Políticas

19/3/2009|1075

La “pelea” Poder Ejecutivo-Poder Judicial

Más consenso y presupuesto para reprimir


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La presidenta Cristina Fernández cargó contra el poder
judicial, haciéndolo cargo de la demora por los juicios contra los represores
de la dictadura. “El Congreso y el Ejecutivo hicieron todo lo que tenían que
hacer”, vociferó. “Ahora, es el turno de los jueces”. La acusación no fue
novedosa. El 24 de marzo del año pasado fue Néstor Kirchner el que reclamó:
“Quiero decirle a la justicia argentina y al Consejo de la Magistratura,… que
basta, por favor, basta. Juicio y castigo, necesitamos que los juicios se
aceleren”). Se pueden rastrear frases similares en boca de diversos
funcionarios kirchneristas, especialmente los destacados para sostener en
público la llamada “política de DDHH” del gobierno nacional, esa que, sostiene
CORREPI, es simplemente una parte -quizás, la más efectiva- de la política
represiva estatal.

El embanderamiento del gobierno peronista de los Kirchner
con la “defensa de los DDHH”, entendida sólo en términos de reclamar el juicio
y castigo a los represores de la dictadura, es la herramienta que le viene
permitiendo, con más de mil muertos por el gatillo fácil y la tortura; con
centenares de detenidos diariamente sin imputación de delitos; con represión a
los trabajadores y tres fusilados en movilizaciones populares; con persecución
y presos políticos, propagandizar un perfil “progresista” y casi
“izquierdista”. Así, quienes nos negamos a incorporarnos a los “espacios de
participación ciudadana” que convocan a “organizaciones de la sociedad civil” y
“referentes sociales” a integrarse en la “discusión y propuestas de
soluciones”, para la “cuestión de la seguridad”, para reformas legislativas,
para la asistencia a las víctimas, etc., somos tildados de “izquierda
siniestra”, “desestabilizadores” y “sectarios” que no comprendemos los nuevos
tiempos ni aportamos “soluciones”. En esta línea se inscriben las querellas
oficiales en los juicios de los represores, modalidad ahora ampliada a casos de
represión en democracia como la causa Bulacio (1); las “comisiones de notables”
para promover tibias reformas que luego el propio gobierno cajonea; los
programas antiimpunidad, de los que participan en forma rentada familiares de
víctimas de la represión oficial que se convierten en empleados del mismo
patrón que los victimarios; y las secretarías de DDHH nacional o provinciales
que incorporan a su plantel militantes y abogados de organizaciones populares
devenidas oficialistas más o menos públicamente. Así se crea la ilusión de que
todos somos responsables de “las cosas terribles que pasan”, y por ende
deberíamos cooperar para resolverlas, falacia tan grande como decir que el
camino para defender al explotado es aliarse con el explotador.

Esta vez el embate presidencial desencadenó lo que los
medios bautizaron como “la pelea con la Corte”. Una de las estrellas de la “renovada”
Corte Suprema, la jueza Carmen Argibay, contestó con dureza: “Yo le diría a la
señora Presidente que no es cierto que los poderes Legislativo y Ejecutivo han
hecho todo y ahora es la hora de la Justicia. El Legislativo y Ejecutivo nos han
recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios, primero
nombren los jueces que no tenemos”. Y, después, agregó: “Todas las causas
deberían acelerarse”.

