Acosado por la movilización nacional de trabajadores y jubilados, y enfrentado con los prestadores, a los que se deben 1.200 millones de pesos, Menem resolvió tomar una iniciativa política para descomprimir los múltiples frentes de batalla, avanzando, sin embargo, en el camino de la liquidación del PAMI, exigida por el FMI y el Banco Mundial.

La nueva maniobra consistió en anunciar la normalización del PAMI en 90 días, un planteo que coincide formalmente con el que venían levantando sindicatos y organizaciones de jubilados. El único elemento novedoso que incorpora, en relación a la liquidación que viene armando Bramer Markovic, consiste en que ahora esa liquidación quedaría en manos de un directorio de funcionarios estatales (en mayoría), de la CGT y de jubilados “colaboracionistas”, todos designados por el gobierno. El silencio de la CGT sobre el punto es indicador de que existe la media palabra dada. Es que el futuro “directorio” manejaría los 1.200 millones de la deuda con los prestadores y proveedores, deuda que piensa “recortarse” en un 30%, mediante negociaciones. Se encargaría también de las nuevas contrataciones por valores varias veces millonarios y de la administración del crédito del Banco Mundial para la “reforma” de la obra social. Mucha plata como para hacerle “asco”.

Lo que también quedará en manos de estos burócratas, alcahuetes del gobierno, es el despido de 7.000 empleados del PAMI, que sobrarán una vez realizada la descentralización. Significa que los jubilados pasarán a ser atendidos por redes de prestadores de cada provincia (se habla de un 25% de hospitales públicos y el resto privados), bajo el control de los ministerios de Salud provinciales. Estas nuevas contrataciones estarán intermediadas por entes del tipo del existente Consorcio Agrupación Sanitaria Provincia de Buenos Aires (habría firmado el primer contrato), encargados de “filtrar” las prestaciones, para asegurar los costos.

Es que los 23 pesos mensuales por jubilado (cápita) que se ofrece pagar  a los prestadores para cubrir todos los niveles de atención (médico de cabecera, internaciones, estudios y tratamientos complejos, traslados, etc.) es un recorte muy drástico en relación a los 30 a 40 pesos que hoy paga el sistema por menos cantidad de prestaciones (médicos de cabecera, emergencias, kinesioterapia, están a cargo directamente de PAMI). Queda claro que el factor de ajuste del proyecto menemista es la rebaja de cantidad y calidad de prestaciones. Dicho más claro, la salud de los jubilados. Sin contar con que desaparecen las prestaciones sociales, turismo, etc., que brindaba el PAMI cuando, además, daba superávit. Las auditorías serán exclusivamente financieras y no de calidad de atención.

Choque con los prestadores

El nuevo plan ha sido rechazado por los prestadores médicos, farmacéuticos, de laboratorios, que el lunes 25 realizarán un paro. Porque el gobierno pretende financiar las deudas del PAMI a 10 años, con quitas importantes y pagar quizás en bonos. Pero más les preocupa aún el hecho de que se anularán todos los contratos actuales, y que las recontrataciones quedarán a cargo de las redes provinciales y dependerán de la política de los gobernadores. O del municipio, en el caso de la Capital.

Los patos de la boda

De todas maneras, es de prever que el gobierno logrará una conciliación con los prestadores, al hacerse cargo, como dispuso Menem, de la deuda, y mediante una negociación con las federaciones médicas, y cámaras de clínicas y sanatorios y farmacéuticas en las provincias. Las grandes patronales de la medicina privada, allí nucleadas, no quedarán afuera de ningún negocio menemista.

Las consignas

Por el contrario, los trabajadores de PAMI quedan expuestos a los miles de despidos, y los jubilados librados a un destino incierto y a prestaciones muy inferiores a las actuales. Bien que serán presentadas como la nueva panacea por costosas campañas de televisión. La defensa integral de la obra social y de las actuales prestaciones plantea la lucha por la renuncia de Markovic; ni un solo despido; la restitución de los fondos desviados por el gobierno a otros fines; la investigación de la deuda y la administración del PAMI por jubilados y trabajadores.