El domingo falleció, a la edad de 99 años, Ricardo Obregón Cano, quien fuera gobernador de Córdoba entre el 25 de mayo de 1973 y el 28 de febrero de 1974, cuando fue depuesto por el golpe de Estado policial conocido como el “Navarrazo”, por el nombre del jefe de la Policía de Córdoba, el teniente coronel Antonio Domingo Navarro.

Los golpes de Estado provinciales propiciados por Perón

A partir de la renuncia de Cámpora, el 13 de julio de 1973, los sectores de la derecha peronista consolidaron sus posiciones y desplazaron a los funcionarios relacionados con el peronismo de izquierda, entre ellos a los gobernadores provinciales que habían recibido su apoyo. El primer desplazado fue Antenor Gauna, de la provincia de Formosa, en noviembre de 1973; le siguió el gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, en enero de 1974, reemplazado por su vice Victorio Calabró luego del ataque del ERP a la guarnición de Azul, y el proceso continuó en Córdoba con la destitución del gobernador Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López en marzo de 1974.

Las ilusiones de Tosco en el “peronismo de izquierda”

Rucci y Miguel, los máximos dirigentes de la burocracia sindical peronista a nivel nacional, habían propugnado que se colocara a Alejo Simó, el dirigente local de la UOM y referente de los “ortodoxos”, en la fórmula del Frejuli o como candidato a vicegobernador, como había sucedido en muchas otras provincias, junto con el candidato a gobernador apoyado por la JP y Montoneros, Ricardo Obregón Cano. Sin embargo, lo pactado en el resto del país no pudo negociarse en Córdoba. Obregón Cano y sus partidarios de la rama juvenil del peronismo insistieron en que el representante de la rama gremial del peronismo en la boleta fuera Atilio López, dirigente de la UTA y cabeza de los “legalistas”. La fórmula Obregón Cano-López por el Frejuli, designada el 19 de diciembre 1972, fue apoyada por Tosco, en el marco de su acercamiento al peronismo y de su distanciamiento del clasismo representado en aquel entonces por el Smata conducido por René Salamanca.

Todo este coqueteo resultó en vano: en la convención nacional de las 62 Organizaciones realizada en julio de 1973 en la colonia de vacaciones “Augusto Timoteo Vandor” de la UOM, presidida por Lorenzo Miguel, en Valle Hermoso, en las sierras cordobesas, Atilio López se alineó con las 62 Organizaciones en el marco de la “campaña verticalista” de Perón para alinear al movimiento obrero detrás de la burocracia sindical y del acatamiento al “Pacto Social”. En enero de 1974, López firmó con los burócratas “ortodoxos” el acuerdo de unificación de las 62 Organizaciones que formalizaba la ruptura entre los “legalistas” y la izquierda de Tosco (ligado al PC) y Salamanca (ligado al PCR), a la que buscaban desplazar de la CGT cordobesa.

Un gobierno patronal

Una vez en el gobierno, las nuevas autoridades definieron una política de que se plasmó, entre otras acciones, en la composición del gabinete con figuras provenientes de partidos moderados, en la elección de uno de los máximos dirigentes de la Democracia Cristiana como senador nacional del Frejuli y en la suscripción con los legisladores radicales de una “acta de compromiso” en el que dejaron sentada una política de colaboración.

Una nota de Política Obrera publicada inmediatamente después del “Navarrazo” se titula “Obregón Cano: Balance de un gobierno patronal” y hace un balance de “la conducta del gobierno cordobés ante el movimiento obrero y sus luchas” (los conflictos en Fiat, IME, los empleados públicos, UTA, los docentes privados, los choques con los ganaderos en torno al precio de la carne, etc.) para llegar a la siguiente conclusión: “Obregón Cano reflejaba la fase camporista-democrática, superada por la burguesía con el viraje introducido con el golpe del 13 de julio (renuncia de Cámpora). A partir de aquí, el gobierno provincial se adaptó a la ofensiva derechista, para no sucumbir. En realidad, creó las condiciones para una caída más estrepitosa y sin gloria. (…) Las direcciones mayoritarias del movimiento obrero cordobés apoyaron al gobierno provincial. (…) Apoyando a Obregón no afirmaron al movimiento obrero, cedieron posiciones a la derecha y condujeron a una brutal desmoralización y derrota. El resultado está a la vista y se llama: Anticordobazo” (Política Obrera N° 187, 6 de marzo de 1974).

