Los medios de comunicación nacionales no reflejan el clima en la ciudad. Los barrios afectados continúan sin salida, tanto de los reclamos estructurales como en lo más inmediato -por ejemplo alimentos y colchones. Cada estamento gubernamental descarga culpas sobre el otro. La ministra de Gobierno de Scioli llamó a revisar el Código de Ordenamiento Urbano (COU) de las intendencias. Automáticamente, los intendentes del conurbano replicaron que “los COU necesitan la firma del Ejecutivo provincial”. En la campaña electoral del Frente de Izquierda, el Partido Obrero denunció a un Bruera gobernando para los Buildings y los Dacal, las dos inmobiliarias que tienen copada la ciudad con edificios majestuosos, sin la correspondiente obra estructural de servicios públicos elementales, como el desagüe pluvial.

La crisis ha echado luz sobre esta realidad y ya no hay un solo ciudadano que no repudie el COU -del ex intendente Julio Alak y del actual Pablo Bruera. El primero había aplicado la urbanización por decreto, el segundo la hizo votar en el Concejo Deliberante, lo que convierte en cómplice a todo al arco político patronal.

Pero las responsabilidades no quedan limitadas a esta disposición. Hace menos de un mes, Scioli había encargado la paralización total de la obra pública, a causa de la enorme crisis fiscal que atraviesa la provincia. El presupuesto de 2013, votado por absolutamente todo el arco político (desde los K hasta el FAP), reducía las partidas para Desarrollo Social y Salud.

El fin de semana siguiente al desastre, la ciudad se inundó de militantes de Unidos y Organizados en las barriadas, con una asistencia básica y el objetivo del impedir la organización en asambleas. Pero a pesar de ello, éstas crecen paulatinamente y van delineando un programa: indemnización a todos los damnificados, no pago de los créditos, plan de obras públicas y de viviendas, así como también la derogación del COU. A

las asambleas de los barrios, se sumaron las de distintas facultades de la UNLP. Una movilización de 600 estudiantes en Trabajo Social relevó la situación real de los damnificados, a la que se sumaron los organismos de Derechos Humanos -convirtiéndolo, en los hechos, en una comisión investigadora independiente. En cada lugar de trabajo y centro de estudiantes organizamos las donaciones, exigimos a nuestras autoridades el pliego de los reclamos, organizamos las asambleas barriales y llamamos a coordinar juntos una acción en común. El impulso a la construcción de las asambleas populares es crucial para la victoria del movimiento.