Ya se han cumplido quince días del brutal desalojo de 700 familias de un predio del Bajo Flores que pertenece al Gobierno de la Ciudad, llevado adelante por más de 400 efectivos policiales, con palos, gases, balas de goma y plomo. Varios heridos debieron ser internados en el hospital Piñeyro, donde surgieron versiones respecto de la muerte de uno de los niños internados. Un día antes del desalojo, “ocho hombres armados, que los usurpadores identificaron como de la Comisión Municipal de la Vivienda, se dirigieron a un precario comedor que allí instaló la Asociación Civil Sol Naciente, arrojaron al suelo las ollas de 80 litros de guiso y golpearon a dos mujeres que entregaban alimento” (La Nación, 28/6). Durante el desalojo, actuaron topadoras pertenecientes al Gobierno de la Ciudad. Luego de la represión, la Secretaría de Promoción Social participó en la tarea de desarmar las casillas y desmantelar el asentamiento.

 

El papel de la CMV

Los compañeros desalojados eran, en su mayoría, inquilinos precarios en villas de la misma zona del Bajo Flores (1*11*14, Los Piletones). Como explicó una de las compañeras a un funcionario de la CMV, “yo me fui de la 1*11*14 porque no quisieron censar a los inquilinos”. La mujer se refería a los censos realizados por la CMV con vistas al “plan de urbanización de villas”. Al dejar afuera de los relevamientos a quienes alquilan piezas, la CMV excluyó sumariamente a una parte importante de las familias de la Villa. Sólo de este modo “cierran los números” del plan de urbanización de villas de Ibarra* Jozami, por el cual, al tiempo que se realizan aperturas de calles que desalojan a centenares de vecinos, se entregan viviendas a cuentagotas. Mientras tanto, los funcionarios informaban que el predio ocupado integra los proyectos de “desarrollo urbano” de la zona sur de la ciudad, para la construcción de un polo industrial “del mueble y del juguete”. Para este tipo de emprendimientos, el gobierno está prometiendo todo tipo de facilidades impositivas y crediticias a los capitalistas. Las mismas que se les niega a los trabajadores que claman por vivienda. La expulsión violenta de las 700 familias del Bajo Flores es, así, el “patio trasero” de la política de “urbanización del sur” que lleva adelante el gobierno de Ibarra.

 

La resistencia

Luego de la represión, una parte de los desalojados se ha reagrupado en la plaza de Mariano Acosta y Castañares, frente al lugar donde fueron expulsados. Allí han constituido su “plaza del aguante”, reclamando tierra, materiales y un resarcimiento por la destrucción de bienes que acarreó la represión. Como parte de esta lucha, los compañeros se han sumado al movimiento común de desalojados que, el pasado 10 de julio, se movilizó a la CMV y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad. El gobierno ha tratado de desarticular esta lucha, convocando individualmente a los vecinos (“a encontrar soluciones en el ámbito de Promoción Social”). “Allí nos ofrecen alojamiento en hoteles de paso, o directamente pasajes de vuelta a nuestros países de origen”, señaló a Prensa Obrera un compañero.

Los desalojados han rechazado esta “ayuda” dirigida a quebrarlos. En una reunión con los funcionarios de la CMV, uno de los delegados del movimiento señaló: “Si no es tierra o viviendas definitivas, la única ayuda social que queremos es para seguir resistiendo en la plaza: mantas, carpas y alimentos, porque nos vamos a quedar hasta tener una respuesta favorable a nuestros reclamos”. Es necesario rodear de solidaridad a esta porteña “carpa del aguante” y agitar su lucha en toda la ciudad. ¡Juicio y castigo a los responsables de la represión del 28! ¡Tierra y materiales para los desalojados!