Casi tres décadas después del genocidio, una eventual declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, a consideración de la Corte Suprema, sería no una reparación histórica, sino una perfidia política y moral. Hasta los documentos secretos de la Cia cuando pasan treinta años son publicados, debido a la certeza de que el tiempo ya se encargó de hacer prescribir, judicial y políticamente, las peores fechorías y crímenes, sea porque sus protagonistas y responsables han muerto o gozan de senilidad inimputable, o porque el régimen político como un todo puede asimilar un pasado que se presenta distante y ajeno.

Además, esa declaración de “inconstitucionalidad” contribuiría en la actualidad a inocentar a las “instituciones” y a blanquear a los “demócratas” que en su momento no sólo apoyaron el golpe militar sino que garantizaron la impunidad cuando estaba en cuestión la estabilidad del poder político.

Ahora, una sustitución de las leyes alfonsino-justicialistas por una “comisión de la verdad” probaría que más allá del contenido social del sistema, reina el “derecho”. Todo esto cuando las consecuencias de anular la Obediencia Debida y el Punto Final (¡que ya fueron falsamente derogadas, a futuro, por quienes las aprobaron!) tendría un efecto más bien inocuo que revulsivo. Al revés, inclusive el ex Jp setentista, viejo compañero de Menem, privatizador santacruceño y jefe de las patotas que en su momento enfrentaron a palazo limpio a asambleístas y piqueteros de su provincia, aprovecharía a fondo esta nueva perfidia para respaldar su política “petrolera”, “minera” y “contratista” (además de pagar la deuda externa).

Al servicio de este operativo se inscribe la remoción de la cúpula militar encabezada por el general Brinzoni; ya no quedan miembros activos prontuariados. Balza, uno de los entusiastas de Kirchner, se declaró partidario de avanzar con la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final porque la repercusión del asunto en la fuerza sería intrascendente después de tanto tiempo. Por eso, Kirchner se declara favorable a respetar la memoria y la verdad, según afirma Verbitsky, puesto a defender la política oficial desdePágina/12.

Entre transacciones y pactos, la propia Corte menemista tendría una oportunidad de reparación. Lo que en definitiva decida dependerá de los acuerdos que se establezcan para terminar con los cuestionamientos que le han surgido. La cosa depende de muchos factores que nada tienen que ver con la constitucionalidad de las leyes en juego.

Desde el punto de vista histórico, la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes mentadas tiene ciertamente valor; desde el punto de vista del proceso político denuncia a los que la propician, hombres del régimen, como irremediablemente hipócritas y maniobreros.