En la apertura de las sesiones legislativas de Córdoba, el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, anunció que se avanzará en la mejor formación del personal policial, incorporando 100 cámaras de vigilancia. Con el aviso, el Ejecutivo provincial pretende mostrar iniciativa en un tema de crisis para su gestión.

Es que la policía de la provincia es blanco de críticas. Sucede que no garantiza la seguridad, sino que es una fuerza que se encuentra entrelazada con los delitos, como el narcotráfico, desarmaderos de autos, etc. Para peor, vienen acentuando la represión contra la lucha obrera y popular. Además, los casos de gatillo fácil y su involucramiento en el femicidio de Cecilia Basaldua develan un aparato represivo descompuesto.

Schiaretti no hizo ninguna mención a todas estas penurias que padece el pueblo trabajador producto del accionar de la policía. Sucede que les es imposible trazar un balance que no dañe a su gobierno. Es que con la llegada de la pandemia, el gobierno de la provincia de Córdoba profundizó una orientación represiva de conjunto. En ese sentido, Schiaretti creó el COE (Centro de Operaciones de Emergencia), que se transformó en un comité de la represión.

Nuestra caracterización del gobierno de la provincia en materia represiva estipulaba lo que se confirmó a lo largo del año pasado: el gobierno buscó militarizar los barrios y regimentar la vida social y política con la excusa de la cuarentena; esto envalentonó un aparato represivo en función de una orientación tendiente a imponer un Estado policial, de excepción, en la provincia, para seguir avanzando con el ajuste.

Esta orientación política a lo largo y ancho de la provincia tuvo sus nefastas consecuencias: el gatillo fácil, la represión a las movilizaciones obreras, la política de desalojo para las familias sin vivienda, persecución a militantes y activistas, la comisión de un gran elenco de delitos por parte de los agentes policiales, etc. Éstas son las consecuencias, los muertos, que se cargó en sus espaldas el peronismo cordobés con su política represiva.

El caso de gatillo fácil de Blas Correa fue uno de los puntos álgidos de la política represiva, lo que sumado a otros casos similares derivaron en recambios de las cúpulas policiales, y el dictado de un ‘‘protocolo para el uso de la fuerza’’. Pero la policía, a la que el gobierno buscó ‘‘educar’’ o lavarle la cara, incursionó en más delitos y asesinatos, como el del joven Joaquín Paredes. Los protocolos y los cambios de cúpula, que fueron recibidos con bombos y platillos por parte de sectores ‘‘progres’’, de nada sirvieron. Fueron los cambios que no cambiaron nada.

Vale señalar que la pelea de familiares y amigos reclamando justicia por las víctimas viene siendo el motor de la lucha para que los responsables materiales de los casos de gatillo fácil no logren impunidad. En ese sentido, el de Joaquín Paredes constituye un caso que hecha aún más luz. Sucede que el Poder Judicial pretende aminorar las penas que les corresponden a todos los policías; típico, la policía del gatillo fácil cuenta con un aparato judicial que la protege.

Además, es importante remarcar algunos hechos puntuales que complementan la pauta de la política represiva. En mayo del año pasado sucedió la represión y detención de 42 trabajadores municipales de Jesús María, en el marco de una protesta por salario y condiciones de trabajo, por fuera de todo marco legal y con los métodos de tiempos de la dictadura.

En julio las falsas acusaciones contra la concejala electa del FIT, Cintia Frencia, por supuestas amenazas contra el viceintendente de la capital, Daniel Passerini, en el marco del conflicto municipal, fue otro salto en la represión y persecución hacia la clase obrera y la izquierda. El gobierno buscó apoyarse en una fiscalía para disciplinar la lucha de los municipales. Los pronunciamientos y los hechos demostraron la falsedad de la denuncia y dejaron al desnudo la maniobra de la intendencia y la fiscalía.

En noviembre, el gobierno y la Justicia dieron un salto más. Desalojaron ilegalmente la ocupación de barrio Estación Ferreira y detuvieron militantes y dirigentes de nuestra organización, también de manera ilegal, violando todas las normas procedimentales. Esto nos llevó a caracterizar que se estaban desarrollando hechos de terrorismo de Estado en Córdoba. Las detenciones ilegales a Karen y Marina, compañeras del Polo Obrero mantenidas en cautiverio, excediendo el plazo establecido en la ley, sin fundamentación lógica y legal y con el único fin de disciplinar a las familias que luchan por tierra, techo y trabajo, fue contrarrestada con masivas movilizaciones para garantizar su libertad y el debido proceso.

Lo señalado son algunos de los hechos del año pasado y que pintan de cuerpo entero al gobierno provincial en la materia. Este año, el gobierno pretende continuar realizando un ajuste de conjunto y, llegado el caso, buscará valerse de la misma policía. La política represiva del PJ provincial es acompañada por las fuerzas políticas patronales, más allá de alguna delimitación por derecha. La represión a la protesta no ha sido respondida por las burocracias sindicales

En este marco es necesario defender las libertades democráticas, entre ellas el más elemental de los derechos bajo este régimen de opresión de clase: el derecho a luchar. Lo que requiere impulsar un frente único, con un programa para defender los derechos del pueblo trabajador. Basta de ajuste, represión e impunidad y no a la criminalización de protesta son consignas que están a la orden día para derrotar la política represiva del gobierno del PJ y abrir paso a un curso político reivindicativo del pueblo trabajador.