Entre el gobierno y Juntos por el Cambio, con los gobernadores de Jujuy, Mendoza, Corrientes y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, llegaron a un acuerdo de crear una mesa de trabajo para discutir el endeudamiento que las provincias tienen con la Nación. A cambio de ello el radicalismo y el macrismo votaron positivamente la ley de sustentabilidad de la deuda.

La “mesa de trabajo” es por uno de los reclamos: el referido a las deudas que las provincias tienen con la Nación. Son con el Tesoro Nacional (a cuenta de la coparticipación) y, la mayor parte, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que maneja el Anses (la plata de los jubilados), a octubre del año pasado esas deudas sumaban más de 120.000 millones de pesos. Al aceptarse a Kicillof el “reperfilamiento” de la deuda de casi 300 millones de dólares que tenía con el Anses, las provincias exigen un trato igualitario y “patearlas” hasta 2024.

Pero el reclamo era más extenso: quieren que los compromisos en dólares que contrajeron sin el aval del gobierno nacional, muchos de los cuales vencen en el año próximo, sean parte de la negociación que está encarando el ministro Martín Guzmán con los bonistas y el FMI. Lo otro “es que las provincias sean autorizadas a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal” (La Nación, 28/1), o sea no depender de la aprobación del Banco Central. También está la exigencia de que la Nación pague sus deudas con las provincias, algunas por aportes a las cajas de jubilaciones, por obras públicas y convenios particulares.

Si bien el reclamo de Juntos por el Cambio fue hecho por las provincias que dirigen, expresa planteos de todas las dirigidas por el PJ empezando por Buenos Aires.

En conclusión, los gobernadores se fueron con las manos vacías, entre el gobierno y Juntos por el Cambio patearon la pelota para adelante para no entorpecer el objetivo común que es la operación de rescate de la deuda. Es claro que el gobierno nacional no puede hacerse cargo de los reclamos de las provincias si quiere mostrar que está dispuesto a cerrar el grifo como garantía para el pago de la deuda.

Chubut es la regla

Los reclamos de las provincias muestran la explosividad de la situación.

El año pasado Chubut estuvo en el centro de la escena política toda la mitad del año pasado por la lucha de los docentes y estatales ante la falta de pago de sus salarios. Este año Chubut tiene que hacer frente al pago de vencimientos de deuda por 14 mil millones pesos y el gobernador Mariano Arcioni anunció un ajuste descomunal que hasta ahora los trabajadores impidieron.

Chubut no es la excepción, sino la regla. Los vencimientos de deuda de las provincias este año arañan los 4.000 millones de dólares, a la cabeza está Buenos Aires con 2.700; el año próximo vence otra parte importante. El 75% de la deuda está contraída en dólares; en el caso de Córdoba (que tiene su principal vencimiento en 2021) el 95% es en dólares y al calor de la devaluación ha crecido exponencialmente: cuando el dólar pasó de $ 45 a $ 60 implicó un crecimiento en 40 mil millones de pesos.

Si consideramos que en dos años el dólar mayorista tuvo un aumento de casi el 200% el endeudamiento provincial es directamente insostenible ya que los ingresos de las provincias con los cuales deben hacer frente a los pagos son exclusivamente en moneda nacional. En un cuadro de recesión, con la caída de la actividad industrial y del consumo, las recaudaciones por impuestos propios de las provincias y los nacionales (coparticipación) han caído en términos reales y en algunos casos absolutos.

La suspensión del “pacto fiscal” libera a las provincias para nuevos aumentos de impuestos, como ingresos brutos. Esto tiene un límite, porque ya las provincias procedieron a aumentar impuestos como el inmobiliario, además de los servicios y a su vez los municipios las tasas propias. Todo sale principalmente de los mismos bolsillos, los consumidores, enflaquecidos por el aumento de precios, por la caída del salario y por la desocupación.

La diferencia de la situación de Chubut con el resto de las provincias es solo de tiempo. Los gobernadores Juan Manzur en Tucumán y Omar Perotti en Santa Fe ya anunciaron la eliminación de las cláusulas gatillo de sus trabajadores estatales para hacer frente a la caída de la recaudación, en otras provincias comienzan las negociaciones y la mayoría de los gobernadores se atendrá al mismo libreto.

Es el rumbo que tomó Alicia Kirchner en Santa Cruz, el gobierno que Alberto Fernández presenta como modelo, donde los 86.000 trabajadores perdieron entre un 60 o 65% de su poder adquisitivo.

Así como Arcioni no les toca un pelo a las petroleras, terratenientes, Aluar, pesqueras y los mismos especuladores financieros, los gobernadores actúan en defensa de los grupos capitalistas que operan en la provincia y de los acreedores.

Los trabajadores: como Chubut, como Mendoza

El gobierno de Chubut tuvo que pegar un retroceso con sus anuncios ante una lucha generalizada de los trabajadores de la provincia y hoy está empantanado en llevar adelante su plan. En Tucumán y Santa Fe en pleno enero también hubo movilizaciones ante el quite de la cláusula gatillo y la postergación del cronograma de pago respectivamente.

El ajuste en las provincias actúa en forma directa contra docentes, trabajadores de la salud, empleados estatales, y también sobre los presupuestos para esas áreas, para la obra pública y para la ayuda social, es decir, se palpa en forma inmediata por el conjunto de la población y es lo que lo hace más explosivo.

El papel de la burocracia de los sindicatos que actúa como aval de estas medidas tiene también sus límites, la pueblada mendocina en ese sentido fue una dura lección. La sombra de la rebelión popular está presente a la par de las presiones por la renegociación de la deuda.