La investigación por la masacre del Puente Pueyrredón es, a esta altura, una operación de encubrimiento y desvío sobre las responsabilidades políticas de lo que fue, indisimuladamente, una operación de Estado. La gobernación de la provincia de Buenos Aires cuenta, desde hace una semana, con la identificación de las llamadas hechas al celular del comisario Franchiotti, entre las que cuentan “tres llamadas desde un edificio de la calle Billinghurst, en Capital, donde funciona una oficina de la Side”, lo que se corresponde con la presencia de “servicios” de civil en la represión. El titular de la Side y el ministro de Justicia, ambos renunciados por Duhalde, fueron los responsables directos de la conspiración del Estado contra el movimiento piquetero pretextando un supuesto complot resuelto en la Asamblea Nacional de Trabajadores. Pero uno y otro están en libertad, como lo están Duhalde y el conjunto de los responsables políticos de la muerte de Santillán y Kosteki, de los catorce heridos de bala y de los centenares de reprimidos en la jornada de lucha.

A esta altura “la causa no pudo incorporar ni un solo cartucho de las balas que se dispararon ese día” porque efectivos de la Bonaerense y “hombres de civil” se ocuparon de la recolección minuciosa de cartuchos y otros elementos importantes para la causa. Aunque fueron incautadas unas cuarenta escopetas, “son armas que no dejan rastros de pólvora en el cañón al ser lisas por dentro (y se sabe que fueron eliminadas las huellas dactilares externas)” (Clarín, 7/7). Ya es historia vieja que personal de la Municipalidad de Avellaneda habría ordenado baldear el hall de la estación de trenes “apenas media hora después de los incidentes” (ídem, 6/7). Aunque varios testimonios incriminan a la Prefectura Nacional y la hacen responsable de los disparos de armas de fuego, no existe una sola medida judicial que afecte a un solo efectivo de esta fuerza, como tampoco de la Gendarmería (a la que corresponderían los francotiradores que dispararon desde el puente y causaron las heridas a Leonardo Torales, que hoy se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Fiorito) o de la Federal. Estas tres fuerzas dependen del gobierno nacional y el pasado 26 de junio actuaron en lo que fue el “primer operativo conjunto” resuelto en una reunión de cabezas del Estado, incluido Duhalde, el 19 de junio y en cumplimiento de lo resuelto en la reunión de gobernadores en la que se suscribieron los 14 puntos. Aún el 27 de junio, después de los asesinatos pero antes de la crisis política que estalla con las revelaciones del periodismo, el gobierno hace una presentación ante la Procuración General de la Nación declarando que los sucesos provocados por la convocatoria de la Asamblea Nacional de Trabajadores (BPN, Mijd, CTDAV) “parten de la alteración del orden público, continúan con la pérdida de vidas humanas, graves destrozos materiales y amenazan -incluso- con el derrocamiento de los poderes constituidos”.

La operación que nace con esta acusación de “sedición” (como en su momento a los piqueteros del norte de Salta) y se continúa con la represión y la eliminación de pruebas revela por sí misma la existencia de una conspiración de Estado. El intento de colocar al jefe del operativo y a tres policías más como únicos responsables de la operación criminal y hacer caer toda la responsabilidad en la Bonaerense es una operación mayúscula de impunidad que se desenvuelve con la complicidad del Congreso y la “justicia”. Todo el esfuerzo “oficial” está puesto en limitar la “investigación” a un grupo de “malos policías” y exceptuar de toda responsabilidad a los niveles políticos de decisión. En cualquier caso, según el propio procurador de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (ya), “se perdieron pruebas muy consistentes” (Clarín, 3/7).

La represión en los barrios

En esta operación de impunidad existe una acción de intimidación y represión que no trasciende y es clave para llevar a vía muerta esta investigación y cualquiera otra de gatillo fácil. La policía está actuando sobre todo posible testigo, amenazando con represalias sobre sus familias y sus viviendas. El mismo procurador reconoció que “a los investigadores del caso les cuesta muchísimo reconstruir algunos hechos ya que los testigos están asustados”. Se presume que “por miedo” dijeron que “no habían visto nada” (El Día, 2/7). Esta tarea sistemática de acoso sobre cada una de las familias del movimiento de lucha piquetero está siendo llevada adelante con absoluto desparpajo por los efectivos de la Bonaerense, en tanto dos de los supuestos ejecutores de la masacre salieron de “vacaciones” en las horas posteriores a los crímenes con la anuencia de sus jefes (Página/12, 8/7).

Aún así, el número de testimonios sigue creciendo, sostenidos por la inmensa movilización popular por el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de los crímenes, que tiene la “marca” de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre.

Juicio y castigo. Libertad a los presos. Desprocesamiento al conjunto de luchadores. Fuera la mafia policial de los barrios, asambleas que decidan sobre la organización de la seguridad en base a los propios vecinos. Fuera los responsables políticos de los asesinatos. Fuera Duhalde y el FMI. Por un nuevo Argentinazo.