El conflicto policial y el Navarrazo

La misma nota de Política Obrera recordaba que el teniente coronel Antonio Domingo Navarro revistó como oficial de inteligencia en el Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, que el interventor federal Helvio Guozden lo designó jefe de policía, y que cuando Obregón Cano asumió como gobernador dejó a Navarro en su puesto. La nota concluía: “Tenemos aquí esbozada una verdadera radiografía del gobierno de Obregón Cano. En ocho meses, y contando con una movilización importante de los trabajadores más aguerridos del país, fue incapaz de depurar los brazos represivos. La adaptación a la derecha terminó por hundirlo”.

El conflicto policial comenzó con la aprobación de la ley que suspendía el decreto-ley N° 5302 por el que se ponía en comisión al personal de la policía, anunciando la reorganización de sus cuadros y la reincorporación de los cesanteados en 1955. En octubre de 1973, la Legislatura provincial aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo que modificaba la Ley Orgánica de la Policía. La nueva ley suspendía hasta el 31 de marzo de 1974 la estabilidad asegurada por la Ley Orgánica y dejaba en manos del Ejecutivo el nombramiento de personal policial “en el grado y con el destino que juzgue oportuno”. El rechazo a la medida provino tanto del cuerpo policial (a través de amenazas a diputados, atentados domiciliarios, y la toma de la Legislatura y el Banco Social) como de la bancada radical. El 3 de enero comenzó a aplicar la legislación de octubre, en virtud de la cual quedaron cesantes 25 jefes y oficiales, y pasaron a retiro decenas de comisarios, oficiales y suboficiales. El descontento policial se agudizó cuando, en enero de 1974, 19 agentes y oficiales fueron procesados judicialmente por la muerte de cinco cooperativistas, miembros de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (Faca).

El anti-Cordobazo (27 de febrero de 1974)

En febrero de 1974, el presidente Perón, frente a los integrantes de la Mesa Directiva de las 62 Organizaciones nacionales y del Secretariado General de la CGT, calificó a Córdoba como un “foco de infección”: “El problema reside en que dicen que hay infiltrados dentro del gobierno (de Obregón Cano), pero no es necesario pelear para sacar a los infiltrados”. Acusar a los infiltrados de “brotes enfermos” que venían a perturbar el cuerpo sano del verdadero justicialismo fue una luz verde para que los sectores de la derecha peronista y sindical iniciaran el ataque al gobierno provincial.

El estado de inquietud se agravó con la publicación, en el diario La Voz del Interior, de una carta del ex subjefe de policía de la provincia, teniente coronel Julián Andrés Chiappe, en la que acusaba a Antonio Navarro de mantener reuniones clandestinas para conspirar contra el gobierno provincial y de una serie de escándalos de corrupción. De hecho, las reuniones de Navarro con dirigentes peronistas opositores al gobierno provincial -entre ellos, los miembros de la agrupación interna liderada por Julio Antún y algunos dirigentes de las 62 Organizaciones “ortodoxas”- eran conocidas desde hacía tiempo.

El 27 de febrero de 1974, Obregón Cano ordenó el relevo del jefe de policía, a lo que éste respondió con el acuartelamiento. Los jefes del Cuerpo de Bomberos, el Comando Radioeléctrico y la Guardia de Infantería lo apoyaron. La policía copó las tres radios cordobesas y comenzó a difundir comunicados en apoyo al golpe de Estado policial. Grupos armados identificados con brazaletes celestes y blancos, y comandados por la Juventud Sindical Peronista comenzaban a patrullar las calles céntricas de la ciudad. Esa misma tarde, empezaron a llegar adhesiones a Navarro. El vespertino “Córdoba” publicó una solicitada firmada por los gremios integrantes de las 62 Organizaciones “ortodoxas” y las agrupaciones del “Comando 26 de Septiembre José Ignacio Rucci”, en la que se calificaba a Obregón Cano, Atilio López y su “camarilla de bolches y traidores” como “enemigos del pueblo” y “cipayos enquistados en la provincia”, y se llamaba a defender a la policía de Córdoba del “zarpazo antinacional”: “No permitiremos que la benemérita institución policial sea manoseada por elementos infiltrados al servicio del marxismo internacional, que lo único que pretenden es crear caos y discordia entre los argentinos”.

Navarro ocupó la sede oficial del gobierno provincial y detuvo al gobernador, al vicegobernador, al ministro de gobierno Erio Bonetto, al ministro de Bienestar Social Antonio Loinbardich y más de un centenar de funcionarios y dirigentes gremiales. Fueron allanados domicilios particulares y estallaron artefactos explosivos en las casas de algunos detenidos, entre ellas la del ministro de Gobierno, y en el local sindical del Smata.

