La parálisis de la obra pública muestra hasta cierto punto los límites insalvables de la política del gobierno. La continuidad de los proyectos frenados y el destino de los recursos para realizar las obras necesarias en cada provincia, se encuentran postergados hasta la resolución de las negociaciones con los acreedores de la deuda externa. Al término de estas tratativas, ruinosas para el país, habrá que evaluar si el gobierno se encuentra en condiciones de erogar fondos para reactivar la obra pública.

Según informa la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos de capital (obra pública) tuvieron una caída del 62,1% interanual, con una ejecución en el enero de unos $3.178 millones. Esto se debe a la disminución de todos sus componentes: inversión real directa (-98,5% interanual), transferencias de capital (-46%) e inversión financiera (-19,5%) (Infobae 21/2). Cuando se analizan los alcances de la ejecución presupuestaria del pasado mes de enero nos encontramos que en los programas destinados a obras de infraestructura los porcentajes son inferiores al 1%.

La situación en el terreno de las obras de vialidad nacional es caótica. Se estima que hay más de 70 obras de estas características paralizadas en todo el país, entre las que encabezan Buenos Aires (16), Santa Fe (9), Mendoza (6), Entre Ríos (5), Córdoba (5) y la lista sigue. El propio ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, reconoce que "El 60% de las obras en Argentina están paralizadas". Esto llevó a aumentar la tensión con los gobernadores, quienes ante la falta de respuesta exhortan a los intendentes a que lleven sus reclamos directamente al Ejecutivo nacional. Desde la Cámara de la Construcción reclaman que se les adeudan $30.000 millones pendientes de la gestión anterior. “Sabemos que hasta que no se llegue a una solución con la deuda no vamos a tener absolutamente nada. Por lo menos es lo que nos transmitieron hasta ahora y es lo que nos queda claro porque no hay presupuesto-2 afirman desde el sector.

En la Ciudad de Buenos Aires, se mantienen expectantes ante los anunció del discurso del presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones legislativas ordinarias. De los recursos destinados a la Ciudad dependen proyectos distintos proyectos de obra. 

Crecen los despidos

La alarma ha venido desde el sector obrero desde donde señalaron que el desplome de la obra pública nacional, provincial y municipal, ha tenido como consecuencia un agravamiento en la pérdida de puestos de trabajo. El año pasado cerró con unos 370 mil trabajadores declarados, registrando una caída interanual de unos 50 mil empleos. Al día de la fecha se registra una nueva caída en la construcción de otros 10 mil empleos, dejando los números en unos 360 mil obreros de la construcción activos. Esto ha despertado distintos conflictos provinciales, donde incluso los cuestionados dirigentes de la UOCRA han tenido que protagonizar, en sus seccionales, reclamos y acciones bajo la presión de los trabajadores cesanteados por las contratistas. En la ciudad de La Plata se calculan más de 4.000 puestos de trabajo perdidos por la por la suspensión de las obras de soterramiento del ferrocarril en 1 y 32, de la estación de trenes y de la bajada de la autopista Buenos Aires- La Plata a la altura de la localidad de City Bell; en Santa Fe una serie de conflictos en la autovía de la Ruta 1, las vías del Belgrano Cargas, Acería y Las Flores II, amenaza con acrecentar el tendal de despidos en otros 300 obreros; esta situación se replica en todas las provincias, lo que empieza a abrir una brecha entre las dirigencias seccionales con la conducción nacional del “Batallón 601” Gerardo Martínez quien se pasea públicamente con los ministros del gobierno, convalidando programas a la baja como el recientemente lanzado Argentina Hace. A su vez, el descontento de los trabajadores es lo que ha dado lugar a algún tipo de iniciativa convocada por la burocracia sindical.

Mientras tanto…

Esta situación ha llevado a que el ministerio de Obras Públicas se convierta en un mero despacho de “buenas intenciones”. Es que la cartera ni siquiera cuenta con las autoridades designadas ni la estructura para ejecutar las obras en cuestión (LPO 20/2). Para matar el tiempo, Katopodis se ha puesto a relevar las necesidades de obra pública nacional, provincial y municipal, sin que eso implique ningún compromiso concreto en cuestión. 

Por otra parte, el programa Argentina Hace, que representa la versión Low Cost de la obra pública sobre la base de la precarización laboral de los cooperativistas y desocupados, parece enfrentar los mismos problemas presupuestarios. Es que los materiales e insumos para las obras, que serían solo de carácter superficial, dependen de las cajas provinciales quebradas y sometidas al pago de los bonistas privados: es el caso del gobernado Axel Kicillof cuyos resultados en materia de obra son inversamente proporcionales al cumplimiento con el capital financiero.

Cuando el gobierno ajusta las cuentas de la obra pública lo hace sobre la base de un terreno que ya viene se sufrir fuertes recortes bajo la gestión del macrismo. En estos términos, la expectativa de una recomposición económica es dudosa, más aun cuando la planificación en materia de obra pública dependerá de los escasos recursos que dejen los compromisos con el FMI y los bonistas privados. 

El Partido Obrero promueve el relanzamiento de la obra pública para cubrir las necesidades populares de urbanización y vivienda, contribuyendo a la creación de puestos de trabajo y la reactivación económica, redirigiendo la riqueza nacional que se derivará de la ruptura con el capital financiero y el no pago de la deuda externa.