El diario La Nación publicó el 2 de mayo una nota que ratifica y da actualidad a este análisis que publicáramos hace un mes en Prensa Obrera, donde retratábamos el nivel de estafa que supone el pomposo programa oficial de “reparación histórica” para los jubilados. La nota de La Nación, con datos del pasado mes de enero, conocidos ahora, destaca que, según el gobierno, el aumento promedio “fue del 24,9%”, lejos de la promesa que había realizado “del 35, 40 o 50 por ciento” y que el salario medio de los “beneficiarios”, pasó de 8.332 a 10.407 pesos. Ratifica, como dijimos, que la cantidad de juicios sigue en aumento y que sólo un 5% de los que tenían demandas en marcha aceptó la propuesta del gobierno.

 

A más de 9 meses de haber sido sancionada la ley de “Reparación Histórica”, que el macrismo utilizó como excusa para hacer pasar el escandaloso blanqueo de capitales y también para intentar liquidar el tema de los juicios de los jubilados que reclaman una actualización de sus haberes mal liquidados, el nivel de estafa que constituye esa norma ha llevado a que la cantidad de litigios contra el ANSeS prácticamente no haya caído. Y todo indica que, al igual que ha sucedido a lo largo de los últimos 15 años, se va a transitar por el camino opuesto, es decir el de un crecimiento sostenido de los pleitos.

 

Es que las propuestas que el organismo previsional realiza a aquellos jubilados que tienen un juicio por actualización de haberes (unos 450 mil), ronda entre el 11 y el 12 por ciento, y una suma proporcional en el dinero a cobrar por retroactividad (en este ítem reconoce un plazo máximo de 4 años), mientras que la media de los reclamos y de las sentencias alcanzadas en primera instancia o definitivas, multiplica por ocho o diez esos valores.

 

Por esa razón es que, como reconoce el propio gobierno, de esos 450 mil juicios existentes a junio del año pasado -que fue cuando vio la luz la ley de “Reparación”-, hasta ahora solo aceptaron la propuesta algo más de 22.000 jubilados. Como contrapartida, en ese período habrían ingresado a la Justicia alrededor de 24.000 nuevos reclamos, es decir un 10% que los que salieron de los tribunales vía la propuesta oficial.

 

El gobierno solo avanzó en los casos de aquellos que no habían realizado juicio por actualización y que no tenían decisión tomada de hacerlo, en la mayoría de los casos porque se trata de jubilados que cobran haberes muy bajos y para los que el reclamo sería por valores también relativamente bajos, que no hacen muy atractivo –para jubilados y letrados- encarar un litigio que puede llevar muchos años.

 

En esos casos (el gobierno dice que se trata de 1,6 millón de jubilados) la actualización propuesta también es miserable. Oscila, en  un alto porcentaje de los casos, entre el 10 y el 15 por ciento, es decir, apenas por encima de lo que los jubilados han perdido en el último año en la comparación de las actualizaciones de sus haberes con la inflación de ese período.

 

Pero el gobierno pretende reducir más el "costo" de las jubilaciones. El camino que intentaría adoptar es el que le marcó el FMI: aumento de la edad de retiro en el caso de las mujeres (a 65 años) y cambios en los mecanismos de actualización de las jubilaciones (incluidas las iniciales) de tal manera que se vayan alejando del salario del trabajador en actividad a un ritmo mayor al actual. Y que se reduzca el monto de lo que se pueda reclamar, incluso judicialmente.

 

El Fondo planteó llegar a un equivalente al 35% del sueldo, como cayó en Chile, vía la privatización obligatoria de la jubilación y que llevó, días atrás, a una movilización de 2 millones de trabajadores que reclamaban el fin de este sistema confiscatorio.

 

Otro espejo cercano es Brasil, donde también se han movilizado, en estas últimas semanas, centenares de miles de trabajadores contra la reforma que quiere implementar el gobierno de Temer. Esta plantea un aumento en la edad jubilatoria a 65 años tanto para hombres como para mujeres, cuando ahora solo tienen que alcanzar un mínimo de años de aportes (30 y 35 años, respectivamente), sin límite mínimo de edad.

 

Además, elimina las jubilaciones especiales ahora vigentes para sectores como los de la educación y el agrícola, y desvincula los beneficios de la jubilación del salario mínimo, eliminando todo tipo de piso a los haberes jubilatorios.

 

El macrismo intentó dar un primer paso en los recortes en febrero pasado, cuando aplicó “manu militari” un cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria, lo que le permitía quitarle a los jubilados y otros beneficiarios alrededor de $2900 millones al año. Debió retroceder frente al rechazo que generó la medida. Además, el recientemente desplazado director del PAMI, Carlos Regazzoni, fue la voz oficial cuando adelantó que los hombres podían seguir trabajando (y recién jubilarse) a los 72 años y las mujeres a los 65.

 

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El Partido Obrero y la agrupación Jubilados Clasistas han rechazado la engañosa “Reparación”. Defendemos el derecho a una jubilación equivalente al 82% móvil del salario en actividad. Planteamos la actualización mensual de los haberes por inflación. Que el ANSeS pague de inmediato todos los juicios pendientes. Reposición del aporte patronal reducido (del 15 al 11 por ciento) por Domingo Cavallo en 1994 y mantenido por todos los gobiernos posteriores. El desbalance de las cuentas previsionales no lo provocan “abultadas” jubilaciones, sino la apropiación del dinero por parte de los capitalistas y sus gobiernos.