¿La constitución del Consejo de la Magistratura puede ‘regenerar’ a la justicia argentina? Según Castells, subsecretario de Coordinación Técnica del Ministerio del Interior, con el Consejo de la Magistratura “están sentadas las bases para reemplazar un Poder Judicial de origen político por otro de naturaleza técnica” (Clarín, 12/7). El ex diputado y ex constituyente, Angel Bruno, también declaró que “el Consejo de la Magistratura es una esperanza para el mejoramiento institucional del país”.

¿Pero qué cambia con el Consejo de la Magistratura?

Antes que nada digamos que entre septiembre del 92 y diciembre del 98 “el gobierno nombró 480 funcionarios judiciales, entre jueces, fiscales y defensores oficiales” que, por su condición de inamovibles, no podrán ser afectados por el Consejo. El Consejo estará compuesto por 20 miembros: el presidente de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, 4 jueces electos por los jueces nacionales, 4 abogados electos por los abogados con matrícula nacional, 4 senadores, 4 diputados y 2 académicos. ¿Quién tendrá la ‘manija’?

La ‘familia’ judicial

Los 865 jueces nacionales ya eligieron a sus 4 representantes. Con el 50% de los votos emitidos (347), la Lista Blanca, dirigida por Caviglione Fraga, un hombre del Opus Dei y de la dictadura militar, impuso 2 de los 4 miembros. Es una lista ‘procesista’.

La menemista Celeste, impulsada por el hermano del ministro Corach, también puso con 222 votos a Kipper, un juez reconocido por haber multado con 150.000 pesos a la revista Noticias por divulgar información sobre el hijo natural de Menem. Esta lista es portavoz de la justicia federal digitada por el menemismo.

La Azul, ligada a la Alianza, recogió 185 votos, para el frepasista Guibourg. Los integrantes de la Azul estuvieron aliados a los menemistas en las elecciones del 97 para la Asociación de Magistrados.

Pero como la Corte menenista había ‘reglamentado’ la ley que a su vez había ‘reglamentado’ la Constitución para que los 77 jueces federales de primera instancia del interior (menos del 10%) tuvieran aseguradas el 20% de las candidaturas en cada lista, 31 de estos jueces (aduciendo que tenían “poderes” de otros 34) se reunieron y”eligieron” al Juez Federal, Blanco, de La Plata, para que estuviera obligatoriamente incorporado a todas las listas. Este juez está ligado a la denominada “Orden del Martillo” financiada por la DEA (antinarcóticos yanqui), es amigo del ex secretario de seguridad bonaerense, Piotti, y mantiene “una relación cordial con la Secretaría de Inteligencia del Estado” (Página 12, 29/6). La Azul alianciasta, negó que hubiera existido este compromiso.

Los ‘programas’ de todas las listas eran similares, a excepción del reclamo de una justicia para la ciudad autónoma de Buenos Aires, planteada por la Alianza.

La pata aliancista

La lista de abogados de la Alianza impuso a dos candidatos sobre los 4 que se elegían. No salió ningún menemista. De 66.000 abogados empadronados, votaron 12.000. Gersenobitz, que encabeza la nómina aliancista, declaró que abogará “por jueces más libres para decidir que no le deban nada a nadie” (?) (Clarín, 7/7).

La corporación judicial

De los 20 representantes en el Consejo de la Magistratura, el menemismo ya se ha asegurado la mitad: el presidente de la Corte Suprema, el representante del Poder Ejecutivo, 5 de los 8 legisladores, uno de los 2 “académicos” (“el oficialismo y la oposición se repartirán uno para cada uno”(Perfil, 30/6) y dos de los jueces electos (el procesista Caviglione Fraga, amigo del menemismo, y el menemista Kipper).

La Alianza apoya este antidemocrático Consejo de la Magistratura como una contribución más para garantizar la continuidad de este régimen. May Zubiría, de la lista aliancista declaro que la “misión” de su lista es “afianzar la independencia del Poder Judicial, porque sin Justicia independiente no hay seguridad jurídica en el país”. Con esto se deja de lado cualquier posibilidad de que se ponga en ‘comisión’ al poder judicial (empezando por la Corte), a la justicia federal (la mayoría de los 12 magistrados de este fuero en la Capital Federal están acusados de”enriquecimiento ilícito”) y a los jueces nombrados por la dictadura y las diferentes camarillas.

Democracia

Los jueces deben ser elegidos por sufragio universal al igual que todos los funcionarios públicos y todos ellos deben ser revocables por el mandato popular.