El gobierno de Alperovich tiene por práctica habitual armar grandes negociados. En el terreno del juego no actúa diferente. De su mano, se pretende instalar en la provincia el empresario santacruceño (kirchnerista) Cristóbal López, dueño de Casino Club, quien monopoliza los juegos de azar en varias provincias. Se habría acordado conceder a López la instalación de 1.000 maquinitas tragamonedas, duplicando las existentes. Se calcula que en Tucumán este negocio mueve 800.000 pesos diarios, pero esta suma es seguramente superior pues existe una alta tasa de evasión.

 

Este tema ya ocasionó una crisis en 2005: el argumento del gobierno era que la instalación de esas maquinitas permitiría combatir a las mafias del juego, que están enredadas con la prostitución, la droga y el lavado de dinero. O sea, combatir a las mafias locales trayendo a las mafias nacionales. Pero ante la presión de la opinión pública tuvo que dilatar la medida. Curiosamente el gobierno extendió, el año pasado, por 13 años más la concesión a todos esos grupos locales, entre los que figuran el intendente de Tafi Viejo y otros funcionarios y aliados del gobierno.

 

Con el inicio de 2006 se vino una nueva intentona. Paralelamente, avanza de manera sigilosa en la privatización del Casino de la Provincia: las obras de refacción que se están desarrollando en su interior, ejecutadas por una empresa privada, son abonadas con una concesión de 200 maquinitas en el propio casino durante 20 años.

 

El Partido Obrero plantea la anulación de todas las concesiones, el monopolio del juego por el Estado bajo control popular, y que el destino de sus ingresos sea reforzar las partidas sociales.