Políticas

11/12/1997|568

La ‘negra intención’ de Menem y la Alianza

El gobierno menemista ha presentado el acuerdo con el FMI como una ‘garantía’ de estabilidad frente a las consecuencias que podría tener la crisis financiera mundial. Pero el FMI no está en condiciones de dar ‘garantías’ de ninguna clase, como lo prueba la crisis asiática. Para peor, los economistas coinciden en señalar que las metas establecidas en la “carta de intención” (déficit fiscal, crecimiento, recaudación impositiva, deuda pública, etc.) son un ‘dibujo’.


Metas y crisis


Tomemos un solo caso, el del déficit fiscal. Los acuerdos vigentes con el FMI preveían para 1997 un déficit fiscal máximo de 4.400 millones de dólares, que las misiones de control del organismo dieron por ‘cumplido’. Según el especialista José Luis Espert (Ambito Financiero, 5/12), el déficit fiscal real de 1997 alcanzará a 5.340 millones de dólares, 940 millones más que lo comprometido. ¿Cómo se concilia esta cifra con el ‘ok’ de los auditores del FMI? El especialista explica que esa ‘brecha’ fue cerrada mediante la llamada ‘contabilidad creativa’, que consiste en no registrar los egresos y en contabilizar como impuestos ingresos inexistentes. En castellano, el FMI y el gobierno menemista fingen que se cumplen los acuerdos truchando al por mayor las cuentas públicas.


Para 1998 está previsto un aumento de los pagos de intereses de la deuda externa por unos 900 millones, a 7.500 millones de dólares, y un aumento de los gastos del presupuesto por otros 1.500 millones, con lo cual el déficit público real superaría los 7.700 millones de dólares. ¿Cómo convertir esos 7.700 millones en los 3.500 que el gobierno acordó con el FMI? Incluso un truchaje mayor al de este año no alcanzaría a cubrir semejante ‘agujero’, lo que plantea la perspectiva de un enorme tarifazo, más despidos de empleados públicos y una reducción todavía mayor del ‘gasto social’.


El citado Espert concluye que “el cumplimiento (del acuerdo) enfrentará al gobierno entre sí, al gobierno con la oposición y tal vez al gobierno con el establishment, que no está dispuesto a soportar más ajuste fiscal”.


Crisis bancaria


El acuerdo con el FMI no le puede dar a la Argentina ninguna ‘garantía’ por otra razón. Ocurre que los exportadores verán cerrarse mercados como consecuencia de las devaluaciones y de las tendencias recesivas desatadas por la crisis asiática. Los grandes capitalistas endeudados en el exterior serán afectados por el aumento de las tasas de interés. Los bancos por la insolvencia de sus deudores.


En la carta al FMI, por ejemplo, el gobierno se ‘felicita’ de que los préstamos incobrables del sistema financiero hayan caído al 12% del total, lo que para cualquier estándar internacional es una enormidad. Los bancos de Tailandia, al momento del estallido de la crisis, registraban una incobrabilidad del 14%. Sin embargo, el aumento de las tasas de interés, la retracción de las ventas y a las exportaciones, ya está provocando un nuevo incremento de la incobrabilidad bancaria.


Otro ‘detalle’ revela la real situación del sistema bancario. El Banco Central obligó a los bancos a emitir bonos de deuda por el 2% de sus capitales, según explicó, para que de esta manera las consultoras internacionales ‘calificaran’ la solvencia de los bancos. Vencido el plazo, la inmensa mayoría de los bancos se negó a emitir esos bonos, por la sencilla razón de que no quieren ser auditados. Esto porque, como lo reveló el escándalo del BCP de La Plata, los balances de los bancos son auténticas ‘obras maestras’ del truchaje contable para encubrir la crisis bancaria.


Cogobierno


Más allá de esto, ¿qué queda en pie del acuerdo con el FMI?


El compromiso de privatizar lo que queda en manos estatales (lo que incluye el Banco Nación), la flexibilidad laboral, la extensión del ‘plan del Banco Mundial’ a las obras sociales provinciales, la reforma de la coparticipación, la reducción de las jubilaciones máximas, la reforma del Poder Judicial y la creación de un ‘colchón de liquidez’, lo que significa que Economía mantendrá guardado en efectivo el equivalente a un trimestre de servicio de la deuda pública en previsión de eventuales crisis.


La carta al FMI promete “agilizar la ejecución de garantías financieras” (Clarín, 4/12). Esto significa que se acelerarán los trámites de quiebra contra los pequeños y medianos capitalistas y contra los deudores hipotecarios.


Como la inmensa mayoría de estas ‘reformas’ deberá pasar por el Congreso, salta a la vista que el gobierno deberá contar con la conformidad —o cuanto menos la complicidad— de la Alianza. La reciente visita de Graciela Fernández Meijide a la sede del FMI constituyó un respaldo anticipado a este acuerdo antinacional.