Tras un mes de constitución, organización y debate de las asambleas populares, el programa que levantaron 10 mil personas de la capital bonaerense, dejaba al desnudo los intereses que representan los tres representantes del gobierno, Cristina, Scioli, y Bruera, como muy bien coronaba la bandera que encabezaba la movilización. La movilización popular exigía la derogación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) y la inmediata paralización de las grandes obras, hasta verificar bajo control popular de las mismas, el impacto sobre el flujo pluvial. Se trata de un enorme salto cualitativo, que pone en jaque el modelo de ordenamiento urbano en beneficio de grandes constructoras inmobiliarias- como Dacal, Buildings, y Moragues- las cuales tienen copado el casco céntrico bajo el amparo del municipio y la gobernación.

El debate que se ha abierto entre los platenses, plantea la necesidad de un nuevo ordenamiento urbano, que termine con la especulación inmobiliaria y plantee una nueva urbanización al servicio de la población, en desmedro de los negocios de un puñado de constructoras. Ninguno de los tres estamentos gubernamentales ha recibido hasta ahora a los asambleístas. El día después, una leve lluvia dejó como saldo 150 evacuados en Berisso y Ensenada, poniendo en evidencia un insoportable impasse político: no se tomarán medidas de fondo, para evitar un nuevo desastre. La crisis fiscal provincial es la preocupación más urgente para el gobernador Scioli, y una nueva autorización del gobierno nacional, a tomar deuda por unos 1700 millones de pesos, tuvo un principio de ilusión de que fueran destinados a las grandes demandas del pueblo platense. Sin embargo, sólo tendrán como destino el pago de vencimientos de otras deudas. La intendencia se apresta sólo a limpiezas cosméticas de zanjas y arroyos, mientras los vecinos piden indemnización, rechazo a los créditos y obras estructurales. Un choque importante de intereses, que dejará a Pablo Bruera cerca de su sepultura política. Hasta la comisión investigadora que constituyó el Concejo Deliberante, por los mismos que aprobaron el COU tuvo que admitir la "revisión" de la norma. Está claro que estos ediles no pueden ni auto-investigarse, ni crear alguna norma en beneficio de los trabajadores platenses.

Por ello crece la bronca popular, y la conclusión política de que deben irse Bruera y todos sus secuaces. Hay una crisis de poder en el municipio, y un debate abierto sobre cómo debe urbanizarse la ciudad sobre nuevas bases sociales. Está en debate el destino de 120 asentamientos inundables y sin servicios, el manejo y propiedad del suelo ocioso, el control sobre la demolición de viviendas y la construcción irracional de megatorres. En suma, el des-modelo urbano capitalista está en discusión. Sobre nuevos principios que atiendan el interés de los explotados, de las mayorías y del medio ambiente, el pueblo delibera para abrir una salida a la catástrofe y evitar su repetición. Extender y profundizar las asambleas con la movilización popular, y construir una alternativa política de los trabajadores, la salida al impasse de un gobierno agotado.