13/11/2020
TRANSPORTE

La “nueva normalidad” en Rosario es la falta de transporte público

Apoyemos el reclamo de las y los choferes.

Por pedido del intendente del Frente Progresista, Pablo Javkin, el Concejo Deliberante aprobó la declaración de emergencia del transporte público de pasajeros en Rosario. La ley, que le da superpoderes al Poder Ejecutivo municipal para reestructurar el servicio, se da en medio de un nuevo paro de choferes por el impago de salarios, que en esta oportunidad corresponde a octubre. Las y los trabajadores del transporte público de pasajeros de las líneas urbanas e interurbanas vienen sufriendo el incumplimiento del cronograma de pago desde hace meses, lo que empujó a medidas de fuerzas y paros que de forma intermitente ya redondean los 80 días en Rosario. Junto con la deuda de octubre, los trabajadores reclaman que aún no cobran las dos cuotas de 4 mil pesos fijos para choferes que decretó el gobierno nacional como aumento para trabajadores esenciales.

Pero la “emergencia” no se propone resolver esta grave violación a los derechos laborales, sino que apunta a ajustar el sistema haciéndole pagar la crisis al conjunto de los trabajadores. Es por esto que al otro día de la declaración de emergencia, Javkin sale a atacar públicamente la medida de lucha, argumentando de forma falaz que el paro retroalimenta las dificultades para cumplir con el pago de salarios. Pero esto no es el cuento del huevo y la gallina, porque el origen de cualquier contrato laboral es el acuerdo según el cual el trabajador “alquila” su tiempo de trabajo a cambio de un salario, lo contrario es la esclavitud. Por otra parte, el intendente asume este problema como un default del Estado, pero el sistema de transporte es fundamentalmente privado y allí donde aparece el Estado lo hace asociado a empresas privadas que lucran con este servicio público.

Las concesionarias privatistas, que obtuvieron jugosas ganancias durante años cobrando uno de los boletos más caros del país, se benefician de esta cobertura del Estado y cualquier análisis debe partir no de una foto sino de una película, que registre los millonarios subsidios que han recibido a lo largo de los años, que van desde la compra y mantenimiento de las unidades hasta el precio del combustible.

El problema es que este estudio contable está hecho por un Ente de Movilidad a medida de las necesidades empresariales, a libro cerrado, sin control de trabajadores y usuarios. Esto explica que cada vez que habla, su titular solo se pronuncia para plantear o amenazar con nuevos aumentos en el precio del boleto. Pero se desconoce cuál es el margen de rentabilidad empresaria. Como muy bien resumió el jefe de la bancada del PRO en el Concejo, Roy López Molina, la preocupación no es sostener el servicio sino un servicio en manos privadas: “Con la declaración de la emergencia evitamos la estatización”, dijo el excandidato a intendente de Mauricio Macri en Rosario (La Capital, 12/11). Una lógica capitalista que choca con el derecho al transporte del conjunto de la población.

No obstante ello, todo el régimen político dio el OK a este operativo de rescate del esquema privatista del transporte, ya que sumaron sus votos radicales, macristas, socialistas, peronistas… y el bloque de Ciudad Futura, que muestra una vez más que su integración a la vieja política es total. Recordemos que su banca viene de dar los votos para que un hombre de Vicentin asuma como director del Banco Municipal de Rosario, luego del desfalco y las idas y vueltas sobre el destino de este grupo cerealero en default. Sólo votaron en contra las y los ediles que responden a la Corriente Nacional de la Militancia, en tanto que se abstuvo una parte de Juntos por el Cambio que se presenta como oposición intransigente al Frente Progresista, por derecha, a sabiendas de que la ley salía igual.

La presidenta del Concejo, una mujer de Franja Morada, resumió en los medios “el plan” que tiene el gobierno a partir de la emergencia: “Es ganar en frecuencias en las avenidas o arterias principales con más movimiento, repensar el recorrido de otras”. Es decir, restringir la movilidad de las barriadas alejadas del centro o de las actividades turísticas y recreativas. Esto es profundizar la enorme desigualdad que ya existe entre las jurisdicciones que integran el Gran Rosario. Un tema que padece con fuerza la población trabajadora de conglomerados urbanos enormes como es Villa Gobernador Gálvez, donde viven alrededor de cien mil personas. El tema afecta también el transporte a San Lorenzo, cuando el boleto ida y vuelta desde el Cordón a Rosario ronda los $150. La propuesta del régimen político apunta, en definitiva, a favorecer el transporte que lleve a la población a los centros de consumo masivo, mientras que la clase obrera tendrá que resolver con sus propios medios cómo llegar al laburo o a sus hogares, sumado el problema de la inseguridad. La “nueva normalidad”, que nos proponen quienes gobiernan, no es más que un agravamiento de las condiciones de vida que ya eran paupérrimas.

