Políticas

17/4/2014|1310

La “prevención de adicciones” por el clero y los punteros

EXCLUSIVO DE INTERNET

Programa Recuperar Inclusión



En los últimos días de marzo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el flamante titular del Sedronar, el obispo santacruceño Juan Carlos Molina, presentaron en sociedad, por cadena nacional, el Programa Recuperar Inclusión. Este consistiría en la “construcción y fortalecimiento de 150 centros preventivos locales de las adicciones (Cepla) y 60 casas educativas terapéuticas (CET) en todo el país”. La inversión total, de 714 millones de pesos, la aportaría el Ministerio del “devaluado” Julio De Vido.

Molina asumió como titular del Sedronar a fines de 2013, luego de distintas denuncias de corrupción. Es conocido en Santa Cruz por su adhesión al Kolina, de Alicia Kirchner. Se ha desempeñado hace años como titular de la Fundación Valdocco (dedicada al tratamiento y prevención en adicciones de niños y jóvenes). Valdocco ha recibido “subsidios” en reiteradas ocasiones de la petrolera Repsol y fue objeto de denuncias por desvíos de fondos.

El programa ha sido predicado como un cambio “garantista” en el Sedronar (de la represión al narcotráfico a la prevención de las adicciones). La estrategia del kirchnerismo, sin embargo, en el campo de la salud mental y las adicciones en los últimos diez años se ha caracterizado por la tercerización (o privatización) de dispositivos de prevención y tratamiento de adicciones en fundaciones y ONG, muchas de ellas bajo gestión de la Iglesia. Resulta curioso que Recuperar Inclusión no haya sido presentado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, encabezada por Matilde Massa (también del Kolina) y dependiente del ministro “más rico” del Gabinete, el tucumano José Manzur.

De lo que se trata no es de construir en el Area Primaria (nivel preventivo) de la salud pública una red de centros preventivos, de tratamientos ambulatorios y de internación con profesionales con designaciones y estabilidad laboral sino de financiar y subsidiar los programas del llamado “tercer sector” (ONG, fundaciones), donde prevalecen los dispositivos de “terapias educativas correctivas”. Dos días antes de la presentación del Programa, “el padre” Molina mantuvo un encuentro con intendentes kirchneristas del conurbano nucleados en la Agrupación K “Los Oktubres” (entre ellos Mussi, de Berazategui), donde se acordó el financiamiento de las Ceplas a través de la gestión de sus punteros y “pecheras” en los barrios de sus respectivos municipios.

La tercerización clerical y punteril de “dispositivos comunitarios” en el campo de la salud mental y la prevención de las adicciones implica un ajuste encubierto en la salud pública: es más barato el financiamiento subsidiado de fundaciones y ONG amigas, y cooptadas con el consiguiente “trabajo voluntario” y de monotributistas que la construcción de centros públicos con personal profesional en planta permanente). Se trata de un ataque contra los hospitales monovalentes de Salud Mental en todo el país, cuyo cierre ha sido establecido para, a más tardar, en 2020, en el Plan Nacional de Salud Mental de octubre de 2013). Estamos ante un “negoción” para los “gestores”, teniendo en cuenta que, en la mayoría de los casos, los fondos se quedan en el camino.

Hernán Scoro