Políticas

30/5/2017

La reforma macrista de las ART en Córdoba

Un nuevo golpe a los derechos de los trabajadores


El pasado 24 de mayo, la Legislatura de Córdoba aprobó la Ley 10.456, por la cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 27.348 que reformó la Ley de Riesgos de Trabajo (LRT), imponiendo la obligatoriedad de la actuación de las Comisiones Medicas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), para decidir sobre la existencia de enfermedades y accidentes de trabajo y las incapacidades correspondientes. El gobernador Juan Schiaretti impulsó esta ley con el argumento de terminar con la supuesta “industria del juicio”, que tendría en Córdoba una mayor expresión que a nivel nacional.


 


Desde el vamos la ley aprobada es ilegítima e inconstitucional y constituye un nuevo golpe a los derechos de los trabajadores, que viene a completar en la provincia la reforma regresiva impulsada por el macrismo a nivel nacional. Al igual que la reforma macrista, se busca garantizar el negocio de las aseguradoras y bajar las primas que pagan los empresarios, mediante la restricción a los trabajadores del derecho a reclamar una indemnización (que ya por la LRT es inferior a la que cobra cualquier persona, dado que las enfermedades y las indemnizaciones se encuentran reguladas y reducidas por la ley menemista y las reformas kirchnerista  y macrista). Demás está decir que las Comisiones Médicas actúan contra los trabajadores desconociendo directamente las enfermedades y secuelas de los accidentes. Como dijera el diputado Néstor Pitrola: “no tenemos una industria del juicio, tenemos una industria del accidente de trabajo”. Las ART se limitan a establecer un gran negocio financiero, pues incumplen permanentemente las reducidas obligaciones a su cargo, como son los controles de higiene y seguridad y los exámenes sobre los trabajadores.


 


La adhesión provincial pretende saldar la inconstitucionalidad manifiesta de la reforma macrista. Resulta que la LRT original implementaba la intervención de las Comisiones Médicas, siendo impugnada por una larga jurisprudencia en Córdoba que ha sido ratificada por la Corte Suprema anteriormente. Los fundamentos de esa impugnación se refieren a que las Comisiones Médicas son organismos federales, no provinciales, están conformadas por médicos y no por jueces letrados, no son “independientes” pues son designadas por el Poder Ejecutivo, y tampoco garantizan un proceso judicial pleno. De esa forma al exigirle a un trabajador que acuda a la Comisión Médica se atenta contra las garantías del juez natural, el debido proceso y el acceso a la justicia ordinaria. Además, la administración de justicia ordinaria está reservada a las provincias por la Constitución Nacional (ver fallos de la Corte Suprema: "Castillo Ángel c/Cerámica Alberdi S.A." y “Obregón Francisco Víctor c/ Liberty ART”).


 


Con estos antecedentes, la reforma macrista de las ART se empantanaba en las impugnaciones judiciales de los tribunales cordobeses. Para salvar este escollo, lo primero que establece la adhesión de Schiaretti es que quedan expresamente delegadas a la jurisdicción administrativa nacional las competencias provinciales (art. 1). Asimismo, se establece la participación conjunta de la SRT y el Poder Ejecutivo Provincial para la designación de las Comisiones Médicas (art. 2 inc. d), la obligatoriedad de agotar la vía administrativa para acudir a la justicia (art. 2 inc. g), y la imposición de un plazo de sólo 45 días para recurrir la resolución de la Comisión, cuando el plazo legal de prescripción es de 2 años. También se reforma el Código Procesal Laboral, donde se impone que si no se acompaña las constancias de la vía administrativa, el juez laboral deberá decretar inadmisible la demanda.


 


Schiaretti y la Legislatura de Córdoba (al igual que Macri) saben que la ley sancionada es inválida, porque atenta contra derechos y garantías de los trabajadores, como así también contra el propio régimen de competencias a nivel federal que se encuentran reguladas en la Constitución Nacional. Sin embargo, con la adhesión se busca presionar a los jueces laborales para que rechacen cualquier demanda que no haya pasado por las Comisiones Médicas. No estamos frente a una cuestión de derecho, enfrentamos una regimentación arbitraria dirigida por los capitalistas, las aseguradoras y el propio gobierno.


 


Esta política fue aprobada por los legisladores del PJ, pero también por la UCR, el PRO y el juecismo, que ya ha perdido todo vestigio de progresismo. Quien también dio su apoyo a la adhesión, fue el secretario general de la CGT Regional Córdoba, José Pihen, aunque al momento de votar se retiró del recinto. La burocracia sindical ya no sólo entrega el salario y los derechos en el lugar de trabajo, ahora también entrega el derecho a iniciar acciones judiciales. Se ha acoplado en un todo al plan de ajuste que imponen los capitalistas. El Frente de Izquierda rechazó este ataque; la intervención del legislador Eduardo Salas fue la voz de la clase obrera en el recinto, desplegada a modo de programa.


 


Hay que enfrentar este nuevo ataque a los trabajadores. Sumamos, al programa de lucha, el rechazo del régimen de las ART. Para cuidar la vida y la integridad de los trabajadores se necesita el control obrero en los lugares de trabajo, por medio de comisiones obreras electas, que se encarguen de monitorear y garantizar, con potestad sindical, el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene; y a la par que se estaticen las ART, que se forme con el aporte patronal un sistema de seguridad social que sea administrado por un directorio electo por los trabajadores. Rechazamos todo ataque al fuero laboral, que es de protección para los trabajadores. Planteamos que la CGT rompa la tregua y convoque, también por este programa, un paro activo de 36 horas y un plan de lucha de todo el movimiento obrero.