La ciudad de La Plata arrancó la semana con un caudal de tránsito parecido a la normalidad. Una nueva tanda de comercios reabrieron y una decena de industrias de ramas no esenciales se ha sumado a la actividad, contribuyendo a un mayor ritmo citadino. Mientras, el intendente espera la respuesta de la Gobernación a su propuesta de habilitar más de 7.000 comercios a reabrir sus puertas.

El alcalde Julio Garro (Cambiemos) fundamentaba esta política destacando que La Plata había logrado una “semana sin contagios”, pero en tres días quedó completamente refutado. Nada menos que en el Hospital San Martín fueron aislados 110 trabajadores y el área de Emergencia fue bloqueada a raíz de un caso de Covid-19 posiblemente intrahospitalario, como consecuencia del negligente protocolo del Ministerio de Salud de la provincia. Los récords de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano también son un alerta ineludible, porque el Gran La Plata está directamente ligado por tráfico laboral, comercial e industrial.

En estas condiciones, el levantamiento de hecho de la cuarentena expone la salud de miles de trabajadores. A semanas de la llegada del invierno, el aumento de la circulación sin garantizar condiciones sanitarias es un terreno propicio para el avance de la pandemia, mientras empeora la crisis social.

La situación del sistema sanitario es alarmante. Como demuestra el sindicato de profesionales de la salud Cicop (circular n°19), el gobierno provincial de Kicillof no amplió en la medida requerida la cantidad de camas con respiradores, ni garantiza la necesaria provisión de elementos básicos de protección, el aumento de personal, ni la refacción de los problemas edilicios. Sin que lo levantaran los medios, cerró la paritaria de médicos bonaerenses con salarios en la línea de pobreza, y esta semana reclamaron su paga 1.522 trabajadores de salud incorporados por la provincia en abril para reforzar los hospitales y reemplazar a los infectados. En La Plata, ya antes del episodio en el San Martín, hubo un pico de infectados entre el personal del Hospital Gutiérrez.

Al vaciamiento sanitario se le suma la situación que viven los trabajadores en la capital bonaerense. Las acciones callejeras para reclamar contra los despidos, por el pago de los salarios adeudados o ante la incertidumbre en la continuidad laboral han expuesto una crisis muy profunda en la ciudad de las diagonales. Las luchas de los contratados de Educación y Vialidad de la provincia, de los tercerizados de limpieza de las Torres Administrativas, los repartidores, los empleados de la confitería París y del Bar de Plaza Islas Malvinas son algunos de los tantos ejemplos.

La única respuesta del gobierno de Garro -además de sumarse a la presión de las patronales por reabrir la actividad a costa de la salud de la población- fue sancionar una habilitación para que taxistas y remiseros puedan sumarse al rubro de delivery, lo que además de aumentar la circulación social implica una mayor competencia en un rubro ya de por sí con altos niveles de precarización.

Particularmente grave es la situación que padecen las 38.000 familias que viven en la extrema pobreza. La Municipalidad realizó en el inicio de la cuarentena una única entrega de bolsones de comida, deficientes, que no llegó a cubrir más que dos tercios de estas familias, y desde entonces no hubo más asistencia. Para colmo, el 60% de los hogares de la región no tiene asegurada la provisión de agua y otros servicios.

El intendente Garro se queja por la caída de la recaudación impositiva, como argumento para respaldar la vuelta incondicional a la actividad. Sin embargo, al igual que el resto de los jefes comunales respaldan el operativo de Kicillof para rescatar la deuda externa provincial en manos de los bonistas, cuando ello es a costa de las partidas para salud y de la coparticipación.

El municipio recibió de las arcas provinciales 132 millones de pesos cuando debe afrontar gastos de sueldos y cooperativas por el orden de 270 millones. Garro declaró que “es un monto justo”, pero advirtió que vigilará el devenir de la recaudación de este mes para evaluar qué medidas tomará (El Día, 13/5). Abre el paraguas para nuevos ajustes, luego de haber recortado en el servicio de luminaria pública y bacheo, empeorando aún más las condiciones de seguridad e higiene de la ciudad.

Un levantamiento de la cuarentena en estas condiciones puede ser catastrófico para las familias trabajadoras platenses. El impulso del municipio a la formación de “comités de crisis” en los barrios, con injerencia de las iglesias y punteros, no tiene otro objetivo que intentar desviar la bronca popular ante un mayor agravamiento de la miseria social.

Desde el Partido Obrero llamamos a impulsar asambleas y plenarios de todos los lugares de trabajo y las barriadas, para organizar la pelea por la defensa de los puestos de trabajo, aumento de salarios, subsidios de 30.000 pesos a los desocupados, por la provisión de insumos de protección sanitaria y presupuesto de emergencia para los centros de salud. Es un programa que solo pueden defender los trabajadores, contra las presiones de las patronales y el ajuste de los gobiernos.