Ante la ausencia del presidente de la Cámara de Senadores, le correspondió a Mario Dante Agodino, presidente de la Cámara de Diputados, asumir como gobernador de la provincia con el apoyo del bloque de legisladores del Frejuli y la UCR. El 1º de marzo de 1974, Agodino firmó un decreto convocando a elecciones para “completar el proceso tendiente a la normalización institucional” y dio por terminadas las funciones de los ministros de Gobierno, Economía y Hacienda y Bienestar Social, quienes fueron reemplazados por Alejandro Mosquera, Oscar Eduardo Valdez y Raúl Bercovich Rodríguez, todos ellos provenientes del espectro opositor a Obregón Cano.

También el 1º de marzo de 1974, el juez federal Zamboni Ledesma decretó la libertad de los gobernantes detenidos. Una vez liberados, dieron a conocer un comunicado en el que procedían a reasumir el Poder Ejecutivo, pero sus posibilidades concretas dependían de la actitud que asumiera el gobierno nacional, que le dio la espalda.

La primera respuesta formal fue el proyecto de intervención al Poder Ejecutivo provincial enviado por Perón al Congreso de la Nación el 1º de marzo de 1974. Los objetivos eran claros: no restituir a las autoridades electas. Perón convalidó así el golpe de Navarro, y el 8 de marzo de 1974 Obregón Cano y Atilio López presentaron su renuncia.

Balbín y Perón llegaron a un acuerdo durante una entrevista que mantuvieron el 2 de marzo de 1974. En esa ocasión, el máximo dirigente radical declaró que la situación política provincial se había modificado y que, en su opinión, Obregón Cano no reasumiría sus funciones. Tiempo después, Navarro fue “premiado” con un cargo en el consulado argentino en Barcelona a través de un decreto reservado.

El rol contrarrevolucionario del retorno de Perón

El movimiento obrero cordobés era por aquellos años la vanguardia de la clase obrera argentina, y sus luchas ya habían derrocado a dos dictaduras a nivel nacional: el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 puso fin al gobierno de Onganía, de la misma manera que el “Viborazo” del 16 de marzo de 1971 lo hizo con el gobierno de Levingston. ¿Por qué no pudo entonces parar en febrero de 1974 un golpe de Estado policial a nivel provincial? La respuesta está en el rol contrarrevolucionario del retorno de Perón, y en el papel que éste jugó para paralizar al movimiento obrero y a la izquierda que albergaba ilusiones en su gobierno.

Derrotar la asonada policial con una huelga general hubiera significado para la JP y para los sindicatos combativos llevar adelante una huelga contra Perón. Política Obrera caracterizó al “Navarrazo” como el “anti-Cordobazo” porque la clase obrera cordobesa, y por extensión la de todo el país, sufrió una derrota mayúscula ante la pasividad y la entrega de quienes participaron del Cordobazo, los cuales confiaban en el rol de mediador de Perón y su gobierno. La JP no resistió por obediencia a Perón (como ya había ocurrido antes) y no lo caracterizó como un golpe de Estado, de la misma manera que muchas corrientes políticas hoy en día se niegan a caracterizar lo sucedido en Brasil como un golpe, debido a la preservación de la “continuidad institucional”. El aval de la Rosada al asalto policial no fue abierto, pero consolidó un régimen de golpes de Estado; lo avalaron las Fuerzas Armadas y lo reforzó a la Triple A -un escuadrón de la muerte con base en el Ministerio de Bienestar Social de López Rega, otro producto directo del regreso de Perón.

Perón también convalidó el golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973. Tres meses después del “Navarrazo”, el 16 de mayo de 1974, Perón dio personalmente la bienvenida, en la base aérea de Morón, al dictador chileno Pinochet y declaró que “nuestras relaciones con Chile son excelentes”. Luego de la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, su esposa y sucesora como presidente María Estela Martínez de Perón condecoró a Pinochet con la Gran Cruz de la Orden de Mayo al Mérito Militar, y el 5 de febrero de 1975 aprobó por decreto el gobierno militar en Tucumán conocido como el “Operativo Independencia”.

En otras palabras, fue la falta de delimitación política del movimiento obrero del nacionalismo burgués la que lo llevó a una impasse y a una eventual derrota de envergadura histórica -la misma falta de delimitación política que gran parte de la izquierda argentina hoy se empeña en revivir en la forma de un “frente anti-Macri” con los restos descompuestos del peronismo.