Los primeros seis meses del 2019 en Chubut, surcados por los comicios provinciales adelantados, han corrido el eje de una profunda crisis financiera que puso a la provincia al borde del default en 2018, lo que provocó un brutal ajuste que tuvo como respuesta de los estatales y docentes chubutenses una huelga general de más de 180 días, una de las más importantes de la etapa. Habiendo sido reelegido el gobernador ajustador Mariano Arcioni, (con el apoyo de Sergio Massa y los Fernández en detrimento de amplios sectores del PJ-kirchnerismo local) la crisis económica lejos de resolverse, amenaza con profundizarse, y el fantasma del default vuelve a aparecer en las tapas de los periódicos.

En la base de esta crisis aparece la deuda pública, que asciende a 1006 millones de dólares y condiciona cualquier tipo de desarrollo provincial. Nominalmente, la cuarta deuda más grande del país, pero medida per cápita, la más abultada de Argentina con más de $62.000 por habitante. Dentro del paquete se puede colocar también un creciente déficit de cuenta corriente: Facundo Ball, un reconocido economista de Chubut, advirtió que el déficit de la provincia ha crecido, alcanzando una diferencia de 544 millones de pesos entre los gastos y los ingresos. Y sostiene que la proyección anual podría estimarse en 4.500 millones de pesos, “si no se actúa con responsabilidad fiscal”. En lo inmediato, cobra relevancia el pago del aguinaldo, representaría una erogación de 5000 millones de pesos. Según información publicada por el diario oficialista El Chubut, el gobierno nacional ya ha adelantado un salvavidas de 600 millones para poder comenzar a pagar.

Tampoco hay luz al final del camino si se agregan otros dos factores: en una economía provincial sumamente dependiente de las regalías hidrocarburíferas, preocupa la pronunciada baja del precio internacional del petróleo, que hoy se coloca en 65 dólares el barril y que puede descender a récords históricos de continuar la guerra comercial entre EEUU y China y de no renovarse acuerdos que tienen Rusia y Arabia Saudita con la OPEP en la baja de la producción diaria; a esto se suma la deuda de las cooperativas provinciales de servicios públicos con CAMMESA, que ha ascendido a 4600 millones de pesos.

Puntualmente en relación a la deuda pública, señala otro analista, Marcelo García del portal El Extremo Sur: “Chubut podría convertirse en corto plazo en la primera provincia en declarar el default de su deuda. Si eso se concreta, desataría un efecto cascada con complicaciones para la economía nacional”. La confesión de partes la presta el proyecto de ley que envió Arcioni el 19 de junio a la legislatura provincial, a la que le pide autorización para una “reestructuración”, curiosamente, una de las consignas de campaña del derrotado opositor kirchnerista, Carlos Linares, intendente de Comodoro Rivadavia. Se ha repetido la historia que fue tragedia en 2018, pero ahora en 2019 a modo de comedia: en 2018 el anuncio de la reestructuración y un posible default de Chubut prendió las alarmas rojas en el gobierno nacional y desató el ajuste brutal que ya hemos mencionado. En 2019 el anuncio pasó sin pena ni gloria, pues todo el arco político provincial (Menna, Linares y Arcioni) y nacional contempla la posibilidad de reestructurar la deuda externa y los compromisos con el FMI, desde los Fernández hasta los Macri-Pichetto.

Durante la campaña provincial, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda ha levantado en todas las tribunas un programa de salida a la crisis, que incluyó como puntal la investigación de la deuda provincial, que consideramos ilegítima en tanto se desconoce el destino de los fondos y la cual explica en gran parte el ajuste en educación, salud y obra pública que sufre la clase trabajadora en Chubut.

Chubut, al igual que Neuquén, explica su capacidad de emitir deuda por las regalías petroleras en dólares, que son puestas como robustas garantías de pago, ante los fondos de inversión. Los recursos naturales de Chubut se van por el caño de la deuda y a los bolsillos de los capitalistas y a sus socios de los partidos patronales que controlan los resortes financieros del Estado. 

30 años de hipoteca

Los vencimientos de intereses son de U$S 80,4 millones durante el segundo semestre de 2019 y U$S 125,6 millones en 2020, prácticamente la mitad del promedio de ingreso anual por regalías en Chubut. Ahora, el nuevo plan oficial sería refinanciar la deuda hasta el año 2047. El ministro de Economía provincial, Alejandro Garzonio (que sería inminentemente reemplazado por el contador Luis Tarrío, Subsecretario de Coordinación Financiera) El artículo 1 del mencionado proyecto pinta de cuerpo entero la enorme hipoteca que quiere diseñarse: “Autorizase al Poder Ejecutivo por sí o a través de sociedades con participación del Estado provincial a realizar todo tipo de operaciones de crédito público, para reestructurar la deuda pública mediante la consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, etc.” En este sentido, otro dato llamativo es el desplazamiento de Pablo Das Neves (hijo del fallecido gobernador) del directorio del Banco Chubut (organismo que ha participado activamente de la gestión de la deuda) un hecho que coincide con rumores del traslado de las comisiones y la gestión operativa de la refinanciación a consultoras financieras de Buenos Aires.

El sistema de cobros por parte de los acreedores de la deuda pública es una especie de “débito automático”, es decir, inmediatamente que se liquidan las regalías un porcentaje es transferido automáticamente a los tenedores de los bonos por medio de los intermediarios: un importante porcentaje de la riqueza que producen los obreros petroleros, ni siquiera pasa por la provincia.

Las conclusiones políticas que permite sacar el fenómeno de la deuda pública de Chubut son contundentes: los acreedores tienen garantizado el pago de una deuda que no se sabe en qué fue utilizada, mientras que los estatales y docentes de Chubut no tienen garantizado el cobro en tiempo y forma ni de su salario ni su aguinaldo. Toda una definición acerca de a qué clase social responden los partidos políticos que han gobernado en los últimos años la provincia.

Reiteramos la necesidad de una investigación de la deuda pública provincial, paro no seguir pagando con ajustes salariales, recortes en salud y obra pública los negociados de una clase social parasitaria; así como la nacionalización de los recursos naturales como el petróleo y el gas, que no deben ser la garantía de pago de los negociados capitalistas como lo es en las provincias productoras de hidrocarburos, sino que tienen que estar al servicio de un plan energético nacional y de desarrollo industrial bajo control obrero, al servicio de las mayorías populares