La penalización de las reuniones sociales no resuelve la crisis de contagios

Además de antipopular e inconstitucional, la medida desvía las verdaderas responsabilidades en la propagación del virus.

Como anunciara el presidente Alberto Fernández en la conferencia de prensa del pasado viernes 31, y denunciáramos desde las páginas de Prensa Obrera, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 641/2020, que establece la condiciones generales de la cuarentena en todo el país hasta el próximo 16 de agosto, dispone la prohibición de los «eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente», agregando que quien incumpla la norma «deberá ser denunciado por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal». Se trata de una nueva carga represiva contra la población, particularmente trabajadora, en medio de una política de zona liberada para los empresarios y las patronales.

La medida rápidamente generó disgusto en diversos sectores ya que se vuelve a cargar las tintas contra la población que ha sido empujada a retomar su actividad laboral debido a las sucesivas flexibilizaciones de la cuarentena. De esta forma, el gobierno utiliza una doble vara para medir las responsabilidades en los contagios: mientras las patronales han ido habilitando sus industrias y actividades, con escasos controles y requisitos, los trabajadores se ven obligados a someterse a una mayor exposición al contagió en sus trabajos, siendo objeto, a su vez, de una mayor política de criminalización y penalización por parte del Estado.

A su vez, el decreto fue catalogado de inconstitucional por varios especialistas ya que no solamente violenta el derecho constitucional a la intimidad sino que, por su formulación, intenta hacer una analogía de delitos tipificados en el Código Penal, cuestión que no es admisible en esta materia. Tampoco la posibilidad de tipificar nuevos delitos por medio de un DNU. Para hacer esta medida un poco más digerible, el gobierno apeló a la colaboración de distintos artistas para elaborar una serie de spots que vuelven a insistir sobre la misma línea oficial: la responsabilidad individual en la propagación del virus y el crecimiento de los contagios.

Esta línea de abordaje “contra los contagios” ha dado lugar a políticas totalmente desproporcionadas. En Santa Fe, distintos municipios han puesto en funcionamiento Equipos Especiales de Fiestas Clandestinas. En Córdoba, la policía dedica su tiempo a rastrear y frustrar reuniones sociales y familiares. En Mendoza se ajustaron las tareas de la ya existente patrulla Diversión Nocturna, ampliando su personal a  3.500 efectivos y 200 puntos de control. En la mayoría de las provincias se ha ampliado el presupuesto destinado para este propósito, con más efectivos, controles, nuevas divisiones y todo lo necesario para instalar el pánico entre la población.

La contracara de este fenómeno es que en muchas de estas provincias, que ya habían pasado de la fase 3 y al tiempo que se aplican las disposiciones de este nuevo DNU, mantienen la apertura de restaurantes, cafés e incluso turismo interno. En Santa Cruz hasta los casinos permanecen abiertos. Sin embargo, el mayor de los cuestionamientos es que mientras el Estado dilapida recursos en perseguir las reuniones familiares a toda costa, no existe ninguna política de control del cumplimiento de los protocolos sanitarios en la mayoría de las actividades esenciales y/o habilitadas. Incluso bastaría con reconocer las comisiones obreras en cada lugar de trabajo para evitarse una erogación mayúscula de recursos en cuadrillas y divisiones de inspectores, para poder controlar la elaboración y aplicación de las medidas sanitarias en cada lugar. Pero el gobierno no hace ni una cosa ni la otra: desconoce el rol de los trabajadores en la crisis y no controla a las patronales y su actividad, lo que viene provocando una escalada en los aumentos de los contagios.

La criminalización y persecución contra el pueblo trabajador es una tapadera de la política aperturista de la cuarentena y de los estragos que esta ocasiona a la salud de los trabajadores, cuando el brote de Covid aún no se ha controlado. Rechacemos esta política represiva y demos la pelea por comités sanitarios, compuestos por los trabajadores, que determinen las medidas en cada lugar y controlen si aplicación, para defender la salud y la vida del conjunto de la clase obrera.

 

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