El vicario Antonio Martínez Racionero -segunda autoridad católica de La Pampa- y el párroco jefe de la Catedral, Ricardo Latorre Cañizares, "están acusados de reducción a la servidumbre y defraudación contra unos 70 jóvenes que residían o residen en el Instituto Servi Trinitatis", en La Pampa y Lomas de Zamora (La Nación, 27/6). Familiares de 11 mujeres y niñas y una ex interna denunciaron al juez Carlos Flores que las someten a lavado de cerebro con "el objetivo único de la apropiación fraudulenta de bienes y dinero" (La Arena, 1/7). Probaron que el cardenal Bergoglio y el ex obispo de la provincia, Reinaldo Bredice, estaban al tanto. El abogado de las víctimas acusó a Bredice de cómplice y pidió que se investiguen sus cuentas bancarias, las del obispado y si Servi Trinitatis está involucrada "en maniobras de lavado de dinero. Cuando volvían de España, a las jóvenes les hacían traer euros". El escándalo llegó al Vaticano, que "aceleró la jubilación del obispo" (La Nación, 27/6). Antes de irse, Bredice, "con el respaldo del Consejo de Consultores", ratificó en una solicitada su "total confianza" en "los ejemplares" Martínez y Latorre.

Las internas eran obligadas a ceder su salario, sus bienes, tarjetas de crédito, cuentas bancarias y a testar en favor de los curas. También a pedir "importantes sumas de dinero a los familiares" con la excusa de abrir nuevos internados o ayudar a enfermos graves. Tienen prohibido tocarse y tocar -incluso a su familia– para evitar el deseo sexual; ingerir lácteos, dulces o infusiones -para suprimir "una feromona que estimula la voluntad"-, bañarse con luz, estudiar más de 45 minutos diarios, hablar de temas personales. También atenderse con médicos varones: "Deben consultar por teléfono a supuestos médicos de España", quienes "las conminan a no utilizar medicamentos y a curarse sólo con la voluntad de Dios". Tienen "calles y cuadras prohibidas" y cuando salen deben rezar y mirar al piso. Las mayores deben ocultar "su pertenencia al Instituto". El juez ordenó peritajes psiquiátricos y dijo que las internas están muy deterioradas. ¡Y el Estado subsidia a los curas para que cuiden y eduquen chicos!

Los testimonios son impactantes. Lucila, de 26 años, dijo que "durante doce años sólo vi a mis padres una vez"; ellos -como otras familias- creían que estaba estudiando en España. La Iglesia, obviamente, violó la ley de Patria Potestad. Una odontóloga y ex directora de la radio de la Catedral declaró que se enteró "de las prácticas que llevaban adelante" y advirtió que "en Toay podrían estar ocurriendo cosas similares". Cuando se negó a donar 18.000 pesos a Martínez y Latorre, éstos la amenazaron con Francisco Franco "que la miraba desde el cielo" y la echaron. Aunque informó a Bredice, a otros curas y al capellán del Ejército "nada hicieron" (La Arena, 31/5). Una "testigo clave" es Claudia Fuentes, utilizada "para recaudar miles de dólares, para efectuar inexistentes trasplantes de riñón y de hígado, y tratamientos oncológicos", además de "una cirugía plástica porque el diablo le había deformado la cara". El cura Arturo Saiz Santos, escoltado por un matón, recibió los últimos 95.000 pesos. Fuentes acusó a Brédice de fraguar "una resolución para permitirle tomar los votos perpetuos cuando tenía 17 años" (La Nación, 27/6): otra violación de la patria potestad por parte de la institución que clama por los derechos de la familia cuando de educación sexual se trata. En una carta a Brédice y Bergoglio, Claudia "relató estas irregularidades y otras, pero fue desoída" (Clarín, 10/6). Su declaración implica al obispo, a tres curas de Lomas de Zamora y a un falso médico. La querella pidió que se los cite a indagatoria, y también al director de la orden en Madrid. Fuentes judiciales "confirmaron que los sospechosos quedaron en una posición delicada, pero relativizaron la posibilidad de avanzar sobre el obispo" (La Arena, 30/6).

Los voceros de la Curia descalifican la acusación porque las internas no eran encerradas ni golpeadas y atribuyen "las críticas a la intensa campaña promovida por Bredice en contra de la aprobación legislativa del aborto terapéutico". La causa pasó en estos días a una nueva jueza.

Hace dos meses, Scioli accedió al pedido de los obispos bonaerenses para que escrituraran sin mayor trámite las propiedades donadas. Lo que se impone es investigar el origen de los fondos clericales y cada internado católico. Está visto que allí se encuentran personas tan esclavizadas como en los prostíbulos.

Olga Cristóbal