Pocas horas antes de que Bielsa se reuniera con la canciller norteamericana Rice, Diputados aprobó las leyes “antiterroristas” reclamadas por los Estados Unidos. Así, Bielsa pudo presentarse en Washington, según la servil expresión de Clarín (31/3), “con la tarea cumplida”.

 

Las leyes aprobadas convierten en legislación interna dos convenios internacionales: la Convención de Represión al financiamiento al terrorismo, de la ONU, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, de la OEA. Según esta última, los países firmantes están obligados a negar refugio o asilo político a todo “sospechoso de terrorismo”. La ley aprobada reniega así de principios jurídicos tradicionales —todo “sospechoso” es inocente hasta que se demuestre lo contrario— para establecer exactamente lo contrario, como la Inquisición medieval o la Patriot Act de Bush, que autoriza la detención —sin proceso e indefinida— de los “sospechosos”.

 

Esto se complementa, naturalmente, con la “ausencia de una definición precisa de terrorismo” (Clarín, 31/3), para elevar la arbitrariedad (y las provocaciones) de los servicios de inteligencia al rango de ley.

 

El macrista Federico Pinedo declaró que “estamos poniendo limitaciones a la soberanía estatal y haciendo primar el derecho internacional” (La Nación, 8/3), lo que no le impidió votar por su aprobación. Pero el llamado “derecho internacional” no es la expresión jurídica de una convivencia entre naciones sino de la dominación imperialista. Washington —y los numerosos servicios de inteligencia que operan en ella— son los que establecen quién es un “terrorista” y quién no, según sus propios y particulares intereses.

 

Es significativo que nuestros legisladores aprobaran las leyes pocos días después de que la CIA advirtiera que “América Latina representa hoy un potencial foco de inestabilidad que puede amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos” (La Nación, 18/3) y en medio de una brutal campaña mediática y política contra Chávez, a quien se acusa de “ayudar a los terroristas”. Precisamente, el oficialista Bonasso se opuso a la ley con el argumento de que “dejaremos la puerta abierta para que Washington denomine como terrorista a cualquier país hermano y lo agreda militarmente” (La Nación, 31/3).

 

La ley contra el “financiamiento del terrorismo” pena, por ejemplo, cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos colombianos o palestinos. No sólo a los que las organicen sino, incluso, a los que colaboren materialmente con ellas.

 

La aprobación de las leyes no se limita a establecer un reforzamiento del ya frondoso aparato represivo y de espionaje interno y una acrecentada injerencia imperialista en la represión. Es que, dado que se trata de convenios internacionales, estas leyes tendrán rango constitucional. La Constitución reformada en 1994 por el pacto de Olivos de Menem y Alfonsín eleva al rango constitucional los convenios internacionales ratificados por Argentina. Las leyes de Bush y Rumsfeld, por lo tanto, tienen preeminencia sobre cualquier otra ley que se oponga a ella. Los “nacionales y populares” y sus opositores “democráticos” han realizado, en el mayor de los sigilos, una completa reforma para darle rango constitucional a la Patriot Act de Bush.