Políticas

26/10/2000|685

La política oficial de la Alianza

En un país con índices crecientes de desocupación, subocupación y salarios precarizados, donde la política sanitaria es netamente privatizadora (desregulación de las obras sociales, liquidación del hospital público), se subsidia a organizaciones no gubernamentales y se reduce el presupuesto de salud, no es casual el incremento de las tasas de desnutrición y la emergencia de enfermedades epidémicas y científicamente controlables, algunas incluso erradicadas.


El mapa infectológico del país muestra extensas zonas de territorio donde el cólera, el paludismo y el chagas, entre otras enfermedades, tienen asiento habitual. Ahora ha reaparecido el mosquito Aedes aegypti, agente transmisor del virus del dengue, enfermedad que regresa después de haberse extinguido durante casi 40 años.


 


Alto riesgo


Como advierte Gustavo Kourí, director general del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” de Cuba, de paso por Buenos Aires…”la situación en Argentina es de alto riesgo y están dadas las condiciones para que se convierta en una situación grave”(Clarín, 2/10). Consultado sobre las causas del regreso del mosquito y la enfermedad, la conclusión fue muy clara: “Se relajaron los controles y la vigilancia epidemiológica” (ídem), y añadió: “el costo de controlar el dengue es de 3,3 pesos por habitante y por año, si se implementa un plan continental… pero tal vez falte decisión política” (ídem).


Ahora bien, el dengue es sólo una faceta de una realidad sanitaria que muestra el incremento de la tuberculosis y sus formas más graves, como es la forma multirresistente, de la hepatitis B, de las enfermedades de transmisión sexual y del HIV/SIDA. Son alarmantes los niveles de desarrollo de la infección y la enfermedad por el virus del HIV/Sida. En áreas de la ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, ya superan las cifras de la ciudad de San Pablo (Brasil).


Sobre estos puntos, Pagina/12 (3/10), publica una polémica entre Ruckauf y el ministro de Salud bonaerense, J.J. Mussi, con el doctor Héctor Lombardo, ministro de Salud de la Nación, por la ausencia de las vacunas antisarampionosa y cuádruple bacteriana (que brinda inmunidad contra el tétanos, la difteria, la coqueluche y la meningitis por haemophilus influenzae) y por el déficit en la entrega de los medicamentos destinados al tratamiento del Sida.


 


Faltan vacunas


Lombardo admitió que “en septiembre hubo problemas con las vacunas cuádruple y antisarampionosa” (Página/12, 3/10) y manifestó con respecto a la vacuna cuádruple que en agosto, “es decir tardíamente”, se abrieron los sobres de la licitación: “hubo un solo oferente, el laboratorio Aventis Merieux de Francia, que comprometía la entrega a partir de la segunda semana de octubre” (ídem). Sin embargo, Lombardo se contradice porque afirma que mientras tanto gestionaron un préstamo de vacunas con la OPS (Organización Panamericana de la Salud) que no pudo concretarse porque según el ministro hay un solo proveedor mundial, por lo que decidieron comprar por separado “350.000 dosis de los componentes de la cuádruple que estarán en pocos días” (ídem).


El ministro también informó que “338.000 dosis de la vacuna antisarampionosa, que recibimos del gobierno anterior, se perdieron porque habían sido compradas de más, vencían en junio y julio de este año y los efectores provinciales no las aplicaron a tiempo” (ídem). Resulta, sin embargo, contradictoria su posterior afirmación en el sentido de que ante el faltante “compramos un millón de dosis más” (ídem). El tema no se agota: Claudio Piorno, ministro de Salud de Salta, denuncia que la provincia compró 30.000 dosis de las vacunas cuádruples y antisarampionosa debido a que “la Nación se había comprometido a enviarlas en septiembre pero no cumplió” (ídem).


La doctora Charlotte Russ, del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría, confirma que “están faltando la vacuna cuádruple y la antisarampionosa”; “algunos hospitales todavía tienen stock, mientras que en otros ya se terminó” “podría haber problemas graves si el faltante se prolonga 15 días más” (ídem).


Estos hechos ponen al desnudo claramente que el gobierno fondomonetarista no ha tomado ningún tipo de previsión para garantizar el normal suministro de vacunas que integran el plan nacional de vacunación.


Con respecto al HIV/Sida, la política oficial es de total abandono de los pacientes y de los profesionales y trabajadores de la salud involucrados en su atención; de desvío de los fondos del Estado a organizaciones no gubernamentales; y de ausencia de una política nacional frente a la magnitud del problema. Las denuncias ante la falta de provisión de medicamentos a los pacientes se acentúan cada vez más. En los últimos seis meses se entregaron los medicamentos fraccionados y en dosis que solo alcanzaban para tres días. Además, los pacientes no los reciben en los hospitales donde se atienden, sino que deben trasladarse al Ministerio de Salud. Como resultado de esta situación los tratamientos se interrumpen y, entonces, fracasan. Se debe sistematizar la distribución gratuita de todos los medicamentos involucrados en el diagnostico y tratamiento de los pacientes y de su núcleo familiar, en los centros donde éstos se asisten, e implementar un régimen laboral especial para los profesionales y trabajadores del campo de la salud que los atienden.


 


ONGs capitalistas


El Estado va paulatinamente transfiriendo su responsabilidad a las ONGs que, subsidios (estatales) y empréstitos mediante, buscan hacerse cargo del diseño y el control de la política sanitaria nacional, es decir del desarrollo de la explotación capitalista directa de la salud.


Comprender esta situación es prioritario para dotarnos de las estructuras de lucha y organización, en las barriadas populares, asentamientos, inquilinatos o viviendas ocupadas, y exigir y desarrollar un programa de salud que garantice la accesibilidad, la cobertura integral y la absoluta gratuidad de todas las prestaciones, es decir de la atención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes.


Este programa deberá ser diseñado y controlado por los trabajadores y profesionales del campo de la salud y las organizaciones de masas del movimiento obrero (comisiones internas, sindicatos, comisiones de desocupados, juntas vecinales, etc.).