Políticas

21/10/2010|1151

Provincia de Buenos Aires: La policía municipal

Un grupo de intendentes municipales distanciados del kirchnerismo, encabezados por Massa y Bruera, impulsan la creación de una policía municipal. No es un proyecto nuevo: el ex ministro Arslanián ya había avanzado en esa dirección cuando autorizó crear policías comunales en localidades del interior con menos de 70.000 habitantes, que están funcionando.

Los intendentes plantean que “descentralizar la fuerza”, ayudaría a una mayor transparencia en la gestión de la seguridad. Se trata de palabrerío, pues, ellos mismos “aclaran que no buscan competir con la Bonaerense, sino colaborar”. Incluso plantean que los efectivos deberían “formarse en la Escuela Vucetich” (Clarín, 10/10). No hay semana que pase sin que aparezca un nuevo delito en que no esté implicada la maldita policía.
Todavía no hay precisiones, pero hay antecedente inmediato que fuera elaborado, por Néstor Francos, ex secretario de Seguridad de Echeverría.

El plan contemplaba la división de las localidades en cuadrillas, cada una de las cuales estaría supervisada por un vehículo conducido por un retirado de las fuerzas, acompañado por un efectivo policial. La comuna debería asumir los gastos, incluido su equipamiento, que sería acompañado por una modernización de los sistemas de comunicación para permitir el contacto directo del vecino con el móvil de su barrio.

Este esquema significaría el reingreso de policías retirados y de los exonerados en las purgas de los últimos años. El ex ministro de Seguridad, Stornelli, que simpatizaba con la iniciativa abrió, en su momento el paraguas: “Hubo muchas purgas en la Policía Bonaerense y existe mano de obra desocupada que no posee legajos manchados pero que fue desplazada de la institución” (La Tecla, 5/6/09).

Dicho esquema preveía la incorporación de civiles para que contribuyan con los patrullajes. Piedra libre para contratar seguridad privada, que ya es un verdadero ejército y un negocio sumamente lucrativo, ampliando la connivencia que ya existe entre el poder político local y las agencias, bancadas por grupos económicos (recordemos a Yabrán) y manejado por policías o militares retirados.

La reacción de los intendentes no es homogénea. Oscilan entre la tentación de controlar a la policía (lo que significa mayor poder y mayor campo de negocios) y el quebranto de las finanzas comunales. Este proyecto conlleva un presupuesto alto para muchos municipios cuyas cuentas dan en rojo. “El costo estimado de formación de cada nuevo policía es 17.000 pesos. Es decir que para formar un cuerpo de 100 agentes se necesitaría de una inversión inicial de 1.700.000 de pesos” (Clarín, 16/10). Además, “quien pagara posteriormente la totalidad de los salarios?” (ídem). Las intendencias mas ricas pueden hacerlo solas pero son la excepción a la regla. Tampoco se les escapa a los jefes comunales el carácter explosivo del tema; por los hechos de inseguridad hoy responde el gobierno provincial y no quieren tener una pueblada frente a la casa municipal.

Es evidente que la propuesta de Massa, Bruera y cía. contiene una gran dosis de demagogia e improvisación, que pretende ganar la atención de la opinión publica con alguna iniciativa en materia de seguridad que tiene sensibilizado a toda la población y ganar protagonismo en momento que cruje todo el aparato pejotista.

En la búsqueda de descomprimir el tema y delegar responsabilidades, este esquema puede terminar activando una bomba. Vamos a tener multiplicada a escala de toda la provincia la guerra que hoy existe entre la Federal y la Bonaerense y, a su vez, entre la Bonaerense 1 y la 2. Esto es una de las razones que explica las reservas de Scioli, aunque la más importante es que éste no quiere ceder el poder que le otorga la actual estructura centralizada. Estamos frente ante el reforzamiento de un aparato gigantesco No hay que remontarse al ’76. Una estadística señala que durante los 54 meses de Kirchner, los muertos provocados por las fuerzas de seguridad sumaron 847; más de 16 por mes. Los casos de gatillo fácil, 457; las muertes en cárceles y comisarías, 254. En los asesinatos, los principales responsables son las policías provinciales (534 casos), los penitenciarios (144) y Policía Federal (84 casos)” (La Tecla, ídem). Esto se intensificó en este último año. No olvidemos a López, Puthod y la persecusión y procesamiento de más 4.000 luchadores sociales.

En oposición al reforzamiento de la maldita policía, ya sea en su versión provincial o municipal, sostenemos la necesidad de disolver esa fuerza y sustituirla por una fuerza ciudadana, construida sobre nuevas bases sociales, políticas y económicas, reclutada y sometida al control popular.