A partir de la resolución 4530/17 de Enargas, las empresas prestadoras del servicio pueden trasladar un impuesto propio a las facturas de usuarios. Así es como las empresas prestatarias del servicio “recuperan” los impuestos y tasas abonados, que terminan costeando los usuarios. En este caso, se trata del mantenimiento del servicio en las calles. La única exigencia del ente regulador es que el cargo sea aclarado en las facturas.

 

De esta forma, la distribuidora Camuzzi, con la conformidad del Municipio, cobra a los vecinos un ítem denominado Tasa de Seguridad e Higiene, recuperando de esa manera lo abonado por dicha tasa ante el Municipio, de acuerdo con su declaración jurada. En este cuadro, a los tarifazos que aplicó la empresa al inicio del mandato de Macri, se agrega este otro gravamen que costean los usuarios.

 

De acuerdo con el balance presentado por la empresa en 2016, los activos superaron los 3.353 millones de pesos, robustecido por el tarifazo del 500%. Con esta nueva tasa comercial que abonan los usuarios, se recaudarán 30 millones de pesos al año en nuestra ciudad, que es lo que lo que debería pagar la empresa por dicho impuesto a la Municipalidad.

 

Este traslado del impuesto que debería pagar la empresa a las facturas de toda la ciudad vuelve a demostrar que la carga tributaria íntegra se descarga sobre los bolsillos de las familias trabajadoras. Para Camuzzi, como para cualquier otra prestadora de gas, las tasas como esta se vuelven inocuas al ser habilitadas a descargarlas a las boletas mediante dicha resolución.

 

Los vecinos abonamos el llamado ABL –Alumbrado, Barrido y Limpieza–, nuestra propia tasa municipal. Con esta resolución, pagaremos el mantenimiento de las redes de gas por fuera de las viviendas, cuestión que le corresponde a la empresa.

 

Los trabajadores venimos siendo los que sostenemos la mayor carga tributaria. Ya bajo el kirchnerismo, un trabajador gastaba el 54% de sus ingresos en tasas e impuestos; mayormente en IVA, pero también ingresos brutos y otros impuestos que las empresas descargan sobre los precios que pagan los consumidores finales.

 

Rechazamos la resolución 4530/17 porque implica un nuevo saqueo al bolsillo de los trabajadores.

 

Planteamos la apertura de los libros de Camuzzi Gas y todas las privatizadas para conocer ingresos y egresos y las tasas de inversión tras esta década y media subsidiada por el Estado. Los trabajadores de la empresa y los usuarios debemos controlar la prestación de gas para garantizar la inversión en toda la red. Esto fue lo que planteó la bancada del Frente de Izquierda en las audiencias públicas contra los tarifazos.

 

En la La Plata, necesitamos una voz de los trabajadores que denuncie el ajuste que descargan sobre nuestras espaldas y que sirva como factor de reagrupamiento de los que se enfrentar al ataque feroz a las condiciones de vida de las familias trabajadoras.