.

Esto mientras se compromete con los sectores de la burguesía industrial (UIA) y con las mineras contaminantes a concederles mayores beneficios para paliar la crisis que ellos mismos crearon sin perder beneficios o para que sigan “llevándosela en pala” como durante el gobierno de CFK.

Es que el gobierno de AF sigue la política del FMI y del conujunto de la burguesía de que la crisis la paguen los trabajadores. Por eso, antes incluso de que haya sido electo, el futuro presidente nac&pop se ha lanzado contra los piqueteros que salen a la calle porque el hambre aprieta en las barriadas obreras y contra la huelga de los pilotos que impulsan dicha medida porque hace casi un año que se les venció la paritaria y la patronal no acepta negociar un aumento que compense el 50% de inflación de este año, que ha carcomido los salarios.

El conjunto de la burocracia se ha lanzado a concretar la “unidad” con el objetivo, declarado por Pablo Moyano en el congreso de la CTA, de “acompañar las medidas” antiobreras contenidas en el “pacto social”. 

Que la crisis la paguen los capitalistas

Los trabajadores necesitamos otra política. La crisis no la generamos y no tenemos por qué pagarla. La crisis la deben pagar los capitalistas.

Todo el apoyo a las luchas en marcha. Por un congreso de bases que organice un paro de 36 horas como inicio de un plan de lucha para enfrentar el ajuste.

Hay que pelear por el voto al FIT-U. Una bancada obrera será un punto de apoyo para reforzar las luchas actuales y futuras.