Una habitual exégeta presidencial en estos temas, la ultra
kirchnerista Diana Conti (ex PCR, ex Frepaso), disparó: “Que Argibay se calle y
trabaje con más ahínco”. Pero no tardó mucho en cambiar el eje de la disputa,
mostrando el motivo real de la aparente confrontación. El jefe de gabinete,
Sergio Massa, arrojó algo de luz sobre el asunto, cuando dijo: “No tiene
sentido asignar más recursos a la policía si, al mismo tiempo, los jueces no se
esfuerzan por castigar a los delincuentes”. La cuestión, lejos de tener que ver
con las causas de los represores, remitía directamente a lo que, para el
gobierno, es “un problema candente” en un año electoral difícil: la
“inseguridad ciudadana”, recurrente argumento para endurecer aún más el sistema
penal y legitimar la represión, esta vez reinstalado por una estrella de la TV que, ante el homicidio de
uno de sus empleados, exigió que “se termine con la estupidez de los derechos
humanos, porque el que mata, debe morir”. Mientras la presidenta denunciaba:
“Tenemos [jueces y fiscales] … que dejan entrar a los delincuentes por una puerta
y salir por la otra”, en consonancia con aquello, no hace mucho tiempo atrás,
de que: “No puede ser que la policía detiene y detiene, y la justicia libera y
libera”, su marido, en pleno lanzamiento de su candidatura bonaerense, exigió
que los jueces “apliquen la ley sin miedo”, advirtiendo que “el que tenga que
tenga que salir que salga, pero el que tenga que ir preso, que vaya preso”.

En la misma sintonía, Sergio Massa exigió “resultados a la
justicia” y pidió que “un ladrón no entre por una puerta y salga por la otra,
[porque] de lo contrario, en la sociedad queda la sensación de impunidad”, y,
de nuevo, Diana Conti acompañó: “La impunidad que beneficia a los delincuentes
la da un juez. La Justicia
se tiene que hacer cargo de la parte que le toca en la inseguridad; el
delincuente tiene que saber que si delinque, va a ir preso y va a ser
condenado. Si los delincuentes están en libertad, es por decisión de un juez”.

Claro que ninguno de ellos explicó si se referían, por
ejemplo, a los recientes sobreseimientos del ministro Julio De Vido, de su
esposa, la ex síndica general Alessandra Minnicelli y del secretario de
comercio interior Guillermo Moreno, en sus respectivas causas por
enriquecimiento ilícito; o al también fresco sobreseimiento de la ministra Nilda
Garré en la causa por el contrabando de partes de fusiles FAL a Estados Unidos;
o si el reproche se dirigía a los cinco jueces que, al unísono, se inhibieron
de actuar en una causa contra el diputado Carlos Kunkel. Mucho menos parece que
se quejaran por las sistemáticas absoluciones de policías de gatillo fácil, ni
por la sostenida jurisprudencia de la
Corte encabezada por Zaffaroni y Argibay que considera que
“si es en democracia, no es tortura” .

Pero como toda disputa intraburguesa, pronto sobrevino la negociación,
y las aguas se aquietaron. El mismo jefe de gabinete que había afirmado que el
poder judicial tenía todo el presupuesto que precisaba, fue recibido con
alfombra roja por los cortesanos, y, a puertas cerradas y chequera mediante,
fumaron la pipa de la paz. Massa y Lorenzetti compitieron para destacar la
“cordialidad del encuentro”, que intentaron despegar de los cruces verbales
anteriores, diciendo que fue parte de los “contactos habituales” entre ambos
poderes.

En el marco de la crisis que se profundiza, los jueces
disponen de 36 millones de pesos más, y el gobierno, “preocupado y ocupado por
la inseguridad”, se garantizó un poco más de consenso para la represión que
necesitará descargar con más fuerza a medida que los despidos, suspensiones y sufrimientos
crecientes empujen a la lucha a los trabajadores y el pueblo.

————————

1. Ante un nuevo reclamo de la Corte Interamericana
de DDHH para que el gobierno cumpla la sentencia recaída contra el estado
argentino el 18 de septiembre de 2003, la presidenta ordenó al ministro Aníbal
Fernández que su subordinado, el secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde, se
presentara como querellante contra su otro subordinado, el comisario Miguel
Ángel Espósito, responsable por la detención y muerte de Walter Bulacio en
1991. El juez Cubas y la
Cámara Criminal convalidaron la presentación, sin encontrar
contradicción alguna en el hecho obvio de que se tuviera como querellante al
jefe político del imputado.

María del Carmen Verdú (Correpi)