Despidos y flexibilidad laboral

Entre las atribuciones que tendrá el intendente se encuentran “reorganizar el servicio nocturno a demanda, reestructurar las líneas, readecuar el servicio y fijar la frecuencia y cantidad de coches según la cantidad de pasajeros”. Un plan de racionalización como los que hizo Menem en los 90. Porque si el problema es la falta de financiamiento, está claro que las medidas del gobierno irán a achicar y no a redistribuir los mismos recursos según un plan racional.

El tema de un aumento del boleto está en carpeta. La cámara que nuclea a las patronales del transporte ya habla de un boleto de $100, en tanto que la titular del Ente de Movilidad dijo que debería estar a $73.81 y no a $32.5, que es el valor actual. El déficit declarado es de 1.900 millones de pesos, y aunque el bloque de Unidad Ciudadana (Frente para la Victoria) -que votó a favor de la emergencia- salió a cubrirle las espaldas al gobierno nacional del Frente de Todos, lo cierto es que las transferencia del Tesoro Nacional (ATN), que ofician de subsidio, no están llegando a Rosario. El tema es aprovechado para sacarle lustre a un federalismo de cotillón, mientras que Javkin y Perotti aplican en Rosario y Santa Fe las medidas de ajuste que el gobierno nacional necesita para cerrar el pacto con el FMI.

El recorte no solo será un ataque al servicio de conjunto, sino que también es una avanzada flexibilizadora sobre las condiciones de trabajo de las y los choferes. El esquema “a demanda” y los nuevos recorridos van a implicar un golpe a la estabilidad laboral de los choferes. Este tema debe poner en alerta al conjunto de las y los compañeros, porque mientras UTA dice que garantiza que no habrá despidos, lo cierto es que en Santa Fe, pero también en otras provincias como Corrientes, la crisis del transporte privatizado fue aprovechada para recortar personal e imponerle al resto condiciones leoninas de trabajo. Se impone un plan de lucha nacional de la UTA, que debe partir de asambleas de base y la elección de un cuerpo de delegados con mandato que defienda el salario y las condiciones de trabajo.

Que se abran los libros de las empresas

Como advertimos desde estas páginas, el acuerdo al que habían arribado gobierno, empresas y UTA para el pago de salarios era precario, porque el gobierno está aplicando un plan de ajuste contra la clase obrera.

Con la caída del acuerdo, se pone sobre la mesa que solamente los choferes en lucha y movilizados podrán defender sus condiciones de trabajo. Pero para eso es necesaria una asamblea general de todo el sindicato para deliberar entre todas las y los trabajadores y votar un nuevo plan de lucha con paros y movilizaciones. La enorme pelea por la defensa del salario, por la defensa de los puestos de trabajo y contra el vaciamiento de estas empresas, no puede seguir siendo resuelta por un grupo reducido. La crisis del transporte demanda la participación de todos los trabajadores para decidir el rumbo de lucha a seguir.

La lucha por el pago de todas las deudas salariales tiene que estar acompañada por el reclamo de que se vayan las empresas fraudulentas que vaciaron el servicio y no pagan salarios. Más que informes trimestrales sobre el respeto de frecuencias o la limpieza de las unidades, se tiene que pasar urgentemente a una apertura de los libros contables de estas empresas bajo control obrero o de sus representantes electos, y seguir la ruta de los subsidios que se devoraron. La crisis impone la estatización del conjunto del servicio, que debe estar bajo el control de los propios trabajadores de la rama. La estatización del servicio tiene que respetar la antigüedad de los trabajadores, sus salarios, premios y condiciones laborales.

Un plan integral del transporte público en la ciudad de Rosario tiene que ser financiado con un impuesto a los capitalistas que operan en la ciudad, y que se valen de los trabajadores que se trasladan en colectivo para obtener sus ganancias.

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