Políticas

29/11/2001|731

La quiebra y la devaluación dividen a los capitalistas

Aunque el gobierno y los banqueros locales han coincidido en calificar como un “éxito” el nuevo “mega-canje” de la deuda pública, el resultado ha sido un agravamiento de la crisis financiera, por un lado, y de la crisis política, por el otro. Ha crecido la posibilidad de que apenas terminen de jurar los electos el 23 de octubre, De la Rúa y Cavallo pasen a mejor vida, políticamente hablando.


Para Martín Redrado, de la Fundación Capital, hay “un canje improvisado”, que usa “instrumentos de salvataje cada vez más degradados”, que se monta “sin adecuada infraestructura legal e institucional” y, por sobre todo, que “no ataca a fondo los problemas de solvencia” (La Nación, 25/11). La esterilidad del canje queda comprobada cuando se coteja su pretensión de reducir el pago de intereses de la deuda en 1.500 millones con la caída de la recaudación de impuestos, que es de 6.000 millones en su proyección anual. Por otro lado, el canje de los préstamos usurarios contraídos por las provincias no ha sido de ningún modo completado, debido a que bancos como el Francés, Río y Galicia no quieren renunciar a intereses suculentos. Pero en este caso se caería todo el “pacto fiscal”, que fuerza a las provincias a renunciar a ingresos aun mayores de los que ahorrarían en el caso de una reducción de intereses. Un fracaso de la refinanciación provincial hundiría de inmediato a los Lecop, que sustituyen al peso en el pago de los salarios y en la atención de los servicios públicos.


El final de la cuenta regresiva


Más significativo es lo que dice el diario de los acreedores internacionales, el Financial Times, apenas 24 horas después de asegurado el “éxito” del canje. “Los acontecimientos del último par de semanas han socavado aún más la credibilidad del presidente Fernando de la Rúa y de los recientes planes de su gobierno para reactivar la economía, que se encuentra ahora empantanada en su cuarto año de recesión. Ha llegado la hora de considerar un nuevo enfoque” (26/11). Ese “nuevo enfoque” sería declarar “una cesación de pagos (default) lisa y llana” y “examinar alternativas a la convertibilidad” (caja de conversión). Nada menos que suspender el pago de la deuda y devaluar el peso.


Los propios bancos encargados de organizar el “canje” de la deuda en poder de extranjeros *entre los que se encuentran el Citi, el Morgan, el Deutsche, el HSBC o Goldman Sachs* han propuesto una quita del 40%, que también debería aplicarse a los acreedores locales (BAE, 22/11). Como en este momento la deuda externa se cotiza con un descuento del 65%, esto incluso beneficiaría a los que la hubieran comprado desvalorizada. Según un banquero consultado por el Financial Times (22/11), “Argentina necesitaría cortar el capital de la deuda en un 30-35% y poner un techo del 5% a los intereses”. Argumenta que “el temor de los inversores no es la pérdida que puedan sufrir en lo inmediato, sino encontrarse dentro de tres años en la misma situación”.


Lo que oculta toda esta propuesta es que los principales perjudicados por una quita del capital serán los bancos y AFJP locales controlados por europeos y argentinos (y más que nada a los trabajadores que tienen retenidos sus salarios compulsivamente en los Fondos), que tienen contabilizada la deuda pública a precios cercanos a los valores de emisión, mientras que los capitalistas del exterior, fundamentalmente los norteamericanos, se beneficiarían porque compraron la deuda a precios más bajos y porque una quiebra de sus competidores locales les abriría nuevas posibilidades de otorgamiento de créditos y de especulación. Un ejemplo rotundo de cómo afecta la crisis de la deuda a los intereses financieros, es el derrumbe del mercado local de bonos, que pasó de un volumen diario de transacciones de 1.000 millones de dólares a menos de 300 millones (El Cronista, 22/11).


A la inviabilidad del “canje” como salida para la crisis de la deuda, se agrega entonces una durísima lucha entre banqueros. Los extranjeros han amenazado con recurrir a los tribunales de Nueva York, alegando desigualdad de trato en beneficio del “canje” local. Entre los que litigarían contra la Argentina se encuentran filiales de bancos encargados por el gobierno para organizar el “canje” (como los Fondos de Goldman y el Morgan)!!


Devaluación a dos puntas


Cavallo ya dejó trascender en dos ocasiones que el propio FMI estaría jugado tanto al “default” como a la devaluación. La denuncia la confirma el FT (21/11), para quien “hay indicios de que el FMI quiere negociar ahora un significativo alivio de parte de los acreedores externos antes de ofrecer más ayuda”.


Pero aún en sus mejores variantes, el “canje” debe acentuar el empantanamiento financiero y producir una devaluación y cesación de pagos. Es que los préstamos que sustituirán a los bonos actuales deberán quedar congelados en los bancos por un tiempo prolongado, lo cual resta crédito y por lo tanto interrumpe todavía más la cadena comercial. El crédito en estas condiciones debería ponerlo el Banco Central con emisión de moneda. Para El Cronista, “la política monetaria se retrotrae a los ‘70, cuando el Banco Central era el único proveedor de liquidez”. Pero precisamente por esto, Cavallo pretendería dar un nuevo golpe de mano, esta vez transfiriendo la deuda bancaria de las provincias a las AFJP, renegociada a menores tasas (La Nación, 27/11), con lo cual los bancos canjearían por los aportes de los trabajadores títulos desvalorizados a valor original, mientras que a los fondos de pensión irían a parar los papeles incobrables o amenazados de quita y a menor tasa de interés.


Es claro que la cesación de pagos llevaría a la devaluación y ésta a la primera. En esta “salida”, los préstamos y deudas locales en dólares se convertirían a pesos indexados a la inflación. Se alega en defensa de esto que en Brasil, por ejemplo, una devaluación de la moneda del 35% sólo produjo un alza de precios del 7%, es decir que no habría hiperinflación, pero los grandes bancos locales se oponen porque a la pérdida de una quita de la deuda externa deberían añadir otra por los créditos locales medidos en dólares (Financial Times, 3/11).


Crisis de poder


Lo que es claro es que una devaluación más un “default” plantea una enorme cuestión de arbitraje político al gobierno. En este punto la crisis financiera asume un carácter político total y plantea la posibilidad de la caída del gobierno e incluso una crisis del régimen